Autoridades de 115 comunidades del municipio de Aldama y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba), condenaron enérgicamente los ataques armados que sufren a diario las comunidades.

Poro que alertaron el riesgo de una posible masacre en el territorio de Aldama, responsabilizando al gobierno de México, ya que desde los parapetos de los paramilitares instalados en el lado de San Pedro Chenalhó, no cesan los disparos, y  las autoridades han hecho caso omiso a las constantes denuncian que se han presentado en las instancias correspondientes.

“Hugo Alfredo Pérez Hernández, de 37 años de edad, originario de Tabak, en Aldama, es la persona que fue lesionado recientemente por dos impactos de bala cuando iba en un vehículo hacia su domicilio, el pasado 11 de octubre de 2020 a eso 9:30 de la mañana, luego fue trasladado al Hospital de las Culturas en San Cristóbal”, informaron a través de un escrito.

De acuerdo a un reporte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, continúan los disparos de armas de fuego en los diferentes puntos de ataque que salen desde; Volcán y Telemax, de sector Santa Martha de Chenalhó, con dirección hacia comunidades de Aldama, disparándo también a los vehículos que transitan y a las personas.

“Durante dos días se registraron al menos 39 agresiones armadas a las siguientes comunidades de Aldama: Koko, Stselejpotobtik, Juxton, Chivit, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Yeton, Xuxch’en, Chayomte y Cabecera municipal, y los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal quienes realizan patrullajes en la zona no actúan de manera eficaz para cesar los ataques armados y proteger a la población”, denunciaron.

Indicaron que con Hugo Alfredo Pérez Hernández suman 29 personas heridas, además de seis asesinadas, provocados por armas de fuego, y que la persistente omisión y complicidad del gobierno, provoca el escalamiento de la violencia en la región Altos; y aumenta el riesgo para la vida de la población en 13 comunidades del municipio de Aldama, en su mayoría mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores.

Por lo anterior urgieron al estado mexicano, proporcione el acceso a una atención médica integral a Hugo Alfredo Pérez Hernández, así como dar seguimiento en salud a las demás personas heridas durante los ataques a comunidades de Aldama y se garanticen se manera inmediata los derechos a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias de Aldama.

Finalmente, exigieron que se investigue de manera pronta y adecuada,  sancione, desarme y desartícule a los grupos civiles armados en Chenalhó, responsables directos de los ataques que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos y castigo de las autoridades involucradas en el caso.

Mientras en el Sector Santa Martha municipio de San Pedro Chenalhó, reportaron 2 heridos de bala, el primero se registró la tarde del martes 13 de octubre y el segundo la tarde de este miércoles.

Pedro Ruiz Jiménez, fue uno de los lesionados por arma de fuego a la altura del hombro derecho, mientras de la segunda persona se desconoce su identidad, ambos fueron trasladados a San Cristóbal de Las Casas para su atención médica.

Funcionarios del Concejo Municipal de Chalchihuitán, desmintieron el supuesto fallo de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a favor de tres regidores inconformes con las actuales autoridades; Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Marcela Pérez Núñez y regidores suplentes.

A través de un comunicado señaron que los inconformes desde que se instaló el Concejo Municipal han tratado de desestabilizar al pueblo indígena, interponiendo impugnaciones ante las autoridades electorales de Chiapas, la Sala Regional de Xalapa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recordaron  que el 10 de septiembre 2020, la Sala Xalapa resolvió el expediente SX-JDC-211/2020, promovido por Agustina Díaz Núñez y otros inconformes, revocando la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el expediente TEECH/JDC/009/2020.

“Se confirmó el decreto número 198, con fecha 25 de marzo 2020, emitido por el Congreso del Estado, el cual aprobó la designación de los cargos de presidenta municipal sustituta y síndica municipal propietaria, a Elena Cruz Cruz y Ramona de Jesús Sánchez Gómez; además, se declaró inexistente la violencia política por razón de género en relación con Agustina Díaz Núñez, Marcela Pérez Núñez y Gloría Díaz Gómez”, expresaron.

Agregaron que en ese mismo resolutivo, la Sala Regional de Xalapa, ordenó sobreseer en el juicio por lo que respecta a Gloria Díaz Gómez, debido a que su firma autógrafa no se encontraba plasmada en el escrito original de su demanda, resultando ilegal la inclusión de su nombre en dicha demanda.

Destacaron que la misma Sala Regional ordenó que a fin de contribuir a la pronta gobernabilidad en el municipio, se realizará una Sesión de Cabildo para decidir a quién propondrán para ocupar los cargos que quedaron vacantes mediante Decreto 233 del 2 de agosto 2019, fecha en la que desaforaron a la ex presidenta y al ex síndico, quienes actualmente enfrentan un proceso penal por peculado en contra de Chalchihuitán.

“A consecuencia de esta resolución de Xalapa, esta autoridad municipal, en estricto apego a derecho, presentamos un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF, el cual quedó registrado con el numeral SUP-REC-180/2020, y está actualmente pendiente de resolución”, Refirieron.


Finalmente aseguraron que es falso que la Sala de Xalapa ordenara algo contrario a lo anteriormente expuesto y que únicamente siguen las órdenes de sus anteriores jefes, la ex presidenta Margarita Díaz García y Hermelindo García Núñez, ex síndico, “que hoy se encuentran recluidos en un penal por el mal ejercicio de los recursos del pueblo”.

Pobladores de San Pedro Chenalhó pidieron 50 millones de pesos, para acabar con el problema de limítrofe con Aldama, el cual ha cobrado la vida a varias personas.

El monto que han acordado en Asamblea General de Comuneros del municipio de Pedro Chenalhó, para aceptar la propuesta que hizo el Secretaría General de Gobierno de repartir las tierras en disputa con 32.5 hectáreas para Aldama y 27 para San Pedro Chenalhó, y el cese de las agresiones con arma de fuego es de 50 millones de pesos.

Lo anterior fue dado a conocer por el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, quién también informó sobre el segundo acuerdo que es la solicitud de 100 mil pesos a cada uno de los heridos para los 16 afectados y 200 mil pesos para cada una de las familias de los fallecidos por el conflicto agrario.

Agregó que en la asamblea también acordaron solicitar la liberación inmediata de sus compañeros recluidos en el penal del Amate: Enrique López Pérez y Efraín Ruiz Alvares, y la cancelación de órdenes de aprehensión formuladas en contra de habitantes de las comunidades del Sector Santa Martha.

Destacó que en la reunión llevada a cabo en Chenalhó, acordaron solicitar mejorar la infraestructura de 20 comunidades del Sector Santa Martha como ampliación y pavimentación del tramo carretero Centro Santa Martha a Saclum y de Saclum a la cabecera municipal de Chenalhó, así como la apertura del camino de la localidad de Yoc Ventana al punto.

El Comité Digna Ochoa, aseguró que una vez entregado el documento a las instancias correspondientes, comenzaron los ataques y disparos provenientes de Tabak, Coco, Xuxhen del lado de Aldama agrediendo a la comunidad Saclum y Pajaltoj del lado de Santa Martha, Chenalhó.

Finalmente mencionó que los habitantes de Chenalhó, están sorprendidos por el retiro sin ningún aviso por parte del Gobierno de los dos destacamentos de elementos de la Policía Estatal que se encontraban en centro Santa Martha y Saclum, por lo que los representantes de las 134 comunidades del municipio de Chenalhó, preguntaran al gobierno estatal porque se retiraron.

Integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata Histórica (OPEZ-HIST) y el Frente Campesino Popular de Chiapas (FCPCH), que encabeza Octavio Zunun Aguilar, amenazaron con detener a funcionarios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), en San Cristóbal de Las Casas.

A través de un comunicado de prensa, dieron a conocer que el pasado 14 de septiembre del 2020, se realizaron los pagos de 185 usuarios de agua en el juzgado segundo del ramo civil en San Cristóbal, esto debido a que los usuarios adheridos a esta organización se han negado ante SAPAM a pagar la tarifa de acuerdo a lo establecido.

“Pese a esta acción legal”, nos hemos enterado que el titular de Sapam, presuntamente ha ordenado a sus trabajadores realizar cortes de agua en los 185 domicilios, por lo que hemos acordado los integrantes de esta organización, que no  permitiremos  los cortes en el barrio de Fátima”, aseveraron

Amenazaron que por estos actos los 185 usuarios adheridos a esta organización acordaron tocar los silbatos como señal de alarma para evitar los cortes, y luego procederán a retener los trabajadores.


Finalmente Zunun Aguilar, dirigente de esta organización hizo un llamado a la población de este barrio para estar pendientes las 24 horas del día y evitar todo tipo de corte de tuberías o válvulas.