El delegado de Protección Civil en la Región Altos,  Victor Amezcua Vázquez, informó que la ayuda humanitaria gubernamental por los Frentes Fríos 4 y 5 se han entregado de forma directa a  los habitantes de comunidades catalogadas como de riesgo, sin ningún intermediario.

“Dentro de la declaratoria de emergencia que hiciera el mandatario estatal a través de Protección Civil, a las localidades que sufrieran afectaciones pluviales, que fueron alrededor de 19 municipios, se se tomó en cuenta la reparación de tramos carreteros en su infraestructura”, indicó.

Agregó que los apoyos se están entregando de manera puntual y presencial con el apoyo del Ejército Mexicano, “nos  acompañan a los lugares para ver que la distribución sea la correcta y le estamos entregando ayuda humanitaria a los afectados de esos municipios”.

El funcionario estatal destacó que se encuentran muy pendientes de las bajas temperatura que se están registrando en los municipios indígenas, ya que hay comunidades que se encuentran a más de 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, quienes llegan a tener temperaturas de entre los 5 y 3 grados.

“En San Cristóbal no hemos tenido la primera helada, pero nuestra ciudad amanece con temperaturas de 8 grados al abrigo, 6 a la intemperie y una sensación térmica de 5 grados, esto nos genera por supuesto condiciones de bajas temperaturas en todos los municipios, pero tienen su plan específico como operativo invernal y deben contar con sus refugios temporales”, mencionó.

Sostuvo que en el caso de San Cristóbal, Protección Civil realiza por las noches y madrugadas  recorridos para encontrar a personas que no tienen donde pernoctar y las llevan a un refugio temporal, en caso de alguna emergencia ya están preparados para atender a la población, en coordinación con Salud, Seguridad Pública y la Guardia Nacional.

Finalmente Amezcua Vázquez, expresó que van tres años consecutivos que no se registran muertes por intoxicación de monóxido de carbono, por lo que Protección Civil seguirá invitando a la población  a no meter anafres a sus dormitorios.

Una reducción del 60 por ciento en las ventas, reportaron los vendedores de flores que se ubican en el Mercado Popular del Sur (Merposur), en comparación con años anteriores, esto debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19.

“Esto se debe por el cierre del panteón de esta ciudad, los días 1 y 2 de noviembre, en años anteriores justo en esta temporada significaba un buen ingreso económico para nosotras y nosotros como vendedoras de flores”, señalaron.

Agregaron que la pandemia está afectando mucho a productores y vendedores, por qué prefieren que la flor se marchite antes de rematarlas en el mercado, por eso no está llegando muchas flores.

Lamentaron que  las autoridades no hayan  permitido la apertura del panteón de San Cristóbal,  “se dice que estamos por iniciar una segunda ola de un posible rebrote, pero lo cierto es que la gente necesita comer, llevar pan a su casa y ahorita en este momento no lo están haciendo".

Externaron que entre los productores destacan principalmente los de Zinacantán, seguidos de Chamula, “los de tierra caliente son los que traen el cempasúchil, ahorita el carro de cempasúchil lleva tres días estacionado y no ha podido sacar su venta".

Finalmente invitaron a la ciudadanía  a apoyar a los productores, a poner altares en casa, venir a comprar flores, traer cubre bocas, tratar de mantener una sana distancia para evitar el rebrote que menciona el Gobierno Federal.

•    Al participar en la Entrega del Programa “Apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras”, el fiscal general señaló que es fundamental garantizar el bienestar en los hogares de las mujeres


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la Entrega del Programa “Apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras” en el Instituto de Formación Policial (IFP) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), el fiscal general Jorge Llaven Abarca destacó que hoy en Chiapas a través de los programas federales se está haciendo justicia social a las mujeres policías que todos los días garantizan la seguridad de las y los chiapanecos.
Acompañado por Gabriela del Socorro Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y José Antonio Aguilar Castillejos, delegado federal de Programas Integrales para el Desarrollo, Llaven Abarca expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas están impulsando políticas públicas para dignificar la labor de los cuerpos policiales.
“Con esta entrega de apoyo a las mujeres policías estamos generando bienestar en los hogares, mejorando sus condiciones para que sus hijos puedan salir adelante y cuenten con mayores oportunidades de educación y salud a través de los programas federales”, declaró el fiscal general.
Finalmente, Llaven Abarca reconoció el esfuerzo que hacen todos los días las mujeres para garantizar la seguridad de Chiapas: “más que merecido esta entrega de apoyo, ya que siempre están firmes en las acciones de prevención y de combate de conductas delictivas en todas las regiones de la entidad”.
Por su parte, Gabriela del Socorro Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó que por primera vez las integrantes de esta institución son beneficiadas con un programa federal: “La transformación de Chiapas y México avanza con pasos firmes y decididos, esta entrega de apoyo es trascendental para las mujeres que tiene doble responsabilidad, con la Secretaría y educar a hombres y mujeres de bien”.
Por último, José Antonio Aguilar Castillejos, delegado federal de Programas Integrales para el Desarrollo, agradeció el respaldo del fiscal general Jorge Llaven Abarca y de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela del Socorro Zepeda Soto, para coadyuvar en los operativos y mesas de atención de pago de los diferentes programas federales, garantizando con ello el bienestar de las familias chiapanecas.

A tres años del asesinato de Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5 mil 023 personas ocurrido en octubre de 2017, mujeres y hombres  así como el Comité Chalchihuitle, (Chalchihuitán), continúan denunciando la falta de justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.

A través de un comunicado, recordaron que el gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al presidente municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones, “sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos en total mil 237 personas”.

“Durante estos tres años y hasta ahora siguen latentes los ataques paramilitares de San Pedro Chenalhó, y los gobiernos en turno en sus tres niveles no han cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicaron.

Por ello desde las montañas, cerros y cuevas donde permanecen los desplazados, exigieron al gobierno de la república desartícule, desarme y castigue a los grupos armados de Chenalhó, responsables del desplazamiento, del robo de pertenencias y la destrucción de casas, además urgieron la indemnización de los daños ocasionados por estos hechos de violencia.

“En este tiempo que llevamos sufriendo, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en las comunidades colindantes entre ambos municipios, a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados, no hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables”, denunciaron.

Así también el Comité de desplazados, dio a conocer que hay un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, y que los gobiernos no han realizado acciones de prevención, investigación y seguridad, desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.

“Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle, las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias, nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto; les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables”, acotaron.