Integrantes de la Red Ambiental Valle de Jovel y vecinos de la zona sur-oriente de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron que alrededor de 30 personas ingresaron a los humedales de montaña de María Eugenia donde realizaron trabajos de relleno y quema de pastizales.

“Estas actividades son consideradas como un ecocidio, y un delito federal por los daños ambientales causado a estos ecosistemas, los trabajos se dieron por más de ocho horas dentro de los polígonos del área natural protegida y sitio internacional Ramsar, sin que se haya presentado alguna autoridad para detener dicha destrucción”, mencionaron en un escrito.

Lamentaron que las autoridades competentes no actúen de manera inmediata en la protección de las zonas de humedales por su biodiversidad, a pesar de las múltiples denuncias realizadas por vecinos de la zona sur.

Por ello hicieron un llamado a los ciudadanos a que hagan conciencia en el cuidado y conservación los humedales por ser las fuentes naturales de agua para la ciudad, e instaron a las autoridades a que de manera inmediata intervengan para proteger los humedales considerados Sitio Ramsar del Valle de Jovel.

Finalmente, aclararon que los vecinos del sur seguirán realizando las denuncias y solicitarán la intervención de manera directa del gobierno federal, ya que las autoridades competentes han hecho caso omiso a sus demandas

Derivado de los acuerdos de la Mesa de Seguridad, diferentes cuerpos de seguridad, realizaron recorridos en los municipios de Aldama y Chenalhó, con la finalidad de continuar dando cumplimiento a las medidas precautorias y cautelares que garanticen la paz en la región.

Los uniformados, en el municipio de Chenalhó realizaron recorridos preventivos en los lugares denominados: Santa Martha que colinda con Aldama, Valetic, Tulwitz, Escuela Secundaria Rufino Tamayo, Saclum, Pajaltoj, Eslumka, Patcruz y Yoc Ventana.

Mientras en el municipio de Aldama, recorrieron las comunidades de Xuxche, Coco, Tabac, San Pedro Cotzilnam y Tzelejpotobtic, cuyos habitantes y autoridades locales acompañaron a los cuerpos de seguridad, quienes señalaron que este recorrido es para garantizar la paz y seguridad en la región.

Finalmente, las autoridades locales, dijeron que en este operativo participaron personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ministerios públicos y cerca de 100 elementos de diferentes cuerpos de seguridad.

Pobladores de Chilón,  dieron a conocer  que el amparo que interpusieron en contra de la construcción de un Cuartel de la Guardia Nacional, ha sido admitido, ya que no fueron consultados previamente sobre dicha obra para dar su consentimiento.

Agregaron, que el amparo se interpuso con la ayuda del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de San Cristóbal y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en Ocosingo.

Recordaron que el día 15 de octubre de 2020 decidieron ejercer su derecho a la manifestación, encontrando como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad,con el objetivo de detener la movilización.

“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas;  posteriormente fueron detenidos los señores: José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, aseveraron.

Refirieron que posterior a los hechos de represión como pueblo organizado presentaron una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.

Finalmente, en la carta expresaron que el Juzgado Cuarto de Distrito debió ordenar la suspensión de oficio, sin embargo, el Juez la negó, por lo que este viernes 29 de enero el Juzgado Cuarto de Distrito tiene una nueva oportunidad para declarar la procedencia de la suspensión definitiva.

Decenas de pobladores del municipio de Teopisca, retuvieron a elementos de la Guardia Nacional (GN) y un vehículo oficial, la noche del martes, horas después fueron liberados.

Trascendió que los retuvieron presuntamente por ingresar sin autorización a la comunidad de Betania, municipio de Teopisca y por conducir la unidad a exceso de velocidad, lo cual se encuentra prohibido por los pobladores.

Al respecto, la Delegación de Gobierno de Zinacantán y representantes de la Guardia Nacional, intervinieron para empezar a negociar la liberación del oficial Aarón Hidalgo Martínez y el subagente Humberto López Sántiz, adscritos a la dirección nacional de seguridad en carreteras de la Guardia Nacional, ambos de la estación San Cristóbal.

Luego de varias horas de negociación y de la firma de una minuta de trabajo, alrededor de las 03:45 de la madrugada de este miércoles, los retenidos y la unidad 16456 fueron entregados por las autoridades de 11 comunidades de la Parte Alta de Teopisca, “esto como muestra de buena voluntad para mantener la paz y la tranquilidad del municipio de Teopisca”, aseveraron.

Finalmente, los representantes de la Guardia Nacional reconocieron la voluntad de que se haya respetado la integridad física de sus elementos “ se mantendrá la coordinación a fin de evitar malos entendidos por lo que se toma por superado este incidente” se señala en la minuta firmada por las autoridades de Betania, así como Alfredo Martínez Gómez, primer subinspector Encargado Suplente de la estación de la Guardia Nacional en San Cristóbal y por la Delegación de Gobierno, Misael García Consuegra.