Defensores comunitarios tseltales de Chilón, exigieron a las autoridades competentes el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización, esto en conferencia de prensa, realizada al medio día de este miércoles en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

El  grupo de campesinos denunció que a un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, ya libres.

“El 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo-Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, quienes en ese momento se manifestaban en contra de la construcción de dicho cuartel, durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados”, expresó.

Indicó que César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios a pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, hoy siguen su proceso penal en libertad.

 “Prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias. Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional.

"Argumentaron que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas, a un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez”, señalaron.

Ante esta situación, el grupo de campesinos manifestaron que las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado el sobreseimiento de los procesos penales que continúan en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas.

Así también se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Antisecuestro, obtuvo Sentencia Condenatoria ejemplar de 50 años de prisión en contra de dos personas del sexo masculino, por el delito de Secuestro Agravado, hechos ocurridos en el municipio de Chilón. 

El juez de Enjuiciamiento valoró las pruebas desahogadas por el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Antisecuestro, por lo que tuvo por acreditada la plena responsabilidad de Juan Carlos "N" y Jerónimo "N", imponiéndoles la pena de 50 años de prisión y cuatro mil días de multa. 

Lo anterior por los hechos suscitados el pasado 10 de marzo del 2018, cuando los hoy sentenciados, junto con tres sujetos  más, privaron de la libertad a la víctima de identidad resguardada, en el tramo carretero Tunapaz a Jetjal del municipio de Chilón. 

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con las y los chiapanecos de garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad.