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Chinkultic 2008

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Margarita Espinoza, quien llevaba en brazos a su hijo de tres años, vio cómo se acercó el comandante Corzo Díaz y bajó a su esposo, Agustín Alfaro, a punta de golpes y lo puso de espaldas contra el vehículo...

El 03 de octubre de 2008, aproximadamente a las 11:00 horas se realizó un operativo de la policía preventiva del estado de Chiapas, con la intención de detener a los representantes de la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, Chiapas, quienes por mandato de su asamblea general habían ocupado la zona arqueológica y sagrada de Chinkultic, reivindicando su derecho como Pueblo Indígena a recuperar su territorio                     -expropiado y no indemnizado- y a resguardar y administrar su ancestral patrimonio histórico y cultural.

Fue así como cerca de 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Policía Ministerial (PM) ingresaron violentamente a la comunidad de Miguel Hidalgo, en vehículos, a caballo y a pie, tirando gases lacrimógenos y allanando arbitrariamente varios domicilios.

Ante esto, los habitantes de la comunidad acorralaron a los policías, los desarmaron y los retuvieron en la casa ejidal, en donde permanecieron por varias horas.

Alrededor de las 17:30 horas, con el fin de rescatar a los policías retenidos por la comunidad, ingresaron aproximadamente otros 300 elementos de la PEP y PM disparando nuevamente gases lacrimógenos a la población, la cual respondió con piedras y palos. Frente a esta defensa indígena, los agentes policiales respondieron con disparos de armas de fuego, hiriendo a varias personas.

Entre los 16 heridos que se contabilizaron en principio, cuatro recibieron la ayuda de Agustín Alfaro Alfaro y de su esposa Margarita Espinoza Morales. Cuando el matrimonio trasladaba en su camioneta Ford Ranger a los heridos –Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Miguel Martínez García–, el grupo de caballería de la policía estatal, comandado por el exmilitar Amílcar Corzo Díaz y su subordinado Miguel Ángel Sánchez Díaz, interceptó al vehículo en el kilómetro 30 de la carretera a Lagos de Montebello (Comitán de Domínguez).

Sánchez Díaz fue el primero en disparar. Uno de sus tiros hirió en el pie al conductor de la camioneta, Agustín Alfaro, de 31 años, y otro mató en el acto al herido Hernández Ramírez, de 40.

Margarita Espinoza, quien llevaba en brazos a su hijo de tres años, vio cómo se acercó el comandante Corzo Díaz y bajó a su esposo, Agustín Alfaro, a punta de golpes y lo puso de espaldas contra el vehículo. Ahí, con su Pietro Beretta de 9 mm, le hizo tres disparos y su esposo cayó muerto en el pavimento.

Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, quien había pedido ayuda para ser trasladado junto con su padre herido, Miguel Martínez García, al hospital de Comitán, fue bajado también a golpes. Entre los matorrales, Sánchez Díaz lo ejecutó.

Su progenitor fingió hallarse muerto arriba de la camioneta. Por eso sobrevivió. Pero no Rigoberto López Vázquez, de 35 años, quien, de acuerdo con las primeras investigaciones del Ministerio de Justicia de la entidad, fue liquidado a tiros por el propio jefe del grupo.

Por esos hechos, seis policías fueron consignados en el penal de El Amate: el comandante Corzo Díaz y su ayudante Sánchez Díaz –acusados de homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de autoridad–, así como José Luis Gómez González, Samuel Ordóñez Muñoz, Jaime López Robledo y Javier Moreno Estrada, a quienes se consignó por diferentes grados de coparticipación.

Aparte de la media docena de policías consignados por cuatro de las seis muertes ocurridas, el Ministerio de Justicia arraigó al director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), José Domingo Bezares Vázquez, y al subdirector de la Policía Ministerial, Miguel Alejandro Pola Figueroa, quienes encabezaron la incursión en la comunidad, donde los campesinos arrebataron cascos, escudos, toletes, fornituras, celulares y 77 armas a los policías estatales y estuvieron a punto de lincharlos.

En el operativo, además, fueron detenidos arbitrariamente 36 campesinos, mismos que fueron liberados el día 5 de octubre aproximadamente a las 21 horas en el Ejido Lázaro Cárdenas, próximo a Miguel Hidalgo, ello a cambio de las armas que los pobladores habían quitado a los policías.

Es preciso señalar que los violentos y brutales hechos, perpetrados por elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Ministerial y del personal adscrito al Ministerio de Justicia, y cuya saña pareció un escarmiento ejemplar y una a clara señal, cuya finalidad -igual que en caso de Viejo Velasco- sería debilitar y desmoronar posibles resistencias y nuevos intentos indígenas que pretendieran defender, recuperar, resguardar y administrar autónomamente su patrimonio cultural y natural, ejercida en este caso contra los pobladores indígenas de la comunidad de Miguel Hidalgo, dejaron como saldo: 6 personas asesinadas a mansalva, 6 personas heridas por armas de fuego y 11 heridas por golpes.

Aborrecibles

Estos inaceptables y sangrientos hechos, ocurridos ya hace 9 años, constituyeron y aún constituyen un crimen de lesa humanidad y una impune violación a los derechos humanos más fundamentales: los derechos a la integridad y a la vida, actos cometidos impunemente por el gobierno estatal del perredista Juan Sabines Guerrero, con la complicidad del gobierno federal, a cargo entonces del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Luego de ello, vergonzantemente, el gobierno de Juan Sabines Guerrero, pretendió otorgar una “reparación del daño”, a través de becas y pensiones vitalicias para viudas y huérfanos-as, así como la construcción de un proyecto de “ecoturismo comunitario” entregado a la comunidad meses después. 

Cabe señalar que las familias afectadas y la asamblea del ejido Miguel Hidalgo (todos de filiación priista) aceptaron finalmente las indemnizaciones. (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas). 

 

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