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Indígenas agredidas sexualmente por militares se manifestarán en la guarnición de SC

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A 25 años de que cuatro mujeres tseltales del municipio de Altamirano sufrieran agresiones físicas y sexuales ocasionados por militares, están convocando a la ciudadanía a que se sumen a la exigencia de justicia en un acto simbólico que realizarán frente a las instalaciones de la guarnición militar, ubicada en la Prolongación Insurgentes, en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, el día cuatro de junio de 2019 a partir de las 09:00 de la mañana.

Señalaron que la intención es realizar una toma simbólica y clausura de la guarnición militar, “por lo que te invitamos a ser puntual, y llevar carteles que expresen porque es importante para ti que el Gobierno de la República atienda con prontitud el caso y sea el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas quien realice el reconocimiento público de esta responsabilidad".

Indicaron que hasta la fecha siguen exigiendo justicia y verdad en razón de que México no ha cumplido con la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Refirieron que duurante el conflicto armado en los primeros días de enero de 1994, entre el gobierno federal y el EZLN, Altamirano fue uno de los municipios que fue incursionado por los zapatistas, durante varios meses permanecieron retenes del Ejército Mexicano en la periferia de la localidad.

Fue el cuatro de junio de 1994, en un retén que habían instalado los soldados detuvieron arbitrariamente a las tres hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, en ese tiempo contaban con 12, 13 y 14 años de edad y a su madre Delia Pérez de González, indígenas tseltales de la comunidad Santa Rosita Sibaquil del citado municipios

Las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas sexualmente por los militares quienes obligaron a la madre a presenciar las agresiones.

Por lo que el cuatro de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe de fondo número 53/01, concluyó que el estado mexicano era responsable de graves violaciones a los derechos humanos de las Hermanas González Pérez y su madre, por lo que le recomendó́ a México investigar y sancionar a los responsables, realizar un reconocimiento público de responsabilidad y reparar adecuadamente el daño.

Recordaron que 16 años después de la tortura y violación que sufrieron en manos de los soldados, el ahora exgobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, las quiso indemnizar para reparar los daños con la cantidad de 500 mil pesos a cada una, además de una beca de estudios para sus hijos, proyectos productivos y seguro médico, ofrecimientos que las víctimas rechazaron.

Ante este pronunciamiento y convocatoria de las afectadas, cientos de defensoras de derechos humanos han protestado contra el gobierno federal el retiro de los efectivos que se encuentran en diferentes puntos de la geografía chiapaneca.

“No permitiremos más la militarización en Chiapas, porque sabemos la violencia que genera en la vida comunitaria y en la vida de las mujeres, claro ejemplo ha sido la militarización después del levantamiento zapatista, el objetivo fue y sigue siendo desarticular a este movimiento y a cualquier pueblo organizado, utilizando estrategias violentas como el aumento de campamentos, bases y retenes militares, así como su tránsito sin justificación alguna en nuestros territorios”, acotaron.

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