Unos 230 maestros producto de la Reforma Educativa del gobierno federal, manifestaron su inquietud ante la Secretaria de Educación por ser maestros idóneos, para decir que desde  el ciclo escolar 2016 y 2017 fueron evaluados  para ganar las funciones de direcciones como jefatura de enseñanzas, sin embargo las autoridades educativas no les han notificado sobre esos resultados.

 Loa inconformes encabezados por Luis Enrique González, acompañados de maestros de las secciones VII y 40 del SNTE, acudieron al Congreso del Estado para pedir el apoyo de la diputada Judit Torres Vera, Presidente  de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, en donde señalaron que hasta la fecha no les han notificado cómo va hacer el proceso de asignación de plazas.

De acuerdo a la convocatoria firmada por el entonces  Secretario de Educación Ricardo Aguilar Gordillo, desde el día 16 de agosto, debió de haberse asignado las plazas que estaban vacantes a  los que fueron evaluados de acuerdo a la convocatoria.

Sin embargo, sin éxito han acudido a las diferentes instancias educativas y del Servicio del Personal Docente, en donde  han sido atendidos pero solamente les han venido dando largas al asunto de manera verbal.

 Enrique González, añadió que el proceso se llevará a  cabo en unos días y que estén pendientes de los correos electrónicos, sin que hasta la fecha les hayan notificado nada

 Lo que preocupa a los maestros evaluados, según dice-el entrevistado –que llegará el 31 de mayo y de alguna manera prescribirá.

Precisaron  que ya las autoridades ya tienen otra convocatoria para este ciclo, pero sostiene que será una convocatoria engañosa que no tiene fundamento y que las autoridades educativas al final de  cuentas se lave las manos, y la culpable es la Dirección de Personal docente que no ha dado  cauce a esta problemática educativa.

·         La reforma a la Ley General de Educación pretende facilitar la revalidación de estudios de los migrantes mexicanos que regresen al país; se espera que esta semana se debata en el Pleno de la Cámara de Diputados

 Por mayoría, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Educación que pretende facilitar la revalidación de estudios de los migrantes mexicanos que regresen al país, sobre todo de los dreamers que sean deportados por el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

La reforma fue aceptada en los mismos términos que la avaló el Senado de la República y se espera que esta semana se debata en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Al debatirla en la comisión, la diputada de Morena, Patricia Aveces, dijo que tres de los 12 artículos reformados dan pie a la privatización de la educación.

Si el problema migratorio realmente fuera el centro de esta iniciativa, se hablaría de apoyar a las escuelas rurales y comunitarias, en donde se concentrará el grueso de la población que regresará debido a las deportaciones masivas”, dijo.

Sin embargo, sus argumentos fueron refutados por las demás fuerzas políticas. El secretario de la Comisión y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis Manuel Hernández, resaltó que ninguna autoridad mexicana sabe todavía en qué estados se concentrarán los estudiantes deportados, ni siquiera el número de dreamers que llegarán al país ante una deportación masiva.

Tenemos un problema. No sabemos cuántos niños ni jóvenes vengan en las próximas semanas o meses. No sabemos si se van a quedar en la frontera, no sabemos si van a ir a Guanajuato, o a Michoacán, o a Oaxaca, o a Guerrero, o a las entidades donde están sus orígenes y no sabemos de qué tamaño va a ser el problema ni por niveles, ni por modalidades, ni por regiones”, declaró.

La presidenta de la Comisión, Hortensia Aragón, precisó que la reforma otorga facilidades a los migrantes que regresan al país para incorporarlos al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten, pero, de ninguna manera, se trata de una reforma sobre la calidad educativa ni en materia migratoria.

·         Para el próximo viernes 17 de marzo,  maestros de la Sección 7 del SNTE  nuevamente exigirán a las autoridades de los niveles estatal y federal la mesa general de negociación

 Maestros pertenecientes a la sección 7 del SNTE  de la Costa, Soconusco y Sierra de Chiapas, anunciaron nuevas jornadas de protestas para el próximo viernes 17 de marzo, en donde nuevamente exigirán a las autoridades de los niveles estatal y federal la mesa general de negociación, debido a que aún existen varios puntos pendientes que hasta el momento no han querido abordar las autoridades.

En entrevista, Ervin Herrera Astudillo, coordinador del bloque democrático en Tapachula, afirmó que el mandatario federal Enrique Peña Nieto, hasta el momento no ha dado inicio a las negociaciones que aceptó, por lo tanto, al existir negativas se harán nuevas protestas, las cuales aseguró son con el fin de proteger los derechos del trabajador de la educación y de los estudiantes.

“Nosotros tenemos pensado estar participando unos 150 mil trabajadores de la educación, padres de familia y los que se quieran sumar a estas acciones (…) el Gobierno del Estado tiene que respetar nuestros procesos de manera tradicional, como son cadenas de cambio, ascensos y el proyecto de educación alternativa que se está llevando”, precisó.

Por ello, afirmó que es necesario que se dé apertura a la mesa de diálogo a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para tratar esos puntos pendientes que existen y poder garantizar los derechos de los trabajadores, quienes pide diálogo y respeto, de lo contrario se tiene contemplado volver a manifestarse en las distintas gasolineras de la capital del Estado.

Por otro lado, destacó que en el caso de la reforma educativa en Chiapas, existe un punto de acuerdo con las autoridades estatales, donde el Gobierno se compromete a respetar, es decir, que existan las comisiones mixtas donde se puedan atender los casos con la autoridad estatal y evitar que se lastimen los derechos laborales.

Por último, añadió que la reforma educativa no garantiza los derechos de los trabajadores de la educación, al contrario, los daña y de alguna forma no permite que trabajen de la manera correcta y conforme a la ley, ya que se trata de una reforma dañina para ellos.