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Las organizaciones que conforman la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), señaló que Estado mexicano está obligado a garantizar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes que integran la Caravana-Éxodo Migrante y a proveer asistencia humanitaria sin detenerles o deportarles.

 

Por lo que se pronunciaron que las leyes y tratados en materia de garantía de Derechos de niñez y adolescencia migrante mandatan la no detención, ni su deportación, en apego a su interés superior, que las condiciones de violencia, exclusión social, corrupción y pobreza que les obligan a migrar, 

permanecen inalteradas.

 

A través de un comunicado indicaron que el pasado 13 de octubre la entonces denominada “Caravana Migrante” salió de Honduras para alcanzar los Estados Unidos en busca de refugio, huyendo de la violencia, la guerra, el hambre y la pobreza extrema, consecuencias de la explotación y despojo de los territorios del sistema capitalista neoliberal, además de los desastres naturales y pérdida de cosechas por el cambio climático. 

 

Refirierin que apenas una semana más tarde, el 19 de octubre, la caravana alcanzó la frontera entre Guatemala y México y logró pasar las vallas del control fronterizo guatemalteco tras días de largas caminatas, tensión y hostigamiento. En ese momento, alrededor de ocho mil personas migrantes se concentraron en la frontera con 

Guatemala a la espera de ingresar al país. El gobierno mexicano respondió con represión y detención migratoria.

 

Mencionaron que aproximadamente la tercera parte eran bebés, niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos no acompañados, con alguna discapacidad, malnutrición y enfermedades derivadas de las condiciones climatológicas extremas y del cansancio. Además,se encuentran mujeres embarazadas, y familias integradas por hasta tres generaciones. Los desafíos se han agravado durante el tránsito por el país donde continúa el hostigamiento a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, aplicando políticas de control migratorio destinadas a 

castigarles y disuadirles: ayuda condicionada, desinformación sobre sus derechos, deportación y hostigamiento por parte de autoridades migratorias, policiacas y militares.

 

"Esto, en lugar de protegerles y respetar sus derechos humanos en apego al Interés Superior de la Niñez que mandata 

el artículo 4º de la Constitución Mexicana. 

Hoy, la asistencia humanitaria está siendo condicionada a la detención migratoria; como ejemplo está la Feria Mesoamericana, un espacio habilitado por el gobierno estatal en la ciudad de Tapachula que funciona como centro de detención, en ningún caso aceptable para niños, niñas y adolescentes, 

ya que propicia la separación familiar, dificulta una respuesta integral y coordinada desde distintas instituciones y contribuye a la incertidumbre afectando el estado general de las personas". 

 

Expusieron que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas (LDNNACH) mandata la no detención de niñas y niños en centros migratorios, la implementación de medidas especiales de protección, de mecanismos y 

protocolos que garanticen en todo momento el Interés Superior de la Niñez. En ninguna 

circunstancia la atención puede condicionarse al proceso de regularización.

 

Destacaron que esta crisis humanitaria sólo se resolverá cuando las condiciones en los países de origen de las niñas y niños no les obliguen a migrar; cuando existan más opciones para hacerlo mediante vías regulares; y cuando las políticas a nivel regional, nacional y local adopten principios basados en derechos, en los que el interés superior de la niñez sea una norma esencial, y se garantice el acceso a protección 

internacional. Una verdadera resolución de este dilema humano puede llevar años, pero las iniciativas tienen que emprenderse ahora.

 

Sin obviar las necesidades inmediatas relacionadas con este Éxodo Migrante, debe haber una reforma integral de la política migratoria vinculada a la infancia y adolescencia, para asegurar la preeminencia de la política de protección integral sobre la de control migratorio, en todas las normas, medidas y decisiones que afecten los derechos de la niñez migrante y solicitante 

de asilo, aseveraron.

 

Finalmente exigieron protección y seguridad a la niñez y mujeres embarazadas; la no detención y/o deportación de niñas, niños y adolescentes; asegurar la no separación familiar e implementar medidas de protección especiales y urgentes.

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