Indígenas recluidos que no tuvieron derecho a un traductor

Un porcentaje alto de indígenas que se encuentran en las cárceles no tuvieron la oportunidad de tener un intérprete para comunicarles cuál era su situación legal. Según datos de los aproximadamente diez mil indígenas que están retenidos solo 10 porciento tuvieron acceso a un traductor.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce más de 60 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país y en caso de Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Uno de los ejemplos en Chiapas es el caso de Víctor Hernández Gómez, quien se encuentra preso en el penal número 8 de Villa Flores, pugnando una pena de ocho años de prisión por el delito de homicidio tras una confusión de nombres, por las autoridades de justicia del gobierno.

El 20 de febrero fue detenido de manera injusta por la policía del estado de Oaxaca Víctor Hernández Gómez, hablante zoque, de 49 años de edad, originario del municipio de Ocotepec, Chiapas, campesino, esposo y padre de cinco hijos, mientras se encontraba trabajando en la ciudad de Oaxaca.

El culpado por errores de los Ministerio Públicos, quien desde hace casi año y medio se encuentra preso, detalló es hablante de lengua zoque y que jamás en su proceso le fue facilitado un traductor, sumado a que la familia del asesinado ha declarado que la persona detenida no es culpable, conocen y señalan que es Víctor Manuel Hernández y no Víctor Hernández Gómez.

En este caso no se respetó el debido proceso ya que el acusado nunca tuvo acceso a un traductor - interprete de acuerdo a su lengua materna, violentando el artículo 6º de la Constitución Política, las pruebas de cargo y descargo indican que no es culpable material ni intelectual del homicidio, violenta sus derechos humanos y se ha generado estigmatización social contra el inocente y su familia en su comunidad.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

Por lo anterior el deber del Estado es tomar las medidas necesarias para garantizar que los miembros de los pueblos indígenas puedan comprender los procedimientos y mecanismos legales para la práctica y respeto del reconocimiento de la diversidad cultural.

El ámbito de la procuración y administración de justicia es uno de los más sensibles a la cuestión de la violación de los derechos humanos de los indígenas, debido al conflicto de lógicas culturales que tiene lugar en el procedimiento judicial.

Los indígenas suelen desconocer normas y procesos de la justicia estatal, al mismo tiempo que sus prácticas se inscriben en un entramado de relaciones sociales y culturales que están enraizadas en su cosmovisión y cultura.

Es necesario poner en práctica medidas que permitan y faciliten el acceso al sistema de justicia penal para los integrantes de los pueblos indígenas y las mujeres, adoptando medidas que permitan mayor equidad en la procuración e impartición de justicia.

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