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La política chiapaneca prostituida con el narco

Las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, señalaron que se ha deteriorado la dignidad de la actividad política al convertirla en ocasión de acceso a los recursos públicos para el enriquecimiento personal, familiar o de grupo.
 
A través de un comunicado, los obispos Rodrigo Aguilar Martínez, Arnulfo Quintanar Monroy y  el Arzobispo Fabio Martínez Castilla, señalaron severamente las acciones de los candidatos a cargos públicos quienes han defraudado la confianza del pueblo

"Muchos presidentes han endeudado a sus municipios, desviando el presupuesto, sosteniendo las campañas de sus partidos e incluso, distribuyendo en efectivo los recursos del presupuesto, reforzando el ciclo de la pobreza y la dependencia. Es evidente el enriquecimiento ilegal y voraz de numerosos funcionarios, en contraste con los deficientes servicios públicos que deberían beneficiar a la población". 

Así también mencionaron que existe una corrupción presente en los diferentes sectores de la sociedad, pero que tiene su principal raíz y manifestación en numerosas entidades gubernamentales. "El pueblo percibe que las reformas estructurales y la política neoliberal han resultado en mayor costo de la gasolina, el gas, la electricidad, la canasta básica; y en el deterioro de los servicios de salud, educación etc.". 

Indicaron que existen caciques políticos que se han centrado en el beneficio de su familia, o imponen sus propios candidatos y que esto es de dominio público que hay funcionarios y candidatos con historial delictivo  que cuentan con protección de funcionarios gubernamentales.

Aseveraron que  el sistema de partidos políticos ha sido causa de divisiones y conflictos en las comunidades y los pueblos por la corrupción de autoridades locales, la compra de votos, la coacción por los programas sociales, la propaganda engañosa, las promesas falsas, la distribución de despensas y otros objetos para condicionar al votante. 

Destacaron que la impunidad hace que se sigan cometiendo delitos electorales para ganar a toda costa. "Se constata la intervención de la delincuencia organizada en la selección o imposición de candidatos y la existencia de grupos armados ilegales al servicio de intereses políticos, económicos o
criminales. La población tiene miedo o desconfianza de denunciar ante las autoridades, pues duda que actúen
en defensa de los intereses del pueblo". 

Finalmente refirieron que la situación actual presenta grandes retos a la ciudadanía, pues al elegir autoridades ha de buscar que los elegidos asuman su cargo para enfrentar y superar los problemas que aquejan al pueblo de Chiapas.
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Piden asistencia consular para migrante hondureño detenido

  • Publicado en Estado
Después de cumplir 5 años de prisión en un penal de Chiapas, Roberto Carlos Ruiz Hernández de nacionalidad hondureña, quedó en libertad pero luego fue detenido por las autoridades migratorias, asi lo denunció el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

A través de un comunicado el Frayba señaló que Roberto Carlos Ruiz Hernández fue liberado del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, pero permanece en detención en la Estación Migratoria Siglo XXI.

“Roberto Carlos, migrante hondureño, cumplió sentencia condenatoria, el pasado 23 de mayo de 2018, a las 12 horas aproximadamente, sobreviviente de tortura, estuvo en injusta prisión durante 5 años, por un delito que no cometió, a pesar de que desde febrero de 2017 la Mesa de Reconciliación había determinado otorgarle su libertad”, informó  el centro de Derechos Humanos. 

Destacó que la historia de Roberto Carlos es un ejemplo de discriminación de un sistema penal que castiga la pobreza y mantiene en la impunidad violaciones a derechos humanos de población vulnerable, de 36 años de edad, salió de Honduras fue en 1994 debido a condiciones de pobreza en las que vivía, durante 8 años trabajó en Estados Unidos, dos veces lo deportaron.

“En su tercer viaje decidió quedarse en Chiapas donde formó una familia, actualmente tiene un hijo de 10 años y una hija de 5 años, se dedicaba a la pesca pero por las condiciones económicas decidió partir una vez más a Estados Unidos, cuando se encontraba esperando el tren, personas vestidos de civil lo detuvieron el 22 de mayo de 2013 en Tonalá junto con 60 personas migrantes más”. 

Relataron que desde su reclusión en el penal de Tonalá estuvo varios años, y posteriormente fue trasladado al penal de San Cristóbal de Las Casas, Roberto Carlos denunció violaciones a sus derechos humanos y 3 veces se costuró los labios en huelga de hambre para exigir su libertad inmediata.

“Durante mi detención, el día 22 de mayo del 2013 fui torturado, estuve incomunicado 7 días, sin llamadas y sin comida, a los 4 días me llevaron al reclusorio número 13 de Tonalá, nunca me notificaron mi auto de formal prisión y por eso no pude apelar el auto de formal prisión al Tribunal Superior”, mencionó. 

El Frayba dijo que la sentencia condenatoria en primera instancia dictaminó 7 años de prisión a Roberto Carlos, ignorando la denuncia de Tortura así como violaciones al debido proceso, en apelación a la sentencia se redujo a 5 años con 3 días.

Mencionaron que desde su salida del penal de San Cristóbal el pasado 23 de mayo, Roberto Carlos tomó un camión y se dirigía rumbo a Tapachula, pero hasta la fecha permanece en detención en la Estación Migratoria Siglo XXI, en la ciudad de Tapachula.

“Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas solicitamos que Roberto Carlos Ruiz Hernández tenga asistencia consular del gobierno de Honduras y se le otorgue una visa humanitaria que le permita estar en México con su esposa y sus dos hijos menores de edad de nacionalidad mexicana y reitera su preocupación por la sistemática violación de derechos humanos que se mantiene en el país”. 
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Vigilan con lupa

  • Publicado en Estado

·         No descansan inspectores de la PROFECO para evitar abusos en estas vacaciones; terminales de camiones, aeropuerto y papelerías, las más chequeadas

 Desde este fin de semana que concluyó, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el operativo vacacional verano 2017, realizando monitoreos en principales terminales de autobuses de la región, así como en el Aeropuerto Internacional, en el centro de la ciudad y principalmente en los negocios de papelerías por el regreso a clases en próximos días.

Emilio Pinzón González, subdelegado de la Profeco, aseguró que las verificaciones y operativos estarán hasta el próximo 26 de agosto, fecha que concluye el periodo vacacional de verano.

Destacó que, de manera itinerante, brigadas de la dependencia federal se mantienen en los diferentes edificios gubernamentales para recibir el mayor número de quejas o inconformidades de los ciudadanos.

“Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de aviación hemos estado de manera permanente los monitoreos y presencia en el Aeropuerto Internacional, realizando diversos actos a favor del consumidor”.

Por ejemplo, los vuelos cancelados si al usuario no se le ha avisado y llegan al recinto, se ha logrado interactuar con la línea aérea para efectos de que se ubique en el vuelo más próximo “y nos ha tocado que sale de otra aerolínea posterior a esa cancelación y se ha ubicado a los pasajeros en los vuelos siguientes sin ningún costo”.

De momento, la Profeco ha conciliado con las aerolíneas todas las quejan que se han tenido. Por otro lado, que los días 1, 2 y 3 de agosto se pondrá en marcha la feria del regreso a clases   en el parque central de Tuxtla Chico en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y el ayuntamiento de esa localidad y proveedores que expondrán sus productos.

Sostuvo que el año pasado la feria de regresó a clases se realizó en Tapachula, pero ahora se busca llevar precios más accesibles en los útiles escolares, uniformes y zapatos para que municipios fronterizos tengan acceso a estos artículos. 

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