Una Campaña Gráfica Internacional dio inicio este jueves con el fin de pedir la liberación del indígena Alejandro Díaz Sántiz, detenido en 1999 en el estado de Veracruz, por el delito de homicidio y que está sentenciado a 29 años de prisión.

Alberto Díaz Patishtán, que fue miembro de La Voz del Amate, informó que el detenido fue trasladado del penal número 5 de San Cristóbal de las Casas al de Villa Comaltitlán, donde el próximo 11 de septiembre cumplirá 2 años de reclusión.

“La Campaña Gráfica Internacional pretende visibilizar más el caso de Alejandro”, dijo Pedro López Jiménez, que conformó con Díaz Sántiz la organización Solidarios de La Voz del Amate.

Alejandro Díaz Sántiz, de 35 años de edad, ha estado recluido por 18 años acusado del delito de homicidio contra una niña de un año y 8 meses.

En el 2013, el gobernador Manuel Velasco Coello dijo que buscaría el enlace con autoridades de Veracruz para que consiguiera su libertad.

La Campaña Gráfica Internacional consistirá en colocar la fotografía del detenido en redes sociales, en paredes y postes de varias localidades de Chiapas.

En las últimas horas la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que el Juez de Control de la Región 2 con sede en la ciudad de Tapachula, vinculó a proceso a Uriel “N” como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de Elimber Barrios Mérida.

Lo anterior, luego que elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía de Chiapas, detuvieran a Uriel “N”, mediante la ejecución de una orden de aprehensión otorgada dentro de la Causa Penal 58/2017.

Es importante destacar que el pasado 5 de enero, fue localizado el cuerpo de la víctima de 34 años de edad, en un predio de la Fracción “Los Ángeles”, en la ciudad de Tapachula.

De acuerdo a las investigaciones que encabezó la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa bajo la carpeta de investigación número 52-89-501-2017, logró establecer la participación del presunto responsable en estos hechos.

Dentro de las diligencias practicadas, destacan la declaración de testigos y diversos dictámenes emitidos por la Dirección de Servicios Periciales, los cuales permitieron a la FGE conocer sobre la presunta participación del imputado en este hecho delictivo.

De acuerdo a la necropsia de ley que fue practicada, se determinó que la causa de muerte fue shock hipovolémico secundario por heridas producidas por objeto contundente.

Por estos hechos, actualmente, Uriel “N” se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 03 con sede en Tapachula, bajo la medida cautelar de Prisión preventiva oficiosa.

Elementos de la Fiscalía Ambiental detuvieron a Reynaldo “N”, presunto responsable por el delito de Ecocidio en la modalidad de transporte de recurso forestal maderable sin autorización de la autoridad competente.

Los oficiales le pidieron, al imputado, la documentación que comprobaba el permiso para transportar 110 bultos de carbón y éste mostró una factura fiscal.

Sin embargo, carecía de llenado en los campos destinados a la fecha, lo que constituye una irregularidad administrativa para la transportación de material forestal, por lo que los elementos de la Fiscalía procedieron a la detención del antes mencionado para presentarlo ante el Representante Social, adscrito a la Fiscalía Ambiental, quien dio inicio a la carpeta de investigación para la determinación de su situación jurídica.

Con estas acciones la Fiscalía Ambiental refrenda el compromiso de sancionar las conductas ilícitas que atentan contra el Patrimonio Ecológico del Estado combatiendo el delito ambiental en las diferentes modalidades: tala ilegal de árboles, transporte de producto forestal, tráfico ilegal de flora y fauna, invasiones que ocasionan el cambio de uso de suelo en áreas o zonas consideradas protegidas de conservación ecológica, incendios forestales y conductas que son reprobables al generar un daño al medio ambiente.

La institución exhorta a la denuncia ciudadana de cualquier hecho o acto que pueda ser constitutivo de delito ambiental a través del portal de la Fiscalía General del Estado (FGE) o al 911, para que en unidad se emprendan acciones y sean sancionadas aquellas conductas que se consideren delitos ambientales tipificados en legislación penal del estado, permitiendo una mejor impartición de justicia ambiental.