Los tambores de guerra tras el gasolinazo

            La desconfianza es uno de los males que más afecta a las instituciones públicas de México y de América Latina.

            Llevar a la cárcel a un ex presidente o meter a juicio a una ex presidenta con el riesgo de que también termine en prisión nos parecían hechos impensables pero, evidentemente, sólo reflejan la crisis de credibilidad que asfixia a los gobiernos. Y hablamos sólo de nuestra América Latina.

            El ejemplo más paradigmático para los mexicanos se trata  de Otto Pérez Molina, el ex presidente de Guatemala encarcelado en el cuartel de Matamoros en septiembre de 2015 por un tenebroso expediente llamado La Línea, que no fue más que una red de corrupción en las aduanas por cientos de millones de dólares.

            Junto al general retirado Pérez Molina cayó una pandilla de cómplices y artífices de los contratos millonarios, todos del más alto nivel vinculados a la presidencia de la República de Guatemala, al Primer Mandatario y a sus funcionarios clave.

            Significó sin duda un asunto que cimbró al mundo a partir de las pesquisas que inició la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, un órgano autónomo avalado por las Naciones Unidas y en cuyos logros también destaca haber mandado a prisión a otro ex presidente guatemalteco, el empresario Alfonso Portilla Cabrera.

            El regalo de año nuevo para la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández fue horrible cuando se anunció que la Justicia de su país determinó el martes 28 de diciembre de 2016 el procesamiento de la ex- presidenta Fernández de Kirchner (2007-2015) por asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato.

            El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que la ex jefa de Estado ya declaró como investigada el pasado octubre de 2016, estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez      -cercano al fallecido ex-presidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

            En México enfrentamos en estos momentos una dura prueba como nación a raíz del incremento al precio de la gasolina que ha desatado la furia de millones de mexicanos en todo el país. Otra vez la falta de estrategia del presidente Peña nos tiene en una encrucijada.

            Ciertamente al pueblo le toca bailar con la muchacha más fea de la fiesta porque, al aumentar el precio en los carburantes, se disparan otros y forzosamente los que tienen que ver con la canasta básica de la clase pobre y media mexicanas. Claro, los funcionarios son los menos afectados.

            El problema de fondo en México y en otros países hermanos es pues la falta de confianza en quienes gobiernan. Y esa falta de confianza ha sido ganada a pulso. La corrupción, las complicidades, los maridajes políticos y los enriquecimientos ilícitos es lo que ha marcado la pauta en el ejercicio del poder en las naciones del área.

            Hay quienes aprovechando la coyuntura incitan desde las redes sociales a la rebelión generalizada en México. Y hablan incluso de estimular un golpe de estado cuando saben que eso sí colocaría al país en un escenario tremebundo.

            Es gente de López Obrador la que está detrás de este caldo de cultivo mediático y violento para desestabilizar a México en aras de alcanzar sus perversas ambiciones hegemónicas.

            Debemos mantener la serenidad frente a quienes divulgan que tomar las armas es lo mejor para este país. Es difícil la situación, pero no difícil de remontarla ni tampoco somos el peor país de América Latina.

            La gasolina en México, aún después del aumento de 2017, es más barata incluso que en Guatemala, Argentina o Brasil, de acuerdo a un estudio del sitio especializado GlobalPetrol.Prices.com

            Prestemos oídos sordos a los cantos de las sirenas que nos llaman a la insurrección. Desoigamos tambores de guerra que alimentan los enemigos de México y, juntos como país, nos mantengamos firmes para salir adelante de este brete.

·         Subsidio hubiera costado 200 mil mdp

·         Legisladores del PRI dieron su respaldo al ajuste al precio de las gasolinas; advirtieron que de no haberse aplicado desaparecería el programa Prospera y las campañas de vacunación

 Diputados y senadores del PRI respaldaron la decisión del ajuste al precio de la gasolina, pues, advirtieron, el subsidio del combustible este año hubiera sido de 200 mil millones de pesos, el doble del presupuesto anual de la Secretaría de Desarrollo Social o el equivalente al presupuesto del IMSS.

El coordinador de los diputados del PRI y expresidente nacional del tricolor, César Camacho, declaró que la medida del gobierno federal es dolorosa pero inevitable, pues de no haberse aplicado hubiera desaparecido el programa Prospera, todas las campañas de vacunación, no habría cómo sufragar los apoyos económicos a productores agrícolas ni habría recursos para construir carreteras o el mantenimiento de caminos.

En conferencia de prensa, previo a la sesión de la Comisión Permanente, recalcó que el precio del barril del petróleo crudo subió de 25 a casi 40 dólares en los últimos meses a nivel internacional, Pemex ha tenido una progresiva disminución en las últimas décadas y ha aumentado el consumo de los mexicanos al colocarse en el cuarto mayor consumidor percápita de combustibles; además, el 53% de la gasolina consumida es importada y más cara por el encarecimiento del dólar.

Estamos conscientes porque fuimos nosotros (los legisladores) quienes aprobamos el paquete económico, el paquete de ingresos y egresos que el gobierno federal no recibirá más por concepto de IEPS, la cantidad prevista es recaudar 4.1 por ciento menos que el año pasado en términos reales”, dijo Camacho, respaldado por legisladores del PRI y del PVEM.