Tuxtla Gutiérrez, Chiapas — El estado de Chiapas, históricamente uno de los más vulnerables de México, se enfrenta a un futuro incierto tras la reciente designación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), como organizaciones terroristas internacionales por parte de Estados Unidos. Esta medida podría tener consecuencias devastadoras para la región, particularmente en términos de violencia, desplazamiento forzado, afectación económica y tensiones políticas (Amnistía Internacional, 2023).

El aumento de la violencia: una amenaza palpable

Aunque Chiapas no ha sido tradicionalmente un epicentro de la lucha contra el narcotráfico, su ubicación estratégica en el sur de México y su proximidad a Guatemala lo convierten en un punto clave para el tráfico de drogas. En los últimos años, la presencia de cárteles en el estado ha aumentado, en su mayoría vinculada al tránsito de drogas hacia Centroamérica. De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), diversas facciones criminales han comenzado a establecer rutas a través de la región, lo que ha incrementado los enfrentamientos tanto con las autoridades como entre las mismas organizaciones criminales (SEDENA, 2023). Con la designación de estos cárteles como terroristas, expertos en seguridad advierten que se podría intensificar la violencia en la región, especialmente en áreas rurales donde la presencia del crimen organizado es más fuerte. Según Raúl Hernández, analista de seguridad, "el impacto más inmediato será el aumento de los enfrentamientos directos entre cárteles y fuerzas de seguridad, con las comunidades locales atrapadas en medio de esta violencia" (El Financiero, 2024).

Las comunidades indígenas, las más afectadas

Uno de los sectores más vulnerables ante este panorama son las comunidades indígenas. Históricamente, estas comunidades han sido víctimas del narcotráfico, ya sea como parte de las redes de reclutamiento de los cárteles o como blanco de violencia y desplazamientos forzados. Marta Ramírez, defensora de derechos humanos en Chiapas, comenta que "las comunidades indígenas han sido históricamente las más expuestas, ya que muchos cárteles las consideran zonas estratégicas para sus operaciones. La designación de estos grupos como terroristas podría agudizar aún más esa situación" (Amnistía Internacional, 2023). La creciente violencia podría forzar a las familias de pueblos indígenas a abandonar sus hogares, un fenómeno que ya se está observando en diversas regiones del estado. Según Amnistía Internacional, esta nueva ola de desplazamientos internos podría agravar la crisis humanitaria que ya afecta a muchas comunidades (Amnistía Internacional, 2023).

Un golpe a la economía local y al turismo

La economía de Chiapas, uno de los estados más pobres de México, depende en gran medida de sectores como la agricultura y el turismo. Sin embargo, el aumento de la violencia y la inseguridad podría tener efectos devastadores sobre estos sectores. El turismo, en particular, que representa una fuente clave de ingresos para ciudades como San Cristóbal de las Casas y Palenque, podría verse gravemente afectado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia creciente ha afectado de manera directa a la actividad turística en el sur de México, lo que podría reducir aún más las oportunidades económicas en la región (INEGI, 2023).

Tensiones políticas y el desafío del gobierno federal

La intervención de Estados Unidos al designar a estos cárteles como terroristas podría generar nuevas tensiones entre las autoridades locales y federales. Si bien el gobierno mexicano podría sentirse presionado a intensificar las medidas de seguridad, la presencia militar aumentada podría generar desconfianza en las comunidades locales, que históricamente han tenido una relación tensa con las autoridades federales. Según Juan Pérez, especialista en relaciones políticas en Chiapas, "la presencia de fuerzas federales podría ser vista como una violación de la autonomía local, lo que podría generar rechazo e incluso fortalecer el sentimiento de resistencia en algunas zonas" (Reforma, 2023).

La aparición de grupos de autodefensa

El incremento de la violencia podría llevar a la formación de grupos de autodefensa, como ha sucedido en otras regiones del país. Si bien estos grupos surgen con la intención de defender a las comunidades locales, su presencia podría empeorar la situación, al convertirse en un nuevo actor armado en el conflicto. La mayor fragmentación social y el aumento de la violencia podrían ser consecuencias directas de la proliferación de estos grupos, que muchas veces operan fuera de la ley (Proceso, 2023).

Un futuro incierto: necesidad de un enfoque integral

La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en México. No obstante, sus efectos sobre Chiapas son aún inciertos y podrían ser profundamente destructivos. A medida que la violencia y la inseguridad aumentan, la situación de las comunidades más vulnerables se agrava, y la economía local enfrenta desafíos sin precedentes.

Para enfrentar esta crisis de manera efectiva, los expertos coinciden en que será necesario un enfoque integral. No solo se debe centrar en el uso de la fuerza, sino también en el fortalecimiento de las instituciones locales, la mejora de las condiciones sociales y el respeto por los derechos humanos de las comunidades afectadas. La colaboración entre las autoridades locales, el gobierno federal y las organizaciones internacionales será clave para mitigar los efectos de esta nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado (BBC News Mundo, 2024).

Fuentes:

• Amnistía Internacional. "Violencia y desplazamiento en Chiapas: una crisis humanitaria olvidada." 2023.
• El Financiero. "Análisis de seguridad en Chiapas ante el aumento del narcotráfico." 2024.
• INEGI. "Impacto de la violencia en el sector turístico del sur de México." 2023.
• Reforma. "La intervención militar y su impacto en las comunidades de Chiapas." 2023.
• Proceso. "El auge de los grupos de autodefensa en Chiapas." 2023.
• BBC News Mundo. "Estrategias internacionales y sus efectos en las comunidades locales." 2024.

El 19 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas internacionales. Los cárteles mexicanos incluidos en esta lista son:

• Cártel de Sinaloa
• Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
• Cárteles Unidos
• Cártel del Noroeste
• Cártel del Golfo
• La Nueva Familia Michoacana

Esta designación permite a Estados Unidos aplicar medidas más allá de las sanciones financieras tradicionales, incluyendo el uso de fuerza similar al empleado contra el extremismo islamista. La administración de Donald Trump ha expresado su intención de combatir enérgicamente a estos grupos debido a su implicación en la crisis de opioides en Estados Unidos.

En respuesta a esta medida, Elon Musk, presidente de Tesla y asesor en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del gobierno de Trump, comentó en su cuenta de X (anteriormente Twitter): "Eso significa que son elegibles para ataques con drones".

Esta declaración sugiere que, tras la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, podrían ser considerados objetivos legítimos para operaciones militares, incluyendo ataques con drones.

Es importante destacar que, según las leyes estadounidenses, declarar a estos cárteles como organizaciones terroristas permite al gobierno de Estados Unidos realizar acciones más contundentes contra ellos, incluyendo operaciones militares.

Sin embargo, esta medida ha generado tensiones con México, cuyo gobierno considera que dicha designación puede vulnerar su soberanía. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha expresado su oposición a cualquier acción extraterritorial por parte de Estados Unidos y ha propuesto fortalecer las demandas contra los fabricantes de armas estadounidenses.

Además, se ha informado que la CIA ha incrementado el uso de drones no tripulados para espiar las actividades de los cárteles en México, una acción que podría intensificar las tensiones entre ambos países.

En resumen, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos abre la posibilidad de acciones más directas contra ellos, incluyendo ataques con drones, aunque esto también plantea desafíos diplomáticos y de soberanía para México.

“El estado se convirtió en un corredor incontrolable para el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tránsito de individuos vinculados a organizaciones extremistas como Al Qaeda, Hezbollah y las FARC”, denunció Ochoa Gallegos.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 12 Feb.- El exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, divulgó este miércoles una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde señala al también ex mandatario Rutilio Escandón Cadenas, actual Cónsul General en Miami, de ser una amenaza para esa ciudad y el estado de Florida, por sus nexos con el narcotráfico.

El ex aspirante por el PRI al senado de la república, acusa que la administración del morenista Escandón Cadenas estuvo marcada por “la negligencia, la omisión y preocupantes vínculos con el crimen organizado”.

“Proliferación de grupos criminales armados; Chiapas se convirtió en un campo de batalla entre los principales cárteles del país, lo que resultó en enfrentamientos violentos, bloqueos de carreteras y segregación”, afirma en la misiva escrita en inglés.

Ochoa Gallegos destaca la crisis humanitaria, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos forzados que indica, “no fueron daños ocultos sino consecuencias directas de la violencia descontrolada. Más de 15.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, y algunas incluso huyeron a Guatemala en busca de seguridad”.

En el gobierno de Rutilio Escandón agrega, hubo un colapso institucional y corrupción: Durante el gobierno su gestión, Chiapas se ubicó como el estado con mayor percepción de corrupción en México, alcanzando el 88.3%, según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).