Samuel Toledo, cada vez más cerca de la cárcel

El proceso por daño moral, falsedad en declaraciones y abuso de autoridad que actualmente se persigue en contra del ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, obtuvo un importante fallo judicial que podría ser determinante para que el último alcalde sabinista sea sentenciado culpable de los delitos imputados.

La complicada historia entre Samuel Toledo y María Delia Ruiz Torres comenzó a mediados de 2014 cuando su relación político-laboral se complicó seriamente. La activista, promotora de la defensa de la cuenca del río Sabinal, formaba parte de la lista de funcionarios municipales en la administración de Toledo Córdova, pero con el paso del tiempo las diferencias se hicieron insostenibles.

María Delia se volvió un elemento incómodo dentro del gobierno de Samuel Toledo,  y las acusaciones entre ambos se hicieron cada vez más serias. Corrupción, abuso de autoridad, malversación de recursos, amenazas  y chantajes, se convirtieron en los rumores constantes que acusaban a uno y otro entre las diferentes áreas del ayuntamiento tuxtleco.

Sin embargo, el clímax de conflicto (aún vigente) llegó justo el 27 de noviembre de 2014 cuando María Delia Ruiz Torres fue detenida en presunta flagrancia de extorsión, dentro de una reunión citada por el mismo presidente municipal, con todo y elementos ministeriales en incognito. Motivo por el que la activista fue recluida finalmente en el “El Amate”.

El 6 de julio del 2015 Ruiz Torres fue liberada mediante el amparo 1885/2014, radicado en el Juzgado 5º de Distrito del estado de Chiapas, desencadenando un nuevo juicio contra Samuel Toledo Córdova por presunto daño moral, falsedad de declaraciones y abuso de autoridad en el proceso inicial que llevó a María Delia tras las rejas. Desde entonces los jaloneos judiciales se han convertido en noticias constantes.

Por eso lo sucedido apunta a convertirse en pieza clave dentro del conflicto. El Poder Judicial ha finalmente ha sobreseído el amparo en revisión que Samuel Toledo interpuso para revocar la liberación de Ruiz Torres y regresarla a la cárcel. La sentencia ha sido clara y definitoria: no existen pruebas suficientes que respalden las acusaciones de extorsión que pesaban contra Delia Ruiz, por lo que el caso ha sido finalmente archivado.

Lo sucedido aquí representan un duro golpe no sólo para el proceso judicial promovido por el ex presidente municipal, sino también para el que ahora se persigue en su contra, pues se convierte en nuevo elemento contundente para avalar los argumentos de la activista sobre su injustificada detención, la falsedad de las declaraciones en su contra y el cada vez más evidente abuso de poder cometido por Toledo Córdova.

Si el Poder Judicial ha determinado que no hubo elementos para detener y procesar a María Delia Ruiz Torres, en materia jurídica queda demostrada una detención arbitraria, por lo que también deberá proceder una reparación del daño provocado, además de los juicios correspondientes para quienes estuvieron involucrados en las graves violaciones al debido proceso que dejaron a la ahora exculpada varios meses en el penal de “El Amate”.

Lo que se viene para Samuel Toledo resulta verdaderamente comprometedor. Ahora se ha vuelto el centro absoluto de las acusaciones dentro de un proceso judicial que cada vez se abalanza más en su contra y podría llevarlo ahora a él tras las rejas. Situación que apunta demorarse por los tiempos judiciales, pero que finalmente daría la razón a Delia Ruiz.

En un nuevo escándalo se encuentra envuelto el controversial pastor evangélico Josué Pérez Pardo, quien ahora es señalado directamente por proteger al responsable de la muerte de Luis Montero Gómez, reconocido defensor ambientalista que durante años luchó contra el saqueo indiscriminado de materiales pétreos en la cuenca del Río Santo Domingo.

Y es que hace una semana, una camioneta presuntamente propiedad de Pérez Pardo, conducida por Mauricio Alfaro Coutiño (gente cercana al pastor evangélico) embistió a la motocicleta donde viajaba Montero Gómez. La imprudencia de quien conducía la camioneta por querer rebasar terminó impactando a Luis Montero causándole la muerte.

Tras el accidente, la camioneta rotulada con frases de la congregación “Jesucristo es el Camino”, dirigida por Josué Pérez Pardo, fue incluso capturada en imágenes por medios de comunicación digitales quienes hicieron público el trágico hecho, suscitado en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez... Sin embargo, lo que sucedió después cambiaría la historia.

Así, pese a las pruebas públicas del fatal acontecimiento, el cadáver de Luis Montero documentado el lugar de los hechos y los registros forenses de ley, después de turbios procesos judiciales, demoras innecesarias y  procedimientos poco claros, extrañamente el delito fue finalmente minimizado dejando en libertad al responsable.

Fuentes extraoficiales –incluso- han señalado que el delito fue tipificado únicamente como “daños y lesiones”, a pesar del deceso de Luis Monero. Por eso hoy la familia de la víctima ha iniciado un movimiento de denuncia para exigir justicia e impedir que la muerte de Luis quede impune entre el tráfico de influencias y la presión de dicha congregación religiosa, conocida por sus fuertes vínculos con el poder político en Chiapas.

Para nadie es un secreto la relación cercana del pastor Pérez Pardo con personajes como el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Leonardo Rafael Guirao Aguilar, quien además de ser miembro fiel de esa congregación ha fungido durante años como uno de sus principales patrocinadores y promotores.

Guirao Aguilar se ha encargado de proteger y financiar muchas de las actividades realizadas por la congregación de Pérez Pardo, viéndose involucrado en procesos ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por el fomento a campañas de odio.  

Consta así que no es la primera vez que Pérez Pardo se involucra en un escándalo de importante magnitud. Así lo detalla el expediente CONAPRED/DGAQR/60/14/DQ/II/CHIS/Q41 donde fue acusado e investigado por el despliegue de una campaña contra la población LGBTI, donde se imprimieron frases que incluso referían a la “muerte para el pecador”.

Al pastor evangélico además se le vincula fuertemente con Clever Salazar Madiguchía, hermano del ex gobernador Pablo Salazar, quien también fue artífice del empoderamiento y promoción de dicha congregación protestante durante su sexenio. Para Josué Pérez actualmente no hay plaza pública que no le sea facilitada de inmediato para sus eventos religiosos. Y las pruebas de ello sobran.

Ni si quiera la denuncias de otros pastores evangélicos le han hecho mella. Como las acusaciones vertidas por los líderes protestantes Luis Enrique Carrascosa Ramos, José Luis Enríquez Mandujano y Jeans Sánchez Méndez, de la Organización de Pastores Unidos por Chiapas, quienes en meses pasados denunciaron abusos y un presunto desvío de recursos por parte de Pérez Pardo.

A decir de los líderes evangélicos, se detectó que durante todo el sexenio de Juan Sabines Guerrero el Gobierno de Chiapas otorgó un recurso de 50 mil pesos  mensuales al Consejo de Iglesias Cristianas Evangélicas, encabezado por el mismo Josué Pérez Pardo, sin que éste haya notificado el ingreso del recurso a los demás integrantes del organismo. Entre otras anomalías detectadas.

Como lo demuestra todo lo anterior, el líder protestante, popularizado en Chiapas mediante su programa de televisión en Canal 5, durante el sexenio de Pablo Salazar, parece contar desde hace años con una inmunidad especial y otros tantos privilegios que, sin duda, dejan constancia que la impunidad en Chiapas también tiene rostro de “pastor”.(8 de mayo de 2016).

En medio de la turbulencia que enfrenta la política nacional, este lunes, los nombres de los  dos más recientes exgobernadores de Chiapas reaparecieron nuevamente en la escena pública, mediante escenarios completamente distintos que seguramente darán mucho de qué hablar durante las siguientes semanas. 

Por un lado, los rumores sobre el inminente regreso a la política estatal de Pablo Salazar Mendiguchía se han hecho más fuertes. Todo apunta a que será esta misma semana cuando finalmente anuncie el proyecto en el que ha trabajado durante varios meses y haga públicas sus claras intenciones para participar nuevamente en las contiendas políticas locales.

Y es que, aunque Salazar Mendiguchía nunca ha dejado de tener injerencia y/o participación discreta en la política chiapaneca, su regreso a la vida pública se había postergado tras diversos desencuentros con sus sucesores en el cargo... Sin embargo, los tiempos para su temido retorno parecen haberse cumplido ya.

En contraste, el ahora cónsul en Orlando, Florida, ha regresado al escarnio público tras difundirse los resultados de la investigación realizada por la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, que revelan las comprometedoras vinculaciones del gobierno sabinista con la red de empresas fantasmas operadas por el ex gobernador veracruzano, y ahora prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa.

Los vínculos de corrupción señalan la participación de tres compañías ligadas a la red fantasma de Duarteen la obtención de contratos por más de 118 millones de pesos (entre 2010 y 2012)para participar en la operación del Sistema de Trasportes Urbanos de Tuxtla (SITUTSA), mejor conocido como Conejobús.

Desde su lanzamiento, se cedió la operación del Conejobús a las empresas RAVSAN Servicios Múltiples, Comercializadora Pagoli y el Corporativo Lizgar, a través de un esquema de outsourcing, en el que suministraba personal para el sistema de transporte yofrecían servicios de asesoría contable y administración, mediante la empresa LG Asesores Corporativos SC, que se encargó tambiéndel registro legal de la marca Conejobús.

Aunque el contrato tenía vigencia hasta el 2013, una serie de irregularidades detectadas por auditorías internas terminaron por revocar el contrato un año antes del vencimiento; no sin antes entregar a cada una de las empresas los montos de 68 millones 600 mil pesos, 27 millones 850 mil y 22 millones 736 mil pesos, respectivamente. Todo evidente con recursos públicos.

Las tres empresas señaladas se encuentran hoy dentro de los procesos de investigación por los diversos delitos que se persiguen contra el ex gobernador veracruzano. Se trata de empresas a las que se le ha demostrado numerosas irregularidades como el uso de prestanombres y el registro de direcciones fiscales con domicilios abandonados o en colonias de alta marginación donde ni siquiera existen oficinas.

Se trata de importantes detalles que evidentemente se “dejaron pasar por alto” a la hora de consumar los contratos, durante la creación del nuevo sistema transportista. Irregularidades que no sorprenden cuando se sabe de los turbios antecedentes de ambos ex mandatarios estatales a los que seguramente han de relacionar otros tantos vínculos de corrupción aún sin descubrir... Por eso habrá que estar atentos a lo que se viene en medio de un país a río revuelto, donde los reajustes de poder resultan inevitables.