*Eso explica la crisis financiera que agobia al Instituto

*Presentan demanda penal maestros de la Sección 40

*Presuntos implicados: ex dirigentes de la S-40 y ex funcionarios

*Prima del ex gobernador Sabines, señalada en el presunto fraude

* Afirman que dineros de maestros fueron invertidos en la Bolsa de Valores

            La crisis financiera que agobia al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Chiapas (ISSTECH) tiene explicación en la rapiña, el saqueo y las redes de complicidades que abarcan desde ex directores de la institución hasta dirigentes de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, SNTE, pasando por funcionarios de mediano rango de Hacienda del Estado.

            Se trata de un tejido de impunidad confeccionado, al parecer, perfectamente. Sin embargo, la podredumbre empieza a emerger porque ya hay una denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado que, si no termina en la gaveta como ocurrió en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, pronto los implicados deben estar en la cárcel.

            En el gobierno de Salazar los maestros de la Sección 40 presentaron una demanda penal que quedó registrada en la averiguación previa 669/CAJ4-B/2004 por un presunto fraude de al menos 51 millones de pesos a la caja de ahorro magisterial señalando a varios implicados, entre ellos a David Aguilar Solís, Jorge Pérez Pérez, Julio César León Campuzano y Julio César Chamé Martínez. La demanda nunca caminó.

            Todos los sospechosos ocupaban distintos cargos en la estructura vertebral de la S-40. Lejos de ser investigados fueron premiados porque Aguilar Solís terminó en el Congreso del Estado como diputado, luego fue alcalde de Tonalá. Los restantes siguen gozando de impunidad agazapados en la Sección 40.

            Célebre es el caso de Jorge Pérez Pérez quien, en completo estado de ebriedad, siendo dirigente de la Sección 40 chochó su automóvil en la ex fuente Mactumatzá contra un taxi. Hubo varios lesionados que iban en el taxi. Cuando llegaron agentes de tránsito sólo condujeron a su casa al borrachín y abusivo dirigente magisterial, pues nunca pisó una agencia del ministerio público.

            El 17 de noviembre de 2016, líderes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del SNTE presentaron querella penal por 2 mil 850 millones cometido al fondo de pensiones del ISSTECH.

            Asimismo, denunciaron nuevamente el fraude por 51 millones 497 mil pesos al patronato del seguro de vida y de retiro de la sección 40, recursos provenientes de la aportación gubernamental, de la burocracia y del magisterio estatal.

            A todos los demandados se les señala como presuntos responsables de los delitos de  abuso de confianza, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones públicas en coparticipación, encubrimiento, peculado y enriquecimiento ilícito y los que resulten, según la querella, iniciada como registro de atención, a la que se le asignó el número 0447-101-1301-2016.

            Según documentó el diario La Jornada ese 17 de noviembre de 2016, "La denuncia fue interpuesta por José Armando Falconi Borraz, Anastacio García Gaitán, Jorge Hilario Hernández García, José Enrique Díaz Fuentes, José Luis Zúñiga Basilio y Alberto Cruz Cruz, representantes de la AED, que según estos líderes agrupa a 17 mil disidentes de los cerca de 25 mil integrantes de la sección 40, afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación"

            El influyente diario nacional cita, en nota firmada por el periodista Helio Enríquez,  que  "Ellos informaron que el secretario general de la sección 40 del SNTE, Julio César León Campuzano, renunció al cargo el 18 de noviembre, un día después de que un agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la PGJE, inició la carpeta de investigación correspondiente. En su lugar fue designado Ángel Paulino Canul Pacab como delegado especial.

            Días después fue relevado también el director del Isstech, Jorge Ross Coello –quien ocupó el puesto seis años–, y fue sustituido por Eduardo Thomas Ulloa".

            Enríquez agrega, contundente: "En la denuncia, cuya copia tiene La Jornada, los inconformes aseguraron: se sabe que existen nóminas confidenciales para los ex directores generales y secretario de los diferentes comités ejecutivos de la sección 40; se comprueba con estudios actuariales el desfalco o asalto que ha sufrido el Isstech en diversos periodos de gobierno e inclusive el desvío de recursos para campañas políticas.

            Días después de que la querella fue aceptada, la AED afirmó en un comunicado que 80 mil derechohabientes del Isstech son los agraviados por el robo de instrumentos y material quirúrgico, altos sueldos de funcionarios, incapacidades de 235 días para trabajadores protegidos, robos millonarios por la compra de medicamentos caducos, pago de instalaciones para oficinas y clínicas ficticias en distintas ciudades de Chiapas".

            Y sostiene lo siguiente:

            Saqueo para campaña de Peña

            Asimismo, millonarios pagos de viáticos y por concepto de limpieza, saqueo millonario del Grupo Financiero Monex para la campaña política de Enrique Peña Nieto y mil 600 millones de pesos perdidos en la Bolsa de Valores mediante la empresa Merrill Lynch y Mayra Guerrero, prima del ex gobernador Juan Sabines Guerrero.

            En la demanda penal, los representantes de la AED sostienen que debido a lo anterior, el Isstech, creado en 1981, tiene déficit económico, por lo que ha cancelado lo préstamos, medicamentos y atención de especialistas para los derechohabientes, ya que les adeudan varios meses de salario, derivado de distintas formas de corrupción, como la ausencia de licitaciones en la compra de medicamentos y material de curación, la bursatilización de los fondos de pensiones y jubilaciones, entre otras".