La OCEZ RC se instaló en plantón indefinido en la plaza catedral de San Cristóbal de Las Casas, hasta que se cumpla con los acuerdos que han firmado para retornar a 150 familias a los predios de donde fueron desalojados.

Juan Sebastian Espinosa Arias, vocero de la organización, aseguró que también exigen el pago inmediato de 581 hectáreas y la agilización de solicitud de tierras.

Dijo que a 60 días de haber sido desalojadas las familias del predio La Primavera, Francisco Villa del municipio Las Rosas; Unión El Refugio de Venustiano Carranza, y Francisco Villa del municipio de Amatenango del Valle  y del Predio Las Granadas en noviembre de 2016, se encuentran acampadas en el tramo de carretera El Cascajal, sufriendo las inclemencias del tiempo, pasando hambre mujeres y niños.

Dijo que han sido atendidos en mesas de diálogo con el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien a la vez comisionó al subsecretario Jorge Utrilla y Rafael Góngora Aguilar, así como el secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco.

En esas reuniones las autoridades se comprometieron a cancelar toda orden de aprehensión en contra de sus compañeros, la reactivación inmediata de la pensión vitalicia de sus compañeras viudas y lesionados José Santos López Aguilar, María de la Cruz Gómez y Natalia Hernández Solano.

Asimismo, la regularización del transporte en modalidad de taxi, mototaxis y camiones de bajo tonelaje; comprometiéndose a respetar las rutas sin aplicar ningún operativo.

En el tema productivo, el gobierno se comprometió a instalar una mesa de trabajo con la presencia del secretario del Campo y otras mesas de educación, salud, infraestructura y vivienda.

En el campamento se encuentran comisiones de los diferentes grupos de desplazados

La OCEZ RC exigió al gobierno una investigación profunda de la agresión que sufrieron a balazos miembros de la ONPP/Chiapas, la madrugada de este lunes en el municipio de Venustiano Carranza.

Mediante un pronunciamiento a la opinión pública y los gobiernos federal y del estado de Chiapas, piden castigo a los responsables materiales e intelectuales de esos hechos. Asimismo, exigen desarme y aplicación de la ley a los grupos paramilitares. Ni un activista político ni luchador social más muerto.

Confirman que este lunes a eso de las 4:30 de la mañana, un grupo de pistoleros paramilitares rafaguearon con armas largas a sus compañeros militantes de la Onpp/Chiapas, que se encontraban cuidando las tumbas de sus muertos en el panteón comunitario de Cruzton, del municipio de Venustiano Carranza.

En la violenta agresión asesinaron a Guadalupe Huet Gómez, habitante de dicha comunidad, en donde los paramilitares parapetados en árboles y en los potreros no permiten la entrada de ambulancias ni de la policía para recoger el cuerpo del compañero muerto.

Este grupo agresor ya con anterioridad había causado destrozos en el panteón, destruyendo tumbas, rompiendo cruces, robándose la herrería, etc., lo que motivó a los familiares a cuidar el santo entierro de sus ancestros.

Igualmente, estos sicarios tienen invadidas pequeñas propiedades alrededor de la comunidad de Cruzton, existiendo ante los Ministerios Públicos las carpetas de investigación correspondientes.

Anota la organización que por eso, en un recorrido por los predios se encontró un sembradío de marihuana, que fue denunciado ante la PGR para la investigación judicial correspondiente.

Dijo que de todos estos hechos tiene conocimiento autoridades municipales, pero han sido omisas ante la violencia desatada por los grupos paramilitares y la delincuencia organizada en la entidad.

LUCHA ANCESTRAL

En el municipio de Venustiano Carranza existe una lucha ancestral entre caciques, latifundistas y nativos, siendo la tierra el principal detonante. Invasiones, desalojos y violentos enfrentamientos forman parte del escenario que vive esa región que, como varias otras de Chiapas, está contaminada de violencia a raíz de la feroz lucha por la posesión de las tierras.

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 Jonhatan del Carmen González Pérez, coordinador de la OCEZ-RC, sostuvo que preparan una jornada de lucha  para realizar actividades en los diferentes municipios donde tienen presencia como organización, sobre todo porque en Chicomuselo están viviendo represión por un grupo de choque.

Aseguró que desconocen quién o quiénes encabezan ese grupo de choque, por lo que hizo un llamado al gobierno que los escuche y resuelva en sus demandas.

Confirmó que actualmente mantienen una mesa de negociación con el gobierno del estado, donde han solicitado el retorno inmediato de las familias de tres comunidades desplazadas, que se mantienen ahora en campamento en la zona de El Cascajal del municipio de Venustiano Carranza, donde la gente está aguantando lluvia y padeciendo enfermedades.

Sostuvo que están esperando respuesta, aunque saben que si el gobierno tuviera la voluntad de resolver el problema, sus compañeros ya hubieses regresados a posesionarse de los predios de donde fueron desalojados.

Reveló que para el retorno de una de las comunidades las autoridades solamente tendrían que firmar un papel, pero hasta ahora continúan en el campamento.

Este lunes se sumaron a la marcha mitin, convocada por la CNTE, para exigir las demandas que ya plantearon ante la Secretaría de Gobierno, sobre todo que se ha vencido el plazo que dieron las autoridades para darles respuestas.

Reveló que han planteado al gobierno se cite a los propietarios de los predios de donde fueron desplazados, para poder llegar a un acuerdo, pero no lo han hecho.

Anotó que en la última ocasión que se sentaron al diálogo con el secretario de Gobierno, éste se comprometió a resolver el tema de los desplazados, con el pago inmediato de 581 hectáreas que mantenían en posesión desde 1995