Tuxtla Gutiérrez, Chiapas — En medio del dolor por la pérdida de su hijo, un joven normalista recientemente fallecido, su padre lanzó un llamado urgente a la Escuela Normal Rural Mactumactzá y a su comité estudiantil: evitar que más estudiantes sean puestos en riesgo durante movilizaciones o protestas.

“No quiero que les pase lo que le pasó a mi hijo”, declaró visiblemente afectado, al tiempo que pidió a la comunidad escolar priorizar la seguridad e integridad de los alumnos por encima de cualquier causa.

El mensaje fue compartido a través de medios locales y ha generado una ola de reacciones entre la sociedad chiapaneca, donde persiste la preocupación por la participación de jóvenes en actividades de alto riesgo, especialmente en el contexto de protestas estudiantiles.

Hasta el momento, las autoridades educativas y el comité estudiantil no han emitido una postura oficial respecto al llamado del padre.

El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad institucional en la protección de los derechos y la vida de los estudiantes, así como la necesidad de buscar vías de protesta que no comprometan su integridad.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas — Dos menores de 11 y 4 años, originarios de San Cristóbal de Las Casas, fueron rescatados por autoridades luego de haber sido vistos deambulando y deteniendo vehículos sobre la carretera rumbo a Cintalapa. Los niños llevaban aproximadamente diez días viviendo en la calle, tras la trágica muerte de sus padres.

El hallazgo ocurrió gracias a la intervención de una persona que circulaba por la zona y, al notar que los menores se encontraban completamente solos y en condiciones vulnerables, decidió alertar a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, luego del fallecimiento de sus padres, los hermanos quedaron bajo el cuidado de una tía. Sin embargo, por razones aún no esclarecidas, ambos decidieron huir del domicilio, iniciando así un periodo de supervivencia en la vía pública.

Actualmente, los menores se encuentran bajo la protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Cintalapa, donde reciben atención médica, psicológica y resguardo.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos, garantizar el bienestar de los niños y definir su situación legal y familiar.

Este caso ha generado conmoción en la comunidad local y ha reavivado el llamado a fortalecer las redes de protección a la infancia en situaciones de vulnerabilidad extrema.