Agencia Informativa Cambio.- En la reunión ordinaria de la mesa de seguridad de San Cristóbal de Las Casas, celebrada el pasado 23 de febrero del año en curso, se informó oficialmente y quedó registrado en la minuta de novedades y alertas que el gerente general y apoderado legal de la Caja Popular San Juan Bosco es el Lic. Enoc Hernández Cruz.

El documento en mención, fue firmado por representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal y representantes de todas las corporaciones de seguridad, con presencia en la región de los Altos de Chiapas.

En apego a la ley de transparencia, se tuvo acceso a dicha minuta donde todos los asistentes fueron enterados en el punto número 10, sobre el informe que presentó al respecto la delegada de gobierno Angélica María Domínguez Velasco.

En ese informe se destacó que en reunión de trabajo celebrada el día 22 de febrero, la delegada del Registro Público de la Propiedad se reunió en la delegación de gobierno con un grupo de personas que dijeron ser directivos de la Caja Popular, a quienes les explicó que el acta de asamblea celebrada el pasado 10 de diciembre de 2022 no fue inscrita porque presentó inconsistencias e irregularidades que violan el código de comercio y diversas disposiciones legales.

Así mismo, les dio a conocer que la única persona que cuenta con personalidad jurídica para ostentarse como gerente general y apoderado legal de la Caja Popular San Juan Bosco es el licenciado Enoc Hernández Cruz.

En esta reunión de la mesa de seguridad se informó únicamente quien es el gerente general y apoderado legal reconocido por las autoridades, pero nada se dijo de los registros de atención que obran en poder del ministerio público.

Ahí se ventilan las demandas penales por suplantación de identidad, asociación delictuosa, daños en propiedad ajena, lesiones, y fraude por más de 54 millones de pesos en contra de José Antonio Flores López, Hugo y Francisco Chambé Morales, Félix Carlos López Martínez, Gerardo Suárez Cruz, Javier Méndez Suasnavar, José Jiménez Gómez, José Eduardo Flores, Luis Arturo Flores, Hugo Villareal, entre otros.

Trabajadores de la Caja Popular San Juan Bosco, al servicio de José Antonio Flores, acudieron al parque central de San Cristóbal para tratar de boicotear la reunión informativa de socios interesados en que se conozca la verdad de lo que está pasando en la Cooperativa.

Desde un vehículo Octavio Abran Tobilla López, ex gerente de auditorías estuvo coordinando a mujeres y hombres que fueron desplegados alrededor del sitio donde se realizó la asamblea, para intentar descalificar el esfuerzo que Federico Zepeda Cancino, entre otros, realizaron con la finalidad de que la verdad salga a flote.

Por el temor que existe que los socios se organicen y exijan una auditoría contable y financiera, así como la aplicación de la ley, los empleados que en complicidad con José Antonio Flores, desaparecieron en 20 días más de 15 millones de pesos en efectivo del fondo revolvente que estaba en las 16 sucursales, este sábado intentaron inútilmente de sabotear la reunión de socios que aglutinó a una buena cantidad de ellos.

Los inconformes a pesar del hostigamiento de los empleados de José Antonio Flores, acordaron volver a reunirse, invitar a más socios y manifestarse afuera de la sucursal de María Auxiliadora que es la más grande de la Caja Popular, “porque si no presionamos ahorita se van a robar el dinero y luego ni caso nos van hacer”.

* Rodolfo Andrés Domínguez, se burla en redes sociales de haberle ganado un amparo al Gobierno y al Congreso del Estado.

* En años recientes fue destituido por corrupto de la Dirección General de Notarías y ahora ataca al Gobierno desde el anonimato del desempleo.

De manera irresponsable y frívola, cerca de 100 millones de pesos de la Caja Popular San Juan Bosco, han comprometido el grupo de ex consejeros, Félix Carlos López Martínez y Javier Valdiviezo Sánchez, por concepto de asesoría jurídica profesional con el abogado de Yajalón Rodolfo Andrés Domínguez Constantino, para que les ayude a recuperar lo que consideran su negocio y los privilegios que les fue despojado -según dicen- desde el 17 de agosto de 2022.

Dicho leguleyo, quien con cinismo se burla de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado en su cuenta Facebook, por haberles boicoteado a través del juicio de amparo la Ley de Responsabilidad Patrimonial Estatal, en sus ansias de novillero se olvida que al dueño del rancho no se le puede ganar ni el saludo, mucho menos un tema de orden legal.

Envalentonado por estropearle una ley al Gobierno de Chiapas y al Poder Legislativo, “tengo el gusto de ser el abogado que generó la demanda de amparo que deriva en esta sentencia”, dice en su publicación, donde se burla de quienes participan en el proceso legislativo de las iniciativas de Ley que el titular del poder ejecutivo envía al Congreso del Estado.

Este abogado de marras, fue en el pasado reciente encargado de la Dirección del Archivo General y Notarias del Estado, donde se confabuló con el Notario Público número 136 Alejandro Orantes Coello (fallecido), para defraudar con escrituras apócrifas a cientos de personas de bajos recursos económicos de San Cristóbal de Las Casas, quienes pagaron de 3 a 65 mil pesos para regularizar escrituras y nunca lograron su objetivo, según lo denunció ante la prensa Evangelina Gómez Gutiérrez, en representación de los afectados.

Las familias afectadas por la ineptitud y la corrupción, denunciaron haber pagado de 3 hasta 65 mil pesos por escritura y no recibieron nada, en esta denuncia se encuentra involucrado Rodolfo Domínguez.

Las más de 200 familias afectadas pertenecen al Barrio de María Auxiliadora, El Relicario, La Garita, Barrio de Guadalupe y de la Colonia 31 de Marzo, entre otras, según lo denunció el profesor Ranulfo Ruiz Pérez, del Comité de Colonias de la zona Sur de San Cristóbal (Cocosur).

Al documentarse las denuncias de corrupción, tráfico de influencias y por obtener ingresos millonarios para favorecer dictámenes donde tenía conflictos de intereses, violando así la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el Gobernador del Estado ordenó detener a funcionarios de esa área de la Secretaría de Gobierno.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, detuvo a cinco ex funcionarios acusados de tráfico de influencias, entre los que se encontraba Giovanny Alexander Campos Amaya, el ex subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría de Gobierno de Chiapas.

Hoy en el anonimato del desempleo, Rodolfo Domínguez Constantino, acostumbrado a “los grandes negocios” logró que un grupo de personas que perdieron su calidad de socios y de directivos en la Caja Popular San Juan Bosco, le firmaran un contrato leonino y con cláusulas abusivas, donde se establece que de ganar el litigio para recuperarles su empresa, él recibirá un pago por honorarios de aproximadamente 100 millones de pesos.

Para fortuna de la Cooperativa y de los Socios, el grupo que firmó a nombre de la Caja ese contrato ya no son socios, mucho menos directivos y en caso de que el tema se vaya a litigio, los juicios ordinarios mercantiles podrían extenderse por varios años y mientras eso suceda, los ex consejeros deberán pagar de su bolsa todos los gastos y costos que este abogado les vaya exigiendo o corren el riesgo que quiera negociar el tema para su beneficio con el actual Consejo de Administración y ahí dejaría tirados a quienes hoy lo ven como su última carta para recuperar lo que a boca llena llaman “nuestro negocio”.