Agencia informativa Asich.- Los responsables de las sucursales de la Caja Popular San Juan Bosco, en contubernio con José Antonio Flores López, Manuel Maciel Mora, Nolasco José Montoya y Gerardo Edali Aguilar Martínez, desaparecieron en menos de 30 días, más de 15  millones de pesos que tenían en efectivo como fondo revolvente.

Así lo denunció ante el Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigacion y Justicia Restaurativa, el consejo de administración 2023-2027 que preside la maestra Rosa López Moreno, al presentar la promoción correspondiente en el registro de atención 0199-078-0305/2023.

Por otro lado se informó que la compañía mexicana de traslado de valores (Cometra) suspendió todos los servicios que venía prestando a la Caja Popular San Juan Bosco entre ellos el de recolección de dinero en efectivo en todas las sucursales ya que al estar congeladas las cuentas bancarias de la Cooperativa no les permiten realizar los depósitos en Bancomer y Banorte, respectivamente.

Finalmente se dio a conocer que existe la incertidumbre entre los empleados que apoyan al grupo que se apoderó ilegalmente del Corporativo y de las oficinas generales, desde el pasado 2 de febrero con José Antonio Flores López a la cabeza, que no les pagarán ni la quincena ni los vales de despensa al no tener recursos ya disponibles.

• Se fincarán responsabilidades por los daños y perjuicios a José Antonio Flores y sus cómplices.

Ante la renuencia de acatar instrucciones del Consejo de Administración y de la gerencia general de la Caja Popular San Juan Bosco, este lunes fueron cesados de sus funciones la auxiliar de tesorería y los 12 responsables de las sucursales en San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Teopisca, Las Rosas, Comitán, Ocosingo, Chiapa de Corzo y Ocozocoautla.

A través de un comunicado oficial se dio a conocer que no se permitirá que las sucursales sean utilizadas para operar posibles fraudes bajo la dirección del grupo de delincuentes que se mantienen en poder del Corporativo y de las oficinas generales encabezados por José Antonio Flores López.

Las causas para la rescision laboral son la indisciplina, el incumplimiento de obligaciones, falta de lealtad y probidad a la Cooperativa, entre otras. Por lo que de inmediato se procedió a notificar la baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los responsables de las sucursales dados de baja el día de hoy y que ya no forman parte de la base trabajadora de la Caja Popular San Juan Bosco son: María Elena Morales Pineda, Julián de Jesús Ramos Gómez, Ana Karen Bautista Narváez y Reyna de Jesús Sánchez Cruz.

Así como Samuel Iván Ovalle Estrada, Sandra Luz Ovilla Ocaña, Rocio Elizabeth Zepeda Moreno, Victor Hugo Sánchez Paniagua y Elizabeth Cecilia Paniagua García.

Además de Verónica Dolores Villatoro Hernández, Mercedes de Jesús Sánchez Cruz y Ovidio Tamayo Hernández.

A la relación de trabajadores dados de baja se suma Silvia de Lourdes Hernández Vázquez, auxiliar de tesorería.

A los socios ahorradores se les informa que en cuanto se restituya el orden y la legalidad por parte de la Fiscalía General del Estado, se reactivarán los servicios en las sucursales, condonando los intereses moratorios para no afectar el historial crediticio de los socios por vencimiento de plazos.

El daño económico que le han provocado a la Caja Popular San Juan Bosco a consecuencia de los hechos violentos del pasado 2 de febrero a la fecha, podrían rebasar los 132 millones de pesos por afectaciones a los procesos de captación de ahorros y colocación de préstamos.

Se indicó que de todos los daños y perjuicios se hará responsable al autor intelectual y material de estos hechos José Antonio Flores Lopez y a las personas que le acompañan en los actos vandálicos y que están plenamente identificados y denunciados ante el ministerio público.

Para prevenir y evitar que hagan malos manejos de los recursos administrativos, contables y financieros de la Caja Popular San Juan Bosco, la gerencia general cesó de sus funciones a ocho empleados.

Se trata de Manuel Maciel Mora, gerente de cobranza; Nolasco José Aguilar, subgerente; María del Carmen Córdova, auxiliar del banco de pagarés; Gerardo Edalí Martínez, administrador integral de riesgos; Roxana Isabel Bautista, auxiliar de compras; Eduardo Iván Sánchez, auxiliar de mantenimiento; Mercedes del Rocío Aguilar, gerente regional de la zona dos y Pedro Fabian Bermúdez Bonifaz, gerente de educación.

El cese de estos empleados se determinó por indisciplina laboral, pérdida de confianza y deslealtad a la Cooperativa, por lo que de inmediato se procedió a su baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Finalmente, se hizo un llamado a los empleados de la Caja Popular para que eviten mantener la misma posición que los anteriores trabajadores, ya que de hacer caso omiso a las instrucciones que se les ha dado, también serán despedidos porque la determinación es contundente: Poner orden y recuperar la operatividad en toda la Cooperativa.

Los trabajadores saben que su deber es cumplir sus actividades laborales apegadas a la legalidad, pero aquellos que sigan acatando instrucciones del grupo delictivo que se apoderó ilegalmente del Corporativo y de las oficinas generales, serán despedidos de su centro de trabajo porque ponen en riesgo el dinero de los ahorradores, al realizar operaciones financieras de manera ilegal y nulas de todo derecho, se indicó.