* Si los estudiantes no compran los paquetes de libros; directivos, docentes y administrativos tienen que pagarlos.

Directivos, docentes y administrativos de los 338 planteles con los que cuenta el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), fueron informados a través de una circular, que a partir del día de mañana tienen que acudir a las coordinaciones de Zona, para recoger material bibliográfico de editorial Pearson, dirigido a la venta de los estudiantes.

Docentes de diversas partes de la entidad, denunciaron que desde el semestre pasado han sido obligados a vender los libros y si en dado caso, los jóvenes deciden no hacer esa compra, los directivos, administrativos y docentes, tienen que poner el dinero, afectando la economía de los maestros, quienes reciben su pago por hora.

Aunque en reunión con padres de familia, decidieron no hacer la compra de libros, sustentada con acta, las autoridades superiores han hecho caso omiso y obligan a depositar el dinero de los paquetes de libros, cuyos precios oscilan entre $420 (segundo semestre), $360 (cuarto semestre) y $300 (sexto semestre).

Por lo que los maestros de dicha institución, hacen un llamado al gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas para que ponga un alto a los atropellos que se vive actualmente en Cobach, y realicen una auditoría, ya que docentes detectaron en la constancia de retención fiscal del ejercicio 2022, cantidades infladas a favor del patrón, situación que les preocupa.

Finalmente, señalaron que de no resolverse dicha situación se irán a paro laboral, impidiendo que inicie el semestre el próximo 13 de febrero.

Integrantes de el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que la dilación y el burocratismo de autoridades federales impiden el acceso a la justicia para Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

A través de un documento exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  que no se conduzca con dilación y burocratismo, que notifique de forma inmediata el fallo a favor de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya a las instancias e instituciones respectivas.

"La Suprema Corte emitió un fallo a favor de los revolucionarios el 10 de agosto del presente, sin embargo, aún no notifica al Tribunal Colegiado de la Federación para que éste a su vez, pueda notificar a las instancias e instituciones competentes e involucradas para la búsqueda y presentación con vida de Gabriel y Edmundo".

Destacaron que el caso de desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya ejemplifica la política de gobierno para la impartición de justicia en el país, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia a favor de las víctimas y sus familiares van 19 días de dilación para la notificación a las instancias responsables de ejecutar dicha sentencia.

Aseguraron que por la gravedad de este crimen; familiares de Gabriel y Edmundo, organizaciones populares y organizaciones de derechos humanos se mantendrán en el plantón frente a la SCJN para exigir al gobierno federal cumpla el compromiso de garantizar el acceso a la justicia para los miles de detenidos desaparecidos.

Y de manera particular se garantice el cumplimiento de la sentencia emitida sobre el caso de desaparición forzada de ambos revolucionarios, para que sus familiares conozcan y den con el paradero de cada una de las víctimas.

"Le corresponde al gobierno federal exhortar a la SCJN para que agilice el engrose y proceso burocrático en la sentencia emitida el 10 de agosto", acotaron.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) inició investigación contra quien o quienes resulten probables responsables en el delito contra la salud, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, luego de decomisar 14 envoltorios de plástico y 16 paquetes con polvo blanco con las características de la cocaína.

De acuerdo al Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la subsede en Tapachula, Chiapas, recibieron una denuncia anónima, en la que indicaban que por medio de paquetería enviarían droga de Tapachula a Arriaga, los cuales iban ocultos en rollos de cable.

Tras conocer y corroborar el hecho criminal, el Ministerio Público Federal (MPF), solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, se le concediera la solicitud de intervención de comunicaciones privadas (modalidad de apertura de correspondencia), misma que fue autorizada.

Por lo anterior, elementos de la PFM, se dirigieron a una empresa de paquetería, al momento de la inspección y con el apoyo de dos binomios caninos, localizaron una caja de cartón con catorce envoltorios de plástico de forma rectangular, los cuales contenían un polvo blanco con las características de la cocaína y en dos bobinas de cable localizaron 16 paquetes de forma rectangular, los cuales contenían también un polvo blanco con las características de la cocaína.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito contra la salud y solicitó el dictamen en materia química.