Feligreses denuncian cierre de iglesia en San Cristobal de Las Casas
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De acuerdo con los primeros reportes, el sacerdote salió ayer a oficiar misa en una comunidad cercana; sin embargo, al no regresar, fue reportado como desaparecido. Durante la madrugada, pobladores localizaron la mochila del religioso, lo que encendió la alerta entre habitantes de la zona.
Minutos más tarde, autoridades y habitantes confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del párroco.
Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones e informar oficialmente sobre este lamentable suceso.
El hecho ha causado consternación y luto entre la comunidad religiosa de la región de Mezcalapa, donde el sacerdote era ampliamente conocido por su labor pastoral.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- 25 de enero de 2026.-El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, reconoció que en los últimos dos años ha disminuido la violencia en Chiapas, aunque advirtió que en algunas regiones del estado aún persisten hechos de inseguridad, por lo que urgió a las autoridades a aplicar la ley para garantizar la paz en todos los territorios.
Lo anterior fue señalado en el marco del 15 aniversario luctuoso del obispo emérito Samuel Ruiz García, quien durante más de cuatro décadas encabezó la Diócesis local y destacó por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chiapas.
Durante una conferencia de prensa, integrantes del Pueblo Creyente recordaron que en el sexenio anterior se registró un incremento de la violencia en la entidad, con miles de personas desplazadas y ataques armados en regiones como la Frontera, Sierra y Norte del estado, además de reiterar su exigencia de justicia por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido también en ese periodo.
En el encuentro, el obispo Aguilar Martínez informó que cinco indígenas tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, quienes permanecían privados de la libertad, lograron su liberación a finales de 2025, como resultado de las movilizaciones impulsadas por la Diócesis y diversas organizaciones sociales.
Asimismo, el Pueblo Creyente denunció el aumento de cantinas legales y clandestinas en diversos municipios, así como la venta de drogas, lo que indicaron ha derivado en mayores problemas de alcoholismo, drogadicción, prostitución y violencia intrafamiliar en las comunidades.
También expusieron problemáticas económicas que afectan a los pueblos campesinos, como el bajo precio de los granos básicos, los altos costos de productos de primera necesidad y las elevadas tarifas de energía eléctrica, por lo que exigieron condiciones más justas para las familias.
Finalmente, el obispo Rodrigo Aguilar reiteró que, aunque se percibe una mayor tranquilidad en el estado, es necesario reforzar las acciones para que la paz sea una realidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
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