·         El legislador Pablo Escudero aseguró que la impugnación que presentarán será por invasión de competencias en materias educativa y salud; controversia la presentará en la SCJN

Por considerar que la Constitución de la Ciudad de México tiene posibles invasiones a la competencia del Congreso de la Unión en materias educativa y salud, el Senado de la República anunció que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un comunicado, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Pablo Escudero, indica que el artículo 8 de la Constitución local titulado Ciudad Educadora y del Conocimiento contraviene al artículo tercero de la Carta Magna.

Además, señala que el documento capitalino también interfiere con algunos preceptos de la Ley General de Educación, ya que la Asamblea Constituyente, sin facultad alguna, dio atribuciones educativas a las delegaciones en la capital, cuando éstas son exclusivas de las autoridades federales.

En tanto, detalla que tras una revisión y análisis, también el artículo 9, titulado Ciudad Solidaria, viola los artículos 4 y 73 federales, así como los 235, 236 y 237 de la Ley General de Salud.

Lo anterior porque en el apartado D.7 de ese artículo se establece que a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa.

A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable”, dicta el artículo 9 de la Constitución de la CDMX.

Sin embargo, ésa es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión, aseguró el legislador Escudero.

El Senado de la República se suma a los interpuestos por la Presidencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.

Las impugnaciones de estas instituciones son por la invasión de facultades exclusivamente federales.

Durante las primeras horas de este jueves, elementos del grupo interinstitucional encabezaron un operativo pacífico que permitió la restitución de un predio al interior de la Reserva Natural Cañón del Sumidero.

En estas acciones participaron elementos de la Policía Especializada de la PGJE, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), así como personal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, Fiscalía Especializada en Grupos Sensibles y Vulnerables, y Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Además, representantes de la Secretaría General de Gobierno, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El Fiscal de Distrito Metropolitano, Nery León Aragón, dio a conocer que la restitución del predio responde a una denuncia formal y que en todo momento se privilegió el diálogo con los invasores.

Asimismo, sostuvo que “todos sabemos que la Reserva Natural Cañón del Sumidero es un pulmón no sólo para Chiapas, sino para México, por lo cual estamos obligados a defender todos y no permitir asentamientos que atenten contra el equilibrio ecológico”, afirmó.

Por otra parte, León Aragón señaló que la Procuraduría trabaja de la mano con las instancias estatales y federales para prevenir y combatir los delitos ambientales en todas las regiones de la entidad.

Cabe destacar que, las personas que se encontraban en el asentamiento desalojaron la Reserva Natural de manera pacífica, por lo que posteriormente fue restablecido al Gobierno Federal como su legítimo propietario.

En este operativo fueron detenidos Mario “N”, Humberto “N”, Dilan “N”, Homero “N”, Óscar “N”, Salatier “N”, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de Distrito Metropolitano para que sea la autoridad competente quien resuelva su situación jurídica.

De esta forma, el Gobierno de Chiapas refrenda el compromiso de velar por el Estado de Derecho y garantizar el acceso a una justicia integral, sin distingo alguno.

En una acción coordinada entre el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), así como de la Procuraduría General de la República (PGR), se recuperó de manera pacífica el predio Río Blanco que se mantenía ocupado por personas de forma ilegal.

La recuperación del predio, que pertenece a la Cuenca del Cañón del Sumidero, se dio en completo orden y contó con la participación de 980 efectivos de las corporaciones antes mencionadas.

La zona recuperada se encuentra ubicada cerca de la colonia Paulino Aguilar Paniagua de la capital chiapaneca, donde se desmantelaron 46 viviendas irregulares improvisadas con cartón y madera, las cuales representaban un peligro al ecosistema aledaño al Cañón del Sumidero.

“En esta Administración hemos recuperado más de 13 predios que estaban ocupados ilegalmente, porque tenemos el firme compromiso de que seamos una ciudad segura, donde se cuida el medio ambiente, se respetan los derechos de todos y donde haya certeza jurídica a los inversionistas”, señaló Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Cabe señalar que este trabajo coordinado se realizó con total apego a la ley y respetando en todo momento los derechos humanos de las personas que ilegalmente ocupaban el predio, además de que todo se hizo ante la presencia del Notario Púbico número 11, Eugenio de Jesús Orantes Lescieur quien dio fe y legalidad al operativo.

QUE SE APLIQUE LA LEY

Por otro lado, diversas organizaciones cívicas solicitar a la Procuraduría de Justicia del Estado abrir carpetas de investigación porque atrás de cada grupo invasor sin duda hay líderes que los manipulan y se aprovechan de las necesidades de los pobres.

De acuerdo a las opiniones, se debe actuar con estricto apego a la ley para impedir que en la capital se sigan cometiendo invasiones,  como ocurrió en los gobiernos del PRI y del PAN, porque contaron con la complicidad de las autoridades municipales.

La procuraduría debe ir tras los pillos y sinvergüenzas que incitan a las invasiones, porque ellos sin duda se enriquecen con los problemas sociales. Una cosa es la necesidad de vivienda y otra muy distinta es cometer ilegalidades, señalan tuxtlecos entrevistados por Primera Edición.