El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", (Frayba), denunció que la militarización no resuelve la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en México.

A través de un comunicado indicó que a más de 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, persiste el riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán en Chiapas.

“La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad, un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998”, aseveró.

Refirió que la presencia del ejército mexicano en las comunidades han significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía.

“El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario del Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal, Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivó a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos, esto durante el gobierno de Manuel Velasco Coello”, aseguró el Frayba.

Así también recordó que la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la cabecera de Chalchihuitán en diciembre de 2017, no detuvo el asedio de grupos armados y tampoco garantizó ayuda humanitaria integral a las 5 mil 266 personas víctimas de desplazamiento forzado de 9 comunidades de Chalchihuitán y una de Chenalhó.

"El 1 de mayo de 2018 se instaló una BOM en Saclum pero persistieron las agresiones con armas de fuego, 17 de las 22 personas asesinadas de Santa Martha y 2 de las 5 personas asesinadas de Aldama fueron en ataques posteriores a la instalación de elementos policiacos y militares en la zona, lo anterior, con la omisión de militares de la VII Región Militar al mando del Comandante Carlos Ramón Carrillo del Villar", mencionó.

Destacó que el 23 de enero de 2019 se instaló una BOM, en la comunidad de Coco, en el municipio de Aldama, en donde los soldados de la VII Región Militar son los responsables de garantizar la seguridad a la población de Aldama y Santa Martha, esta medida "disuasiva" también fracasó, las fotografías de militares en el paisaje campesino denota una zona de guerra en un país que se dice “democrático.”

“La población más vulnerable en medio de la crisis humanitaria por conflictos administrados por el Estado mexicano, son las mujeres con sus hijos e hijas; en desplazamiento forzado, sin atención médica, sin acceso a la escuela, sin alimentación adecuada, bajo la amenaza de disparos cuando transitan por los senderos o incluso en su casa, el 16 de enero de 2019, Apolonia Santíz López, fue herida cuando se encontraba en su patio, en la comunidad Cotsilnam, hasta el momento la bala permanece en su pómulo por no tener acceso a una adecuada atención en salud", aseguró.

Otra víctima dijeron es Rosa Hernández de 65 años de edad, quien recibió una herida de bala el 23 de febrero de 2019, mientras se encontraba cortando leña en Tabak, y el 24 de marzo de 2019 un niño de 3 años resultó herido durante un ataque armado también en Tabak "uno de los disparos atravesó la tabla de una casa donde se encontraba el menor Armando Santos.

Finalmente el organismo afirmó que la población de comunidades que han sido desplazadas en Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, se encuentran en terror constante ante el miedo del accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó, por lo que urge se investiguen a estos grupos civiles armados con el fin de lograr su identificación, desarme y desarticulación.

La libertad religiosa en Chiapas es letra muerta

“Exigimos una nueva apertura de diálogo, de paz y gobernabilidad dentro del marco jurídico, reclamamos  en este día 21 de marzo que se conmemora la libertad religiosa, que en Chiapas sigue siendo letra muerta,  se respete la libertad de credo para convivir todos en armonía”, aseveró el líder de la organización evangélica Ejército de Dios, Esdras Alonso González.

En entrevista pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se abran los expedientes de intolerancia religiosa en la entidad, donde ha habido una serie de agravios y despojos “me da vergüenza que hablen del estado de derecho cuando lo están pisoteando, ahora que se está hablando de la no impunidad por lo menos en la región de los Altos, estamos evidenciando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque lamentablemente han seguido protegiendo intereses de caciques y encubriendo  a delincuentes en esta región”.

Informo que la CNDH, emitió una recomendación al ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas hace siete años, por los hechos que se cometieron de violencia evangélica en Los Llanos, se siguió el procedimiento y se emitió una resolución final el día 28 de febrero de 2019, en donde se llega a la conclusión de que no se violó ningún derecho y que el ayuntamiento municipal cumplió con  todos los requerimientos que se pidieron.

“Como Ejercito de Dios desmentimos y aclaramos a la CNDH que no se vale mentir cuando los desplazados fueron reubicados a otros lugares, fueron despojados de sus propiedades,  hubo una  serie de violaciones y averiguaciones previas que quedaron sin terminar, pedimos al presidente de la república que reconsidere que la estructura de la CNDH ha sido un elefante blanco en el país, desde los últimos 25 años sus recomendaciones solo han servido para que se estén riendo de las comunidades las minorías que han violados sus derechos”, manifestó.

Acompañado de evangélicos desplazados del Ejido Matamoros municipio de Venustiano Carranza, indicó que son 32 familias las afectadas quienes desde el 2015 fueron despojados de 100 hectáreas de terreno, “son evangélicos de dos dominaciones, los líderes de sus movimientos han guardado silencio y les han dado la espalda, los dos grupos son: Luz del  Mundo y Movimientos Pentecostenses,  estos últimos muy afines al gobierno y que  en su momento no abrieron la boca para defender  los intereses de su gentes”.

Finamente Alonso González, sostuvo que estas familias están sufriendo ya que les quitaron  sus terrenos y los servicios públicos, “queremos manifestarle al gobernador que no haga caso omiso y atienda a los evangélicos, están en un estado de indefensión los niños y las señoras desde el 2015”.

Se manifiestan durante la ceremonia del Natalicio de Benito Juárez.

Alrededor de 150 personas representantes de barrios, colonias, fraccionamientos e integrantes de la organización Frente Popular Sentimientos de la Nación que agrupa a varias comunidades de la zona rural, se manifestaron la mañana de este jueves, para exigir una vez más la destitución de la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas Jerónima Toledo Villalobos y del síndico Miguel Ángel de los Santos, por la incapacidad  para gobernar. 

Los inconformes se manifestaron durante la ceremonia del natalicio de Benito Juárez García, benemérito de las Américas, que se llevaba a cabo en el parque de los Héroes. Recinto resguardado por elementos de la Policía Municipal, quienes al ver que los manifestantes se acercaban cerraron las rejas para impedirles el paso. 

Durante su intervención Adolfo López Gómez, habitante de la zona norte de la ciudad, dijo que el actual Ayuntamiento no le rinde cuentas al pueblo sancristobalense, citando como ejemplo la cantidad de 286 millones de pesos que el Congreso de la Unión tenía etiquetado para una obra de andador turístico del parque central de esta ciudad al barrio de la Isla. 

“Ese recurso era para San Cristóbal, pero por la negligencia de las autoridades municipales, ese dinero no se pudo cobrar, la población quiere conocer el proyecto o el plan de trabajo de desarrollo municipal 2018-2021, en sus diferentes direcciones tanto urbano como rural, la frase de hoy como ayuntamiento es: “Caminemos Juntos”, pero la ciudadanía sancristobalense no puede caminar con la presidenta y varios regidores que ni siquiera son de San Cristóbal, no conocen la ciudad, menos sus culturas ni tradiciones”, aseveró. 

Así también indicó que en la ciudad ha crecido la delincuencia, los homicidios de ambos géneros, los secuestros, robos, la ocupación irregular de los espacios públicos en la ciudad, y que hasta la fecha la titular de Servicios Públicos Municipales Margarita Gutiérrez Romero, no ha hecho nada para buscar una solución a este grave problema que es el ambulantaje. 

Por todo lo anterior, este grupo de ciudadanos inconformes pidió la destitución de todo el cabildo municipal sustentado en el artículo 39 constitucional; “en términos generales, el pueblo pone y el pueblo quita, fuera Jerónima, fuera Miguel Ángel y todo el ayuntamiento”. 

Finalmente instalaron en diferentes puntos de la ciudad, mesas de recepción de firmas que serán entregadas a las autoridades competentes, para solicitar la destitución del cabildo y se forme un concejo municipal, "tenemos como meta conseguir 13 mil firmas, se que lo vamos a lograr porque hay mucha inconformidad de la ciudadanía, los invitamos a que se acerquen para firmar y sacar a estas autoridades municipales que son incapaces de gobernar nuestra ciudad".