La mañana de este jueves familiares y mártires de Acteal de la Organización Civil Las Abejas, se manifestaron pacíficamente frente al palacio municipal de Chenalhó, para denunciar el hostigamiento y violaciones de los derechos humanos por el ayuntamiento y agentes comunitarios en contra de sus agremiados.

Así también para pedir a las autoridades locales abran el diálogo antes de que sucedan hechos violentos como lo ocurrido hace 25 años en Acteal. En conferencia de prensa, señalaron que estas violaciones van desde el corte de luz, agua, privación ilegal de la libertad y multas elevadas por falsas acusaciones a miembros de su organización.

Los denunciantes urgieron la intervención del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, en esta problemática que cada día se agrava en la comunidad Campo Los Toros, Bach’en y Nuevo Yibeljoj, municipio de Chenalhó.

“Le decimos al presidente municipal que estos hechos que viven nuestros compañeros, son casos de emergencia y de gravedad que pueden constituir situaciones de desplazamientos forzados”, indicó Antonio Gutiérrez, coordinador de la organización Las Abejas de Acteal.

Los sobrevivientes recordaron cómo se fue gestando la violencia en 1997, cómo las autoridades minimizaron esos pequeños problemas que después se magnificaron, por lo que hoy pidieron al presidente de Chenalhó Abraham Cruz Gómez, no cometer los errores de las pasadas autoridades.

“Hoy al igual que hace 25 años, a pocos días de cumplirse la cruel masacre de Acteal, venimos aquí a la cabecera municipal de Chenalhó para advertirle al presidente municipal Abraham Cruz Gómez, familiar y vecino de Jacinto Arias Cruz, de la colonia Puebla y a todo el ayuntamiento, que no sigan el ejemplo y camino que tomó su antecesor del año 1997”, aseveraron.

Cabe destacar que durante la conferencia, hombres y mujeres en su mayoría cargaban las cruces de los 45 muertos y cuatro nonatos, masacrados en el ejido Acteal durante un ayuno para lograr la paz en 1997, como símbolo del recordatorio y protesta de los hechos violentos.

Maestros del Nivel de Educación Indígena de la sección 7 del SNTE en la región Altos de Chiapas, denunciaron que han sido violentados sus derechos laborales al no ser recibidos de manera presencial por la solicitud de cadena de cambios que se está realizando en la Secretaría de Educación, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista Sergio Gómez Martínez, coordinador regional de la zona Altos, dijo que repudian las acciones de funcionarios de la Secretaría de Educación ante la negativa de resolver los problemas de la cadena de cambio que han solicitado varios maestros de diferentes niveles de educación y que hasta la fecha no han sido recibidos de manera presencial.

"Como maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI), condenamos enérgicamente la actitud de la Secretaría Educación, ya que son más de 2,000 maestros que han solicitado su cambio, porque algunos llevan trabajando más de 30 años y lo más grave de todo esto es que los están atendiendo de manera virtual y muchos no pueden conectarse, es por eso que estamos denunciando está anomalía", denunció.

Ante esta situación exigieron qué a los más de 2,000 solicitantes los atiendan de manera presencial, "los funcionarios están manifestando que es por la pandemia pero nosotros como maestros ya sabemos que no nos quieren atender", acotaron.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México), manifestaron su preocupación por los actos de criminalización hacia el Padre Marcelo Pérez Pérez, por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.

A través de un comunicado señaló que el Padre Marcelo Pérez Pérez, es un reconocido defensor de derechos humanos y que como párroco de Simojovel y Coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ha realizado innumerables acciones de defensa de derechos humanos.

En este sentido, ha venido trabajando con los pueblos tsotsiles, tseltales, zoques y mestizos, acompañando procesos de defensa de la tierra y territorio, mediando en conflictos y acompañando comunidades desplazadas.  A su vez, el Padre acompaña a personas migrantes, así como a personas defensoras que han sido criminalizadas por su trabajo de defensa de derechos humanos, agregó el Frayba.

Destacó que por su actividad de defensa de derechos humanos, el Padre Marcelo ha sido víctima de deslegitimaciones, difamaciones y descrédito constante; desde el inicio de este año las agresiones se han intensificado, prueba de ello son las declaraciones y señalamientos que ha realizado un funcionario público municipal recientemente electo.

Refirió que la situación de riesgo del Padre Marcelo por su actividad de defensa de derechos humanos se ve reflejada en el otorgamiento de las medidas cautelares número MC-506-14 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016; dichas medidas siguen vigentes actualmente, siendo imprescindibles, aunque no suficientes para que él pueda continuar con su actividad de defensa en un entorno seguro.

En efecto, la propia CIDH ha afirmado que las declaraciones públicas que deslegitiman y desacreditan el trabajo de personas defensoras de derechos humanos, como el Padre Marcelo, los hace más vulnerables y es obligación del Estado reconocer públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos es un acto legítimo, aseveró.

Finalmente el Frayba y SweFOR México a través del comunicado pretenden llamar la atención al gobierno mexicano sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos por lo que solicitan se reconozca la labor de defensa de derechos humanos y construcción de paz en Chiapas del Padre Marcelo Pérez Pérez y que se evite cualquier acto de autoridad que ponga en riesgo a su persona y a las que él acompaña.