San Cristóbal de Las Casas fue sede de la LVIII Asamblea General de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana).

Informaron que en la asamblea que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la República acordó que ya no tolerara ningún hecho de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos ni en contra de ninguna mujer.

Destacaron que la Asamblea, máxima instancia de decisión de la Red TDT ha asumido una postura de cero tolerancia ante los casos de violencia sexual y de género recientemente denunciados a través del “MeTooActivistasMexicanos”, que en algunos casos han involucrado a hombres de organizaciones que forman parte de la Red TDT.

“Creemos en la palabra de las mujeres que denunciaron partiendo del hecho de que los casos de acoso y abuso sexual se dan en un contexto de privacidad, en donde en la mayoría de las ocasiones el testimonio de las víctimas es la única prueba, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, y fuera retomado por un Juzgado de Distrito mexicano en este último caso el año pasado, el testimonio de la víctima toma especial relevancia ya que esta es la única forma para garantizar que se incorpore una perspectiva de género”, mencionaron.

Las activistas informaron que ante la grave situación de violencia contra las mujeres que viven en el país, y que durante el año 2018 se denunciaron 41 mil 398 delitos sexuales y reconociendo que la violencia sexual no es denunciada por un proceso estructural de estigmatización de las víctimas por parte de las autoridades; se considera urgente tomar medidas contundentes ante los hechos denunciados.

Durante la LVIII Asamblea General de la Red TDT, todas estas denuncias fueron expuestas ante el pleno llegando este a las siguientes determinaciones: se modificaron los lineamientos para integrar en ellos un mecanismo de actuación y un Comité de Acompañamiento a Víctimas de Violencia Sexual de la Red TDT (CAVVS Red TDT), con la participación de defensoras expertas en el tema, para garantizar que todos los casos sean tratados y en su caso sancionados con toda la seriedad que ameritan.

Finalmente exhortaron a todas las organizaciones e instituciones que conforman la Red TDT a que fortalezcan sus mecanismos institucionales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que se traduce en la creación de protocolos o medidas de atención urgentes.

Alrededor de 240 expertos nacionales e internacionales asistieron al 

Congreso de Educación Jurídica (CEEAF:2019), para discutir la agenda actual de la educación jurídica en México, así como para garantizar la formación contemporánea de los juristas del Siglo XXI.

Evento realizado este sábado en diferentes escenarios de San Cristóbal de Las Casas, entre ellos el edificio de la Facultad de Derecho de la Unach, con la participación de profesores, investigadores, directivos universitarios, estudiantes de posgrado y profesionistas interesados en el derecho y la educación.

Dentro de las actividades el Director General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AiDH) Luis Efrén Ríos Vega, participó en el panel inaugural de expertos para discutir: "¿Hacia dónde va la educación jurídica?”.

Los organizadores dieron a conocer que el objetivo general del congreso es facilitar un espacio de colaboración, discusión y reflexión para aquellos interesados en transformar la enseñanza del derecho, con el fin de mejorar la calidad del ejercicio profesional de los abogados y fortalecer el Estado de Derecho.

Cabe señalar que en el congreso se abordaron temas como: Modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura en derecho; desarrollo de competencias docentes; el impacto de la tecnología en la educación jurídica; el sistema de educación jurídica en México y la calidad en las escuelas de derecho; perspectiva de género en la educación y las profesiones jurídicas, así como estrategias didácticas para la enseñanza de áreas específicas del derecho, por citar algunos

El congreso fue organizado por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) en coordinación con diversas universidades de México, entre ellas la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

San Cristóbal de Las Casas.- Las Brigadas Civiles de Observación, documentarán violaciones a derechos humanos en contexto de militarización, en el municipio de Chicomuselo.

Así lo dieron a conocer a través de un comunicado, en donde señalaron que el 30 de enero del año en curso, las Brigadas Civiles de Observación de Derechos Humanos, (BriCo), iniciaron trabajos de documentación en la cabecera municipal de Chicomuselo.

Destacaron que la presencia de observación internacional tiene como objetivo monitorear posibles violaciones a derechos humanos provocadas por la militarización y la persistencia de proyectos mineros en la región, en un contexto de riesgo a la vida, libertad, integridad y seguridad para defensoras, defensores en Chiapas.

Agregaron que las BriCo son un programa implementado en diferentes comunidades, que el Frayba coordina desde hace 24 años, "los observadores de derechos humanos se apegan a lo estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano.

“Brico; tenemos como antecedentes, que el 29 de octubre de 2018, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” (Comité “Samuel Ruiz”) se pronunció en contra de la militarización, ante la resistencia de los pueblos que luchan por defender sus territorios amenazados por diversos mega proyectos, y denunció la intención del Ejército Mexicano de realizar un desfile militar en la cabecera municipal de Chicomuselo, esta demostración de fuerza se pretendía llevar a cabo a pesar de la oposición de comunidades a la militarización, cuya expresión más clara es el cuartel del 101 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano”, aseveraron.

Así también dieron a conocer que en septiembre del 2018 la parroquia de San Pablo y San Pedro en Chicomuselo y el Comité “Samuel Ruiz” denunciaron amenazas de muerte en contra del párroco Eleazar Juárez Flores, anteriormente el sacerdote y el Comité se habían pronunciado a favor de la defensa de la Madre Tierra y en contra de la minería.

Finalmente, las Brico, hiciero un llamado a la población a que se unan a esta búsqueda de la verdad, que denuncien a este organismo todas las irregularidades que prevalecen en el municipio de Chicomuselo.