San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, mantiene especial atención en casos de violencia familiar, abuso sexual, violación y pederastia, delitos que son denunciados en municipios de las regiones indígenas de Chiapas, informó Flor Alma Gómez Santiz, Fiscal de Justicia Indígena.

Destacó que se mantiene especial atención en casos de pederastia y otros delitos contra menores, por lo que se realizan investigaciones incluso cuando los hechos son reportados mediante redes sociales, siempre que existan elementos que permitan presumir la comisión de un delito.

Gómez Santiz, reconoció que las mujeres indígenas enfrentan diversas barreras para denunciar, entre ellas el desconocimiento del español, analfabetismo, dependencia económica y condiciones sociales y culturales. Por ello, la Fiscalía cuenta con traductores de tseltal, tsotsil, tojolabal y chol.

Explicó que también se realizan recorridos y trabajo comunitario, además de mantener coordinación con autoridades municipales y comunitarias para fortalecer la prevención y evitar que los conflictos escalen hasta convertirse en delitos.

Precisó que la problemática varía entre regiones. En Los Altos se atienden principalmente casos de violencia familiar y violación, mientras que en municipios de la Selva y la región Chol, como Ocosingo, Chilón, Yajalón, Bachajón, Tumbalá, Tila y Sabanilla, se han identificado investigaciones relacionadas con pederastia, entre otros delitos.

La funcionaria aclaró que los asuntos agrarios, civiles o mercantiles no corresponden a la Fiscalía; sin embargo, se brinda orientación y se canaliza a las personas ante las instancias competentes.

Finalmente, hizo un llamado a las personas víctimas de algún delito a denunciar y acercarse a la Fiscalía de Justicia Indígena o a la institución más cercana, al señalar que se busca garantizar una atención oportuna y fortalecer la confianza de las comunidades en las instituciones de justicia.

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La justicia penal en San Luis Potosí padece una alarmante distorsión en sus prioridades. Mientras la Fiscalía local demuestra una celeridad implacable para procesar y encarcelar a comunicadores bajo la controversial regulación de identidad digital, la gran mayoría de las víctimas de crímenes graves en el estado topan con un muro de ineficacia burocrática. Datos recientes de la plataforma de análisis México Evalúa sitúan a San Luis Potosí entre los estados con mayor rezago judicial en el país, registrando un índice de impunidad del 93.2% en la resolución de casos. Esta realidad evidencia un aparato de seguridad pública que castiga con rapidez la disidencia digital mientras permite que la delincuencia de alto impacto opere al margen de la ley. [1, 2]

Radiografía de la Impunidad: Cifras de la Desproporción

• Efectividad Institucional Mínima: De acuerdo con los indicadores consolidados por México Evalúa, la efectividad promedio del sistema de justicia potosino es de apenas el 6.8% en la resolución efectiva de carpetas de investigación, quedando muy por debajo de la media nacional. [1]
• Violencia Organizada: Aunque informes oficiales del gobierno federal destacan disminuciones porcentuales en el promedio de homicidios dolosos, el Índice de Paz México ubica a San Luis Potosí con una de las calificaciones más desfavorables en delitos de la delincuencia organizada (4.792), multiplicando por tres la media nacional en este rubro. [1, 2]
• El Filtro de la Cifra Negra: Organismos civiles reportan que solo 6 de cada 100 delitos cometidos en el estado llegan a ser investigados por las autoridades. De este pequeño porcentaje que ingresa al sistema, las tasas de impunidad específica rozan niveles absolutos, alcanzando un 99.9% de olvido judicial en el robo simple y más del 94% en feminicidios. [1]

La Alerta Internacional ante la Prisión Preventiva