*Jubilados y pensionados tomarán las calles de Tuxtla para protestar por negligencia

 Integrantes de la Unión de Pensionados y Jubilados del Gobierno del Estado se mostraron desconcertados por la forma en que han  sido marginados de sus derechos laborales y de salud, a pesar de la terrible crisis económica que vienen padeciendo.

En voz de su dirigente estatal Roberto Vázquez, señalaron que  “estamos muy inquietos ante el cúmulo de quejas de nuestras  delegaciones a nivel estatal ante  la serie de anomalías que se vienen detectando y dentro de las principales es en lo relacionado a la nula atención del ISSTECH y el desabasto de medicamentos".

Esto es grave porque es un cáncer que venimos arrastrando y nos preocupa y la desatención y desabasto ha sido criminal, al grado de algunos fallecimientos de compañeros ante esta terrible negligencia que no ha sido corregida y que está provocado una reacción justa del gremio, dijo el dirigente gremial.-

No sabemos qué está pasando porque a la fecha no se tienen los argumentos que limiten este servicio, luego de  que los mejores años de vida los han dejado a favor del Estado  y si las cosas no se regularizan después de agotar todos los recursos tendremos que movilizarnos y salir a las calles,  aunque para ello tengamos que manifestarnos públicamente, advirtió Vázquez.-

Resaltó que el derecho social de los Jubilados y Pensionado se está dejando de lado y para colmo de males se les retienen sus salarios y prestaciones que por Ley tienen derecho, subrayó el dirigente estatal de este gremio quien pidió la intervención del Gobernador Manuel Velasco Coello, "ya que -dijo- es un gobernante justo, pues son funcionarios menores los que están afectando al gremio de los pensionados y jubilados.

CONFLICTO

Cabe destacar que desde 2016, los pensionados y jubilados de Chiapas vienen protestando desde distintos medios. Jubilados de la burocracia estatal y maestros jubilados tomaron desde las diez horas las oficinas centrales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas con la finalidad de que se les deje de seguir engañando y haya respuesta concreta a sus demandas en las prestaciones como derechohabientes al servicio del gobierno del estado.

Rigoberto Orantes López, Secretario General de la Delegación D4-1de Jubilados y Pensionados, explicó: “el motivo de la toma del edificio del ISSTECH es porque tiene muchos años ya con problemas, pero los problemas más graves los tenemos a partir del mes de noviembre a la fecha, porque no hay prestaciones, no hay dinero para pagar los medicamentos, no hay dinero para pagarle a los proveedores que dan el servicio, no hay dinero para solventar lo más prioritario como son medicamentos de primer, segundo y tercer nivel y hay gente que tiene problemas que lo van a operar y resulta que ni a los quirófanos les han dado mantenimiento e inclusive pueden haber virus que posteriormente les afecte su salud”.

 Debido a la situación crítica financiera y de atención por la que atraviesa el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ISSTECH, la Unión de Pensionados y Jubilados de esta institución ha solicitado de manera urgente una audiencia directa con el Director General, Eduardo Thomas Ulloa, con la finalidad de plantearle las diversas demandas y carencias que enfrentan los agremiados de dicha agrupación legalmente constituida, así lo dio a conocer el presidente de este gremio Roberto Vásquez Velásquez. 

Dijo que han pasado diversos directores y ninguno ha demostrado tener capacidad para solucionar los problemas por los que atraviesa esta institución, muchos menos hablar de las finanzas en que se encuentra este instituto de seguridad social para los trabajadores del gobierno del estado, "pues sabemos que hay endeudamiento económico debido a un manejo inadecuado, así como a saqueos y corrupción que han ocasionado un gran perjuicio a los derechohabientes en general".

Subrayó  que "como agrupación tenemos la esperanza que este nuevo director venga con las ganas de trabajar en favor de la institución y ponga orden en los hospitales, clínicas y delegaciones, donde los servicios son pésimos y corruptos debido a tantos recomendados y aviadores que cobran grandes salarios sin trabajar y hasta vacaciones e inventivos les pagan, lo que por ende ha ocasionado un daño a los trabajadores a corto y largo plazo incluyendo a los jubilados y pensionados de esta institución". 

 Indicó que "el nuevo titular debe saber que como representación patronal le corresponde de forma directa el 5% por ciento de las cuotas para la atención de los derechohabientes, y no debe ser a través de la Secretaría de Hacienda la que hace descuentos por conceptos de cuotas, préstamos y deducciones sindicales que van en detrimento de nuestra institución y nuestro gremio, conllevando al sufrimiento y la carencia de los derechohabientes al no poderles otorgar préstamos conforme al derecho que les corresponden por todos los años de trabajo al gobierno del estado".

En este contexto, el dirigente de esta agrupación estatal hizo un llamado a todos los jubilados y pensionados del sector burocrático para que asistan a la próxima asamblea estatal informativa a celebrarse el próximo 31 de enero de este 2017, a las 10 de la mañana en las instalaciones del domo del ISSTECH.

El líder gremial informó que en esta asamblea se tratarán asuntos relacionados con el desabasto de medicamentos, servicios médicos, así como el tema de pensiones y reembolso de cuotas sindicales, descuentos por préstamos a financieras que han sido retenidos, entre otros temas.

*Eso explica la crisis financiera que agobia al Instituto

*Presentan demanda penal maestros de la Sección 40

*Presuntos implicados: ex dirigentes de la S-40 y ex funcionarios

*Prima del ex gobernador Sabines, señalada en el presunto fraude

* Afirman que dineros de maestros fueron invertidos en la Bolsa de Valores

            La crisis financiera que agobia al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Chiapas (ISSTECH) tiene explicación en la rapiña, el saqueo y las redes de complicidades que abarcan desde ex directores de la institución hasta dirigentes de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, SNTE, pasando por funcionarios de mediano rango de Hacienda del Estado.

            Se trata de un tejido de impunidad confeccionado, al parecer, perfectamente. Sin embargo, la podredumbre empieza a emerger porque ya hay una denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado que, si no termina en la gaveta como ocurrió en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, pronto los implicados deben estar en la cárcel.

            En el gobierno de Salazar los maestros de la Sección 40 presentaron una demanda penal que quedó registrada en la averiguación previa 669/CAJ4-B/2004 por un presunto fraude de al menos 51 millones de pesos a la caja de ahorro magisterial señalando a varios implicados, entre ellos a David Aguilar Solís, Jorge Pérez Pérez, Julio César León Campuzano y Julio César Chamé Martínez. La demanda nunca caminó.

            Todos los sospechosos ocupaban distintos cargos en la estructura vertebral de la S-40. Lejos de ser investigados fueron premiados porque Aguilar Solís terminó en el Congreso del Estado como diputado, luego fue alcalde de Tonalá. Los restantes siguen gozando de impunidad agazapados en la Sección 40.

            Célebre es el caso de Jorge Pérez Pérez quien, en completo estado de ebriedad, siendo dirigente de la Sección 40 chochó su automóvil en la ex fuente Mactumatzá contra un taxi. Hubo varios lesionados que iban en el taxi. Cuando llegaron agentes de tránsito sólo condujeron a su casa al borrachín y abusivo dirigente magisterial, pues nunca pisó una agencia del ministerio público.

            El 17 de noviembre de 2016, líderes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del SNTE presentaron querella penal por 2 mil 850 millones cometido al fondo de pensiones del ISSTECH.

            Asimismo, denunciaron nuevamente el fraude por 51 millones 497 mil pesos al patronato del seguro de vida y de retiro de la sección 40, recursos provenientes de la aportación gubernamental, de la burocracia y del magisterio estatal.

            A todos los demandados se les señala como presuntos responsables de los delitos de  abuso de confianza, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones públicas en coparticipación, encubrimiento, peculado y enriquecimiento ilícito y los que resulten, según la querella, iniciada como registro de atención, a la que se le asignó el número 0447-101-1301-2016.

            Según documentó el diario La Jornada ese 17 de noviembre de 2016, "La denuncia fue interpuesta por José Armando Falconi Borraz, Anastacio García Gaitán, Jorge Hilario Hernández García, José Enrique Díaz Fuentes, José Luis Zúñiga Basilio y Alberto Cruz Cruz, representantes de la AED, que según estos líderes agrupa a 17 mil disidentes de los cerca de 25 mil integrantes de la sección 40, afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación"

            El influyente diario nacional cita, en nota firmada por el periodista Helio Enríquez,  que  "Ellos informaron que el secretario general de la sección 40 del SNTE, Julio César León Campuzano, renunció al cargo el 18 de noviembre, un día después de que un agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la PGJE, inició la carpeta de investigación correspondiente. En su lugar fue designado Ángel Paulino Canul Pacab como delegado especial.

            Días después fue relevado también el director del Isstech, Jorge Ross Coello –quien ocupó el puesto seis años–, y fue sustituido por Eduardo Thomas Ulloa".

            Enríquez agrega, contundente: "En la denuncia, cuya copia tiene La Jornada, los inconformes aseguraron: se sabe que existen nóminas confidenciales para los ex directores generales y secretario de los diferentes comités ejecutivos de la sección 40; se comprueba con estudios actuariales el desfalco o asalto que ha sufrido el Isstech en diversos periodos de gobierno e inclusive el desvío de recursos para campañas políticas.

            Días después de que la querella fue aceptada, la AED afirmó en un comunicado que 80 mil derechohabientes del Isstech son los agraviados por el robo de instrumentos y material quirúrgico, altos sueldos de funcionarios, incapacidades de 235 días para trabajadores protegidos, robos millonarios por la compra de medicamentos caducos, pago de instalaciones para oficinas y clínicas ficticias en distintas ciudades de Chiapas".

            Y sostiene lo siguiente:

            Saqueo para campaña de Peña

            Asimismo, millonarios pagos de viáticos y por concepto de limpieza, saqueo millonario del Grupo Financiero Monex para la campaña política de Enrique Peña Nieto y mil 600 millones de pesos perdidos en la Bolsa de Valores mediante la empresa Merrill Lynch y Mayra Guerrero, prima del ex gobernador Juan Sabines Guerrero.

            En la demanda penal, los representantes de la AED sostienen que debido a lo anterior, el Isstech, creado en 1981, tiene déficit económico, por lo que ha cancelado lo préstamos, medicamentos y atención de especialistas para los derechohabientes, ya que les adeudan varios meses de salario, derivado de distintas formas de corrupción, como la ausencia de licitaciones en la compra de medicamentos y material de curación, la bursatilización de los fondos de pensiones y jubilaciones, entre otras".