• Mario “N” es investigado por su posible participación en la comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y peculado

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El exadministrador del Hospital General de Pichucalco, Mario “N”, se presentó en calidad de imputado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su declaración, toda vez que la Secretaría de Salud presentó formal querella para esclarecer irregularidades en el manejo de las finanzas en el citado nosocomio.

El exservidor público acudió ante el fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Combate a la Corrupción de la FGE, por su posible participación en la comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y peculado. 

Debe precisarse que acudió ante las autoridades ministeriales para explicar lo relacionado al manejo de los recursos financieros, ante puntuales inconsistencias administrativas durante el tiempo que se desempeñó como administrador del Hospital General de Pichucalco.

Con estricto respeto a sus derechos y en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, conforme al eje uno de Gobierno Eficaz y Honesto que se establece como política pública para garantizar una gestión pública transparente, Mario “N” es investigado y se garantiza aplicación de la justicia para quien o quienes resulten responsables, por lo que las investigaciones continuarán y podrían ser llamados más servidores públicos.

Encuentran un feto tirado en la vía pública en la zona norte de la ciudad de san Cristóbal de Las Casas, la mañana de éste domingo, diferentes cuerpos de seguridad acuden al lugar. 

Un feto fue tirado en la vía pública, en la Calzada Tlaxcala del barrio del mismo nombre, a un costado de un auto lavado, a eso de las 09:40 de la mañana de éste domingo, en el norte de San Cristóbal de Las Casas. 

Vecinos del lugar indicaron que un par de perros trataban de devorar el feto, por lo que  reportaron el hecho al 911,  de inmediato acudieron diferentes cuerpos de seguridad y elementos de emergencia. 

Paramédicos de Protección Civil reportaron que al llegar al lugar encontraron al producto no nato sin signos vitales sobre el pasto a la orilla de un arrollo, por lo que dieron parte al Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia de Distrito Altos.

Momentos después se presentó el Ministerio Público para dar fe de los hechos y realizar el levantamiento del feto, se informó que las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para dar con la responsable.

Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), dieron a conocer que sus 11 integrantes retenidos el pasado 23 de febrero en las comunidades de San Antonio Bulujib y Guaquitepec, municipio de Chilón, no pagarán la multa de 2 mil 500 pesos que les impusieron las autoridades por manifestarse en contra de los megaproyectos oficiales.

“No pagarán la cantidad mencionada porque no es delito manifestarse y tenemos derecho a la libre expresión”, señalaron en un comunicado, al tiempo de recordar que el 23 de febrero fueron violentados, reprimidos y secuestrados sus compañeros y compañeras María Cruz Espinoza, Juana Pérez Espinoza, Feliz López Pérez, María Cruz Gómez, Ana Gómez Hernández, Alejandra Gómez, María Luisa Pérez Gómez, de 1 año de edad; María del Rosario Mazariegos Gómez, de 11 meses; Manuel Cruz Espinoza, Juan Gómez Núñez, Isidro Pérez Cruz, por haber colocado un letrero alusivo a las Jornadas “Samir Somos Todas y Todos” a la entrada del pueblo de San Antonio Bulujib.

Menxionaron que los responsables de estas agresiones son las autoridades ejidales de San Antonio Bulujib, pertenecientes a los grupos paramilitares de los llamados Chinchulines y Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao) e integrantes del partido Morena en la región.

“Después de más de veinticuatro horas de haber sido privados de su libertad, nuestros compañeros y compañeras fueron liberados  24 de febrero, las 20:30 horas bajo la condición impuesta por las autoridades ejidales de pagar una multa de quince rejas de refrescos y dos mil quinientos pesos”, denunciaron. 

Recordaron que ese día de la retención fueron amenazados, que de no cumplir las propuestas de las autoridades donde se les condicionaba su libertad a cambio de que sus compañeras y compañeros renunciaran a ser integrantes del CNI, y que si no pagaban la multa para la tarde del 1 de marzo de 2020, serían desalojados de sus tierras y casas para ser vendidas además de encerrarlos en la cárcel del pueblo. 

En el escrito indicaron que como no les fue posible pagar la multa, pidieron un plazo de ocho días para que se aclare la situación y busquen apoyo en otras instancias conjuntamente con organismos de derechos humanos, ya que no pagarán la cantidad mencionada; "porque no es delito manifestarse y tenemos derecho a la libre expresión”.

Agregaron que el pasado 6 de marzo llegaron seis elementos de la Policía Municipal de Chilón a dejar una invitación por parte del presidente municipal, para una supuesta reunión de trabajo en Bachajón, entre autoridades de la comunidad antes mencionada y sus compañeros Manuel Cruz Espinosa, Celia López Pérez y María Cruz Gómez, "los agentes mantuvieron una actitud intimidatoria tomándoles fotografías y video a las compañeras, a quienes les dijeron que se tenían que ir con ellos en la camioneta”.

“Nos percatamos que el presidente municipal Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, tiene cobijado a las autoridades de la comunidad San Antonio Bulujid, porque respalda que es delito poner letrero en dicha comunidad y por lo tanto nuestras y nuestros compañeros tienen que pagar una multa de cinco mil pesos, por lo que no se presentaron los compañeros, porque ya se había acordado una mesa de diálogo con el delegado de gobierno del estado para el miércoles 11 de marzo del presente año, pero de manera déspota el alcalde, en contubernio con el delegado de gobierno, emitió  una invitación en su mismo domicilio, violentándoles sus derechos a los compañeros del CNI, sabiendo que la privación ilegal de la libertad es un delito”, concluyeron.