Altamirano, Chiapas.— El caso de Hermila “N” ha generado indignación en este municipio, luego de que fuera encarcelada presuntamente por negarse a entregar bienes que construyó junto a su esposo, quien actualmente se encuentra en calidad de desaparecido.

De acuerdo con información recabada, la mujer enfrenta un proceso legal en medio de una disputa con familiares políticos, quienes buscan quedarse con terrenos, una camioneta de trabajo y un tractor que formaban parte del patrimonio familiar.

Testimonios cercanos señalan que su detención no solo estaría vinculada al conflicto familiar, sino también a la intervención de autoridades comunitarias y ejidales, cuyas decisiones se habrían basado en los llamados “usos y costumbres”.

Sin embargo, este caso ha encendido la preocupación de diversos sectores, al considerar que dichas prácticas no deben vulnerar derechos fundamentales ni justificar la privación de la libertad sin un proceso legal claro y transparente.

Aunque la Fiscalía General del Estado de Chiapas ya tiene conocimiento de los hechos, hasta ahora no se han reportado avances relevantes en la investigación.

Ante esta situación, crece la exigencia de que las autoridades estatales intervengan de manera inmediata para garantizar justicia, el respeto a los derechos humanos y evitar que este caso se convierta en un precedente de abuso bajo el amparo de normas comunitarias.

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