La madre de Sofía Carballo Torres, víctima de violencia física y psicológica, denunció públicamente al Fiscal Renau Martínez, titular del turno dos de la Fiscalía de la zona Altos de Chiapas, por permitir que su hija fuera extraída de las instalaciones de la Fiscalía sin notificación alguna. A pesar de la existencia de una denuncia por desaparición de persona y la evidencia documental que demuestra el abuso sufrido por Sofía, la joven fue retirada de forma irregular por la parte trasera de la Fiscalía, sin que se informara a la madre, Gabriela Carballo Torres.

En su declaración, Sofía Carballo aceptó abiertamente que sufre de violencia, tanto física como psicológica, lo que refuerza la gravedad del caso. A pesar de esta declaración y la existencia de pruebas claras sobre el abuso, el protocolo de protección de víctimas no fue aplicado en su caso. La falta de medidas adecuadas para garantizar su seguridad por parte de las autoridades agrava aún más la angustia de la madre, quien teme por la integridad de su hija.

Gabriela Carballo, quien se mostró profundamente preocupada por la seguridad de su hija, hizo responsable directamente al fiscal Martínez y a la Fiscalía de Chiapas por cualquier daño o riesgo que pudiera enfrentar Sofía. "Exijo que se garantice la protección de mi hija y se esclarezca esta grave irregularidad", expresó la madre, quien denuncia la inacción de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y los derechos de su hija.

El caso ha generado alarma entre organizaciones locales y autoridades, quienes exigen una investigación exhaustiva sobre las circunstancias en las que Sofía fue retirada de la Fiscalía, así como una revisión de la aplicación de los protocolos de protección en casos de violencia de género.

El fiscal Renau Martínez, no ha emitido ninguna declaración sobre la denuncia.

Este incidente resalta la preocupante situación de violencia de género en la región, que sigue afectando a numerosas mujeres en Chiapas y pone en evidencia posibles fallas en los mecanismos de protección y justicia. En un contexto donde la violencia de género ha sido reconocida como un problema estructural, este caso subraya la necesidad urgente de reforzar los protocolos de seguridad para las víctimas y garantizar que las autoridades actúen con responsabilidad y compromiso en la protección de sus derechos. La falta de transparencia y acción inmediata solo perpetúa el ciclo de violencia y desprotección al que se enfrentan las mujeres.