La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) exigió al Estado velar y garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes en sus comunidades de origen, así también de toda la población ante el aumento de uso de armas de fuego en Chiapas.

A través de un comunicado indicó que el día 25 de octubre se realizó un ataque armado posterior a la asamblea convocada por el Concejo Municipal de Oxchuc. Como resultado de lo anterior, se contabilizaron 7 personas lesionadas, entre ellas, un niño de entre 2 y 4 años con heridas de bala.  

Expresó su preocupación por el uso de armas de fuego para dirimir conflictos; práctica que se está tornando cotidiana en los Altos de Chiapas y que tiene graves impactos en la vida de niñas, niños y adolescentes.

Indicó que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a septiembre del 2022, se han registrado en el estado 7 muertes de población infantil y adolescente por armas de fuego.  Adicionalmente, durante este año 2 niñas, niños y adolescentes han sido lesionados por armas de fuego durante conflictos en el estado.

Redias destacó que esta situación se agrava en comunidades de los Altos de Chiapas. Como botón de muestra, durante los primeros 9 meses del 2022, se han registrado 1,996 ataques armados a comunidades de Aldama, lo que equivale a más de 100 agresiones armadas por mes.

Recientemente, a finales de septiembre e inicios de octubre también se registraron ataques en Santa Martha, municipio de Chenalhó, donde perdieron la vida al menos tres adolescentes de 12, 14 y 16 años de acuerdo a la documentación de la organización Melel Xojobal.

Aseguró que todo lo anterior, ha trastocado la vida de niñas, niños y adolescentes en la región afectando su derecho a la protección, al desarrollo integral, a la educación, alimentación y salud, entre otros.

Por lo que urgieron una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos en Oxchuc y Santa Martha Chenalhó, así como el desarme de personas y grupos que violentan el derecho de las infancias a vivir en paz.

San Cristóbal de Las Casas.-  “Es necesario hacer nuevos pactos de respaldo para el desarrollo de las comunidades indígenas, expresó la senadora Beatriz Paredes Rangel, en su visita a San Cristóbal de Las Casas, en el Encuentro entre Pueblos Originarios.

Planteó que este pacto debe ser equilibrado y más justo, donde se reconozca la pluralidad de las sociedades y no tratar que sean uniformes, sino que se reconozcan las diferencias internas entre las sociedades, "culturales, educativas, religiosas, étnicas y políticas".

Agregó "ser diferentes no significa ser inferior, esa es la clave de la comprensión de la nueva era del derecho, el concepto es la igualdad en la diferencia de las políticas que tenemos que lograr, son aquellas que permiten que en sociedades tan complejas, tan plurales y diversas haya igualdad en la diferencia ".

Destacó que presentará una ley de fomento a las artesanías y se hará un parlamento abierto para respaldar y consolidar el acceso a insumos, comercialización, precios justos y patentes de lo que es arte cultural.

La legisladora expresó que de estar en la lista de los candidatos presidenciales, su propuesta sería una reforma federalista, pues es esencial para el país para que todas las regiones desplieguen su potencial, para que se maximice la capacidad de las personas.

Así también dijo que todas las políticas serán revisadas a la luz de los principios federalistas para que haya una mayor toma de decisiones en los estados y municipios, se hará una profunda reforma fiscal federalista para que los estados tengan mayores atribuciones y dispongan de mayores recursos para atender sus necesidades y se fortalezcan sus haciendas públicas.

Sostuvo que su prioridad es el medio ambiente para poder garantizar el agua y evitar la explotación de tala de árboles, "estoy convencida que las grandes obras hidráulicas que se hicieron para producir electricidad tienen que abonar beneficios específicos a las regiones de Chiapas".

Mencionó que se debe rehacer el sistema de salud ante la crisis de abastecimiento de medicamentos, ya que el gobierno actual no ha tenido la capacidad de administrar adecuadamente la estructura de salud, un planteamiento para los jóvenes que estudian y demandan asistencia de empleos vinculados con su carrera como los que requieren respaldo para permanecer en las escuelas.

Finalmente la senadora refirió que se debe desarrollar una estrategia integral de seguridad pública de carácter civil, con policías municipales bien capacitados y remunerados, policías estatales con labores de inteligencia y con estrategias de colaboración cuando se requiera de las fuerzas armadas, siempre y cuando se sujeten plenamente al marco constitucional, pero que esa no debe ser la regla sino la excepción.

Luego de  que fuera destituido el sacerdote Armando Antonio Suárez Díaz, de la parroquia de Soyatitán, esta permanece cerrada, por lo que feligreses acudieron a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, para sostener una reunión con el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, para pedirle que regrese al cura.

En entrevista Martín Espinoza Domínguez, vocero de los feligreses, indicó que durante la reunión la cual tardó más de 3 horas, no llegaron a ningún acuerdo, "el obispo no quiso buscar una solución a este problema religioso en Soyatitán y su obligación de el es escuchar la voz del pueblo".

Agregó: "Nos reunimos con el obispo pero no quiere solucionar el problema de nuestra iglesia, nosotros le dijimos que llamara por teléfono al sacerdote pero nos evadió, ahí se da uno cuenta que hay mala fe, nos retiramos pero vamos a seguir exigiendo  que regrese el sacerdote y se abra la parroquia".

Finalmente, expresó que este problema es muy fácil de solucionarlo, "sí ya no quieren regresar al sacerdote que nos los diga el obispo o simplemente envíe a otro, pero exigimos que abran nuestra iglesia".

Más de 400 internos del Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5 (Cerss), ubicado en San Cristóbal de Las Casas, iniciaron una huelga de hambre, para denunciar la corrupción en el sistema penitenciario y de los custodios.

A través de un comunicado, los internos dieron a conocer que a partir de este lunes no probarán ningún tipo de alimento hasta que se cumplan sus peticiones.

Los denunciantes entre ellos presos políticos manifestaron malos tratos, cobros excesivos por introducir alimentos y precios elevados en las tiendas ubicadas en el interior del reclusorio y violaciones de los derechos humanos por el personal del penal.

"Estamos cansados de tanta injusticia, rompemos el silencio y nuestros miedos, exigimos al gobierno de Chiapas y de México escuchar nuestras demandas”.
 
Entre sus exigencias están:  el cambio del actual director, Hugo Alejandro Hernández Serrano, señalado como extorsionador y corrupto; aplicar una auditoría al administrador; alto al cobro del 15 por ciento de cada cosa que les trae la familia.

Así también pidieron el servicio médico y abastecimiento de medicamentos, atención jurídica con traductores del tzotzil y tzeltal, equipar la cocina, láminas para los techos del área de visita y colchones. Finalmente los reclusos afirmaron que la huelga será indefinida y pacífica.