Familiares de tres internos recluidos en el Cereso 5 de San Cristóbal de Las Casas, que llevan 4 días en huelga de hambre, hicieron un llamado a las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y al Gobernador del Estado porque se encuentran en total estado de indefensión legal.

Los internos de nombre Osman Alberto Espinales Rodriguez, Armando Cruz Jimenez y Edwin Francisco Briones López, realizan la huelga de hambre para exigir el cumplimiento de sus derechos como internos.

Ya que para poder realizar sus trámites legales de preliberación necesitan la constancia que avale el tiempo que han trabajado en los talleres de carpintería, hilados y tejidos al interior del penal; como le consta al personal tanto administrativo, de guardia y custodia. 

"No pueden concluir dicho trámite por que el sistema penitenciario del estado se ha negado a extenderles, dándole como justificación que no tienen una bitácora para llevar el control, están total estado de indefensión legal. Les han violentado sus derechos humanos a la libertad, fundamental para la vida del ser humano" Indicaron los familiares.

Finalmente hicieron responsables a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y directamente a la Sub Secretaria de Ejecuciones, Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, de lo que pueda sucederles a los que están en huelga de hambre.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo la capacitación de 32 policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Cristóbal de Las Casas la tarde del martes.

Esto como parte del programa de profesionalización que impulsa la Delegación de la Fiscalía General de la República en la entidad chiapaneca.

Durante el curso, los participantes conocieron la importancia de la integración del Informe Policial Homologado (IPH) y la Cadena de Custodia, con la finalidad de coadyuvar en la correcta integración de la Carpeta de Investigación, lo que permite que las víctimas tengan acceso a una justicia real.

Otro de los objetivos de la capacitación por parte de la Fiscalía General de la República es que la ciudadanía sea atendida por mejores elementos policiacos. Los temas abordados fueron “Primer Respondiente” y “Cadena de Custodia”.

El conocimiento ayuda a mantener actualizados a los elementos en materia de seguridad pública, debido proceso penal y derechos humanos, informaron.

A 25 años de que cuatro mujeres tseltales del municipio de Altamirano sufrieran agresiones físicas y sexuales ocasionados por militares, están convocando a la ciudadanía a que se sumen a la exigencia de justicia en un acto simbólico que realizarán frente a las instalaciones de la guarnición militar, ubicada en la Prolongación Insurgentes, en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, el día cuatro de junio de 2019 a partir de las 09:00 de la mañana.

Señalaron que la intención es realizar una toma simbólica y clausura de la guarnición militar, “por lo que te invitamos a ser puntual, y llevar carteles que expresen porque es importante para ti que el Gobierno de la República atienda con prontitud el caso y sea el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas quien realice el reconocimiento público de esta responsabilidad".

Indicaron que hasta la fecha siguen exigiendo justicia y verdad en razón de que México no ha cumplido con la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Refirieron que duurante el conflicto armado en los primeros días de enero de 1994, entre el gobierno federal y el EZLN, Altamirano fue uno de los municipios que fue incursionado por los zapatistas, durante varios meses permanecieron retenes del Ejército Mexicano en la periferia de la localidad.

Fue el cuatro de junio de 1994, en un retén que habían instalado los soldados detuvieron arbitrariamente a las tres hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, en ese tiempo contaban con 12, 13 y 14 años de edad y a su madre Delia Pérez de González, indígenas tseltales de la comunidad Santa Rosita Sibaquil del citado municipios

Las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas sexualmente por los militares quienes obligaron a la madre a presenciar las agresiones.

Por lo que el cuatro de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe de fondo número 53/01, concluyó que el estado mexicano era responsable de graves violaciones a los derechos humanos de las Hermanas González Pérez y su madre, por lo que le recomendó́ a México investigar y sancionar a los responsables, realizar un reconocimiento público de responsabilidad y reparar adecuadamente el daño.

Recordaron que 16 años después de la tortura y violación que sufrieron en manos de los soldados, el ahora exgobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, las quiso indemnizar para reparar los daños con la cantidad de 500 mil pesos a cada una, además de una beca de estudios para sus hijos, proyectos productivos y seguro médico, ofrecimientos que las víctimas rechazaron.

Ante este pronunciamiento y convocatoria de las afectadas, cientos de defensoras de derechos humanos han protestado contra el gobierno federal el retiro de los efectivos que se encuentran en diferentes puntos de la geografía chiapaneca.

“No permitiremos más la militarización en Chiapas, porque sabemos la violencia que genera en la vida comunitaria y en la vida de las mujeres, claro ejemplo ha sido la militarización después del levantamiento zapatista, el objetivo fue y sigue siendo desarticular a este movimiento y a cualquier pueblo organizado, utilizando estrategias violentas como el aumento de campamentos, bases y retenes militares, así como su tránsito sin justificación alguna en nuestros territorios”, acotaron.

La organización Civil Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes de la masacre anunciaron que llevarán a cabo una mega peregrinación para denunciar la impunidad y exigir el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano por el crimen de lesa humanidad mediante el Informe de Fondo del caso Acteal. 

Por lo que están convocando a las organizaciones, colectivos, sociedad civil nacional e internacional a participar en una mega peregrinación que se llevará a cabo el 12 de agosto del presente año que partirá del barrio de San Martín en San Cristóbal de Las Casas.

Indicaron que la finalidad es denunciar y exigir al gobierno que reconozca su responsabilidad en la masacre de Acteal caso 12790 Manuel Santiz Culebro. "La solución amistosa no revive a nuestra muertos, no borra el dolor, no consuela nuestras lágrimas, no puede tapar la sangre derramada, menos garantizar la no repetición de un crimen de tal magnitud".

Refirieron que es necesario y urgente que estos hechos no se repitan porque la justicia no se negocia,  "los sobrevivientes de Acteal no pueden callar sus voces, porque es el grito de denuncia de la sangre derramada.                                                                                              En esta peregrinación participan el presbítero Marcelo Pérez Pérez Coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de la Provincia de Chiapas, Juan Vásquez Luna, presidente de la mesa directiva de la Organización de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal y Pedro Faro Navarro, Director Centro de Derechos Humanos Frayba Bartolomé de las Casas A.C.