El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, otorgó el pasado 28 de marzo del presente año, el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades del municipio de Aldama.
Esto luego que El 27 de marzo de 2020, representantes de las comunidades que se encuentran desplazados en el municipio de Aldama, interpusieron solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la suspensión definitiva de la violencia de grupos civiles armados de corte paramilitar quienes actúan en los límites territoriales con el municipio de Chenalhó.
Habitantes de Aldama y organizaciones de defensores de derechos humanos, señalaron que la violencia en la franja limítrofe con Chenalhó se intensificó en un contexto de alto riesgo para la población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por el COVID 19.
"las autoridades competentes han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión otorgada por un Juez Federal, por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión consistente en que: se brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos medidas necesarias que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población del municipio de Aldama”.
Indicaron que desde el pasado 24 de marzo al día de hoy, autoridades de Aldama y organismos de derechos humanos, registraron al menos 47 actos de agresión armada, durante la última semana los ataques aumentaron y se realizaron de manera sistemática, de acuerdo a los reportes más recientes, informan que los grupos armados procedentes de Chenalhó, utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka, Tojtik, de la comunidad de Saclum, que se encuentran en territorio de Chenalhó para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch’en, San Pedro kotsilnab, Koko’ y Tabak de Aldama.
Indicaron que la entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las comunidades son altamente vulnerables, ya que la vida de los habitantes se encuentra en constante riesgo, ya sea por un ataque de armas de fuego o por contraer COVID 19 y no contar con garantías de atención médica adecuada; “los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el Covid19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales”.
Por lo anterior, urgieron a las autoridades responsables de los gobiernos en sus tres niveles que cumplan con el mandato judicial del Tercer Juzgado de Distrito que otorgó el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades desplazadas en Aldama, entre las exigencias se encuentran; garantías de seguridad para proteger la vida de la población indígena, cumplimiento de las recomendación número 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Finalmente exigieron la atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las personas víctimas de desplazamiento en Aldama, en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por COVID 19.
