Uno de los encargos de la procuración de justicia de Chiapas durante dos sexenios -el de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello-, el pasado fin de semana presentó su renuncia formal y en su lugar, María Susana Palacios García está como encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado.

Los chiapanecos no acabamos de digerir la llegada de Andrés Manuel López Obrador, cuando la noticia corrió por las redes sociales; el abogado oriundo de Tonalá Racial López Salazar presentó su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, al parecer en breve se integrará a una encomienda en otro Estado de la República. 

Raciel López Salazar se destacó por sus logros a nivel nacional, al mantener a Chiapas entre los estados del país con menor índice de inseguridad y al interior de la FGE siempre reconoció la labor que realizan los Ministerios Públicos además de la capacitación constante que se brindo al personal.

A partir de la fecha de renuncia de Raciel López Salazar, el Congreso del Estado cuenta con veinte días para integrar una lista de al menos cinco candidatos al cargo y que debe ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará el Ejecutivo del Estado, y de la cual en un lapso de diez días siguientes deberá formular una terna, y remitir de nuevo a los legisladores.

Según el artículo 94 de la Constitución Política de Chiapas, el Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

Sólo en caso que el Ejecutivo del Estado no reciba la lista en el plazo estipulado, enviará libremente al Congreso del Estado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General del Estado, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo dispuesto en la ley, e incluso el Fiscal General del Estado designado provisionalmente podrá formar parte de la terna.

Sólo en caso de que el Ejecutivo del Estado no envíe la terna, el Congreso tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los cinco candidatos que decida proponer.

Por los tiempos que marca la legislación local, todo parece indicar que el próximo Fiscal General del Estado será propuesto por la nueva legislatura y escudriñado por el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas. 

Al momento se escuchan tres nombres de destacados abogados, sin embargo uno de ellos no cubre con el primer requisito, ser chiapaneco.

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Llaven Abarca; el Fiscal de Grupos Sensibles y Vulnerables, Néstor Escobar Roque; y el Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, este último de nacimiento en Baja California. 

La Constitución Local menciona los requisitos para ser nombrado Fiscal General del Estado, el primero es ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, lo cual descarta a Amador Lozano, quien ciertamente estuvo al frente de la procuración de justicia de Chiapas cuando se creo la figura de Ministerio de Justicia en la época del exgobernador Juan Sabines.

Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su designación; contar al día de su designación, con una trayectoria mínima de diez años, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedida por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por violación a los derechos humanos, o delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena, son los otros requisitos que marca la ley.

El Fiscal y abogado  Néstor Escobar Roque es otro de los nombres que han surgido, principalmente por la trayectoria en esa institución y el acercamiento que tiene con las organizaciones sociales. 

Mientras tanto, la carta fuerte es sin duda el exsecretario Jorge Luis Llaven, quien actualmente encabeza los trabajos de transición en materia de seguridad por parte del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas.

Llaven Abarca es probablemente el prospecto más atinado para encabezar las estrategias de combate a la delincuencia y procuración de justicia en el estado, pues durante su paso como Secretario de Estado mereció reconocimientos importantes por su trabajo.

Su vocación de servicio, lealtad, valor y disciplina, son algunas de las características que resaltan en  Llaven Abarca, sin olvidar que cuenta con los conocimientos y experiencia en materia de justicia.

Jorge Luis Llaven Abarca es originario de Suchiapa y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y maestro en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF).

Se destaca su colaboración como subsecretario de Gestión Social en la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en 1999, durante el gobierno de Roberto Albores Guillén, fue invitado por Sabino Aguilar Ramírez, entonces subprocurador general de Justicia del Estado para trabajar en esa dependencia.

En el gobierno de Pablo Salazar, siguió colaborando en la subprocuraduría de Justicia hasta el 2002; con el fiscal general del estado, Mariano Herrán Salvatti, lo nombró fiscal especial de Homicidios.

También se desempeñó como subdirector de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) cuando existió la figura de Ministerio de Justicia en Chiapas, y  Raciel López Salazar lo designó titular de la FECDO, de la cual dependía la Unidad de Secuestro.

Luego es invitado a trabajar en la PGR con la maestra Marisela Morales Ibáñez y regresa a Chiapas para ser nombrado Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con Manuel Velasco Coello.

Un currículum tan extenso como el del exfiscal Raciel López Salazar, quien deja una gran responsabilidad para quien asuma el encargo por los próximos nueve años.

Finalmente: Hoy, entrega el mando de la CONAGO, el gobernador Manuel Velasco Coello 

Nos leemos en la próxima.

• Soy puro mexicano, nacido en esta tierra bendita de Dios,… 

Para implantar el sentido de pertenencia a México, a la República, primero hay que comprender que la República “es la culminación institucional de las virtudes ciudadanas y el predominio indiscutible de los valores públicos.  Es el ámbito de la racionalidad y la tolerancia, de la divergencia que se torna en conciliación, y del derecho que se alimenta del deber cumplido”.

La etapa que nos ocupa debería cancelar las hostilidades entre los mexicanos.  Cimentar una paz duradera en la armonía y la justicia.  Propiciar relaciones humanas dignas y transparentes.  Recuperar el coraje, el optimismo y la congruencia que hemos extraviado.  Promover una cultura verdaderamente democrática, militante de la honestidad y comprometida hasta el último aliento con la verdad.  El sentido de pertenencia debe abarcar la reimplantación del amor a México.

Hay un vacío tan grande dejado en las últimas semanas por el presidente Enrique Peña Nieto, que sus colaboradores le están jugando las contras. Esta nueva historia de traiciones comienza en Nassau, capital de Bahamas, el 8 de diciembre de 2016, once meses después de que en una visita a los Emiratos Árabes Unidos atestiguó, junto con el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro emirato y gobernante de Dubái, la firma de acuerdos de colaboración para fortalecer las relaciones bilaterales y promoción para una mejor conectividad con México.

La reunión en Nassau produjo un memorando de entendimiento entre los dos países, firmado por Rodrigo Planas Rego, director general adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la Autoridad de Aviación Civil General de los Emiratos. En el memorando se comprometían a que Emirates Airlines, considerada como una de las cuatro mejores aerolíneas del mundo, iniciaría un vuelo entre Dubái y México, con escala en Barcelona, otorgándosele todos los derechos de las Quintas Libertades, que permite tomar y desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados.

Acto seguido, la Autoridad de Aviación Civil General emiratí presentó el 4 de abril pasado la solicitud formal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener una frecuencia diaria a partir del 1 de noviembre de 2018, por lo cual Emirates realizó una inversión en preparación para el vuelo, y designó los aviones y las tripulaciones que emplearía. Según la aerolínea, proveería la conectividad de potencialmente 88 destinos en el Medio Oriente, Asia, África y Australia, que actualmente no cubre ninguna línea mexicana. Con ello se abriría la puerta al creciente turismo de India y a la exportación de productos agrícolas mexicanos que desean –salvo dátiles, todos los alimentos los tienen que importar–, así como a las actuales exportaciones de oro hacia esa región, que tienen que pasar por Europa, elevando sus costos de intermediación.

Dos semanas después de presentada la solicitud, la Dirección General de Transporte y Control Aeronáutico les informó que lo firmado no iba a poder ser, y que el compromiso adquirido no se iba a cumplir. La razón esgrimida fue que las condiciones de operación en esa ruta habían cambiado y que los derechos de tráfico aéreo acordados no se enmarcaban en el Acuerdo de Servicios Aéreos, firmado entre los dos países el 10 de octubre de 2012. En pocas palabras, que la conectividad comprometida por el presidente Peña Nieto no se iba a dar. Desde entonces, las autoridades de ambos países han sostenido conversaciones en la Ciudad de México e intercambiado documentos. Inclusive, los emiratíes hablaron con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, quien, de acuerdo con fuentes diplomáticas, quedó en el entendido que aceptarían la contrapropuesta que les hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Esta contrapropuesta fue hecha el 5 de junio pasado, en la que le ofrecían tres frecuencias por semana: martes, jueves y sábado, en lugar de una diaria. También les dijeron que los horarios que deseaban, llegada a las 16:25 horas y salida a las 19 horas, no serían posibles por la congestión en el aeropuerto, y que tendrían como hora de llegada las 22 horas y salida a las 23:55. Emirates, cuya política es frecuencia diaria o nada, propuso que aceptaría, pero con la petición de que le permitieran cambiar del equipo 777 que pensaba utilizar en el vuelo a México, al 380 –que ya opera a la Ciudad de México Air France– para poder incrementar su capacidad de pasajeros y carga y permitir que esas frecuencias soportaran la viabilidad de la nueva ruta. Las autoridades mexicanas respondieron que no era posible, sin saberse con certeza cuál fue la razón por la cual tampoco aceptaron un cambio de cabina.

Uno de los argumentos internacionales contra las Quintas Libertades es que afecta a las empresas nacionales. En caso de que Emirates volara a México, con la frecuencia diaria, tendría 0.5 por ciento de los vuelos internacionales. Otro argumento que siempre se esgrime es que son empresas subsidiadas, con lo cual la competencia no es justa para las demás compañías aéreas. El argumento de Emirates al rechazar esa imputación son los estados financieros auditados por PricewaterhouseCoopers, que se ajustan a los estándares internacionales y que pueden consultarse en línea, y que desmantelan el argumento de que la financia el gobierno emiratí.

Empresa y autoridades emiratíes han buscado hablar con otros funcionarios del gobierno mexicano, con éxito relativo. Hace unas semanas pidieron una cita con el presidente Peña Nieto, cuya oficina, de acuerdo con fuentes de Los Pinos, los refirió con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con quien no se han entrevistado. La postura de la Dirección General de Transporte y Control Aeronáutico es el equivalente, con salidas plausibles, a la negación del permiso de la ruta, al negarse a respetar el memorando de entendimiento firmado en Nassau y argumentar razones que nunca expuso antes.

Hay un daño potencial al turismo y el comercio bilateral, que Peña Nieto se comprometió a fortalecer, pero también a la imagen de México, que queda como un país donde lo acordado se incumple, afectando la certidumbre jurídica. Al final, no serán los funcionarios, sino el presidente, quien salga más afectado por omisión o negligencia en el cierre de administración, aunque quizás una raya más al maltrecho tigre ya no le haga mucha mella.