La afectada, quien señaló vivir actualmente con una discapacidad motriz y ser una persona autista, explicó que acudió al CEJUM en silla de ruedas y encontró instalaciones que no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad. Indicó que la rampa de acceso termina en un escalón de grandes dimensiones y posteriormente existen otros escalones para llegar al área de recepción, lo que dificultó su ingreso al inmueble.

Olivera también señaló que el personal del centro le habría negado el acceso a una persona que la acompañaba, situación que complicó aún más el proceso para presentar su denuncia. Consideró que quienes trabajan en una institución especializada en atender a mujeres víctimas de violencia deberían contar con capacitación para atender a personas con discapacidad, autismo y otras neurodivergencias.

La denunciante agregó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y que una visitadora acudió a su domicilio; sin embargo, aseguró que hasta ahora no ha recibido el acompañamiento especializado que necesita para conocer los pasos que debe seguir para solicitar formalmente la adecuación de las instalaciones y la actualización de los protocolos de atención.

Asimismo, cuestionó que a pesar de haber entregado evidencias mediante un archivo digital, el CEJUM haya rechazado algunos de los señalamientos contenidos en su queja. Por ello, manifestó su preocupación sobre el seguimiento que se está dando a las pruebas y pidió que su caso sea atendido con perspectiva de discapacidad y derechos humanos.

“Ese edificio tiene que cambiar y ese personal también tiene que cambiar”, sostuvo, al señalar que continuará buscando que las autoridades correspondientes revisen las condiciones de accesibilidad y atención del centro.

Indicó que su siguiente paso será acudir ante las instancias de la Secretaría de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez para exponer lo que considera deficiencias en el servicio brindado por el personal del CEJUM en San Cristóbal de Las Casas.

La afectada señaló que actualmente no desea hacer pública la denuncia de violencia que originó su proceso, debido a que continúa siendo una situación difícil para ella, pero consideró necesario visibilizar las dificultades que enfrentan las mujeres con discapacidad cuando buscan acceder a la justicia.