- Por abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sally “N”, como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa de Figueroa.

El 7 de enero de 2026, presuntamente la inculpada, en su carácter de síndica municipal de Cintalapa, autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza requerida, omitiendo denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta ilícita, lo que resultó en un perjuicio al erario municipal y al Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La indiciada fue puesta a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, que definirán su situación legal.

La Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.

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La reciente detención de Yoel Alter, identificado por autoridades federales como integrante y operador de la secta Lev Tahor, vuelve a exhibir una realidad incómoda: la persistencia de estructuras criminales que operan durante años ante la mirada tardía o permisiva del Estado.

Alter es acusado de trata de personas y matrimonios forzados, delitos que, de acuerdo con las investigaciones, se cometían principalmente contra menores de edad, obligados a integrarse a un sistema de control absoluto bajo el disfraz de prácticas religiosas. No se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi documentado internacionalmente, atribuido desde hace años a Lev Tahor.

La secta mantiene presencia en Chiapas al menos desde 2017, con reportes constantes de abusos, aislamiento, sometimiento de mujeres y niños, y el traslado irregular de personas entre países. En 2022, el rescate de 17 menores en las inmediaciones de Tapachula confirmó que las alertas no eran infundadas. Aun así, el grupo continuó operando.

El caso de Yoel Alter resulta especialmente inquietante porque ya había sido detenido en Guatemala, lo que plantea una pregunta inevitable:
¿por qué alguien señalado por delitos tan graves podía encontrarse en libertad y moviéndose en territorio mexicano?

La falta de una explicación clara por parte de las autoridades abre la puerta a sospechas de fallas en la cooperación internacional, vacíos legales o negligencia institucional. En cualquiera de los escenarios, el costo lo pagan siempre los mismos: los menores de edad.

La prisión preventiva dictada contra Alter es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión profunda sobre cómo y por qué Lev Tahor logró asentarse durante años en Chiapas, pese a antecedentes públicos, denuncias previas y rescates documentados.

Este caso no solo exige justicia penal. Exige también rendición de cuentas, porque cuando una red de abuso logra sobrevivir tanto tiempo, la responsabilidad no recae únicamente en sus líderes, sino también en quienes debieron impedirlo y no lo hicieron.

En una operación conjunta, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México, detuvieron a 12 personas en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Los asegurados —identificados como Genaro “N”, Juan “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G. “N”, José A. “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”— son acusados de delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud. Durante la detención manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el operativo se decomisaron cuatro armas largas tipo AK-47 con cargadores y 80 cartuchos útiles, un arma corta calibre 9 mm con cargador y cuatro cartuchos, y cuatro chalecos tácticos de color negro. También fue asegurado un vehículo Mazda 3 modelo 2020 sin placas de circulación.

Asimismo, las autoridades incautaron 90 bolsitas con presunta marihuana, 60 bolsitas con presunta droga conocida como cristal, una báscula gramera y dinero en efectivo.

Los 12 detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que determine su situación jurídica.