* Rodolfo Andrés Domínguez, se burla en redes sociales de haberle ganado un amparo al Gobierno y al Congreso del Estado.

* En años recientes fue destituido por corrupto de la Dirección General de Notarías y ahora ataca al Gobierno desde el anonimato del desempleo.

De manera irresponsable y frívola, cerca de 100 millones de pesos de la Caja Popular San Juan Bosco, han comprometido el grupo de ex consejeros, Félix Carlos López Martínez y Javier Valdiviezo Sánchez, por concepto de asesoría jurídica profesional con el abogado de Yajalón Rodolfo Andrés Domínguez Constantino, para que les ayude a recuperar lo que consideran su negocio y los privilegios que les fue despojado -según dicen- desde el 17 de agosto de 2022.

Dicho leguleyo, quien con cinismo se burla de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado en su cuenta Facebook, por haberles boicoteado a través del juicio de amparo la Ley de Responsabilidad Patrimonial Estatal, en sus ansias de novillero se olvida que al dueño del rancho no se le puede ganar ni el saludo, mucho menos un tema de orden legal.

Envalentonado por estropearle una ley al Gobierno de Chiapas y al Poder Legislativo, “tengo el gusto de ser el abogado que generó la demanda de amparo que deriva en esta sentencia”, dice en su publicación, donde se burla de quienes participan en el proceso legislativo de las iniciativas de Ley que el titular del poder ejecutivo envía al Congreso del Estado.

Este abogado de marras, fue en el pasado reciente encargado de la Dirección del Archivo General y Notarias del Estado, donde se confabuló con el Notario Público número 136 Alejandro Orantes Coello (fallecido), para defraudar con escrituras apócrifas a cientos de personas de bajos recursos económicos de San Cristóbal de Las Casas, quienes pagaron de 3 a 65 mil pesos para regularizar escrituras y nunca lograron su objetivo, según lo denunció ante la prensa Evangelina Gómez Gutiérrez, en representación de los afectados.

Las familias afectadas por la ineptitud y la corrupción, denunciaron haber pagado de 3 hasta 65 mil pesos por escritura y no recibieron nada, en esta denuncia se encuentra involucrado Rodolfo Domínguez.

Las más de 200 familias afectadas pertenecen al Barrio de María Auxiliadora, El Relicario, La Garita, Barrio de Guadalupe y de la Colonia 31 de Marzo, entre otras, según lo denunció el profesor Ranulfo Ruiz Pérez, del Comité de Colonias de la zona Sur de San Cristóbal (Cocosur).

Al documentarse las denuncias de corrupción, tráfico de influencias y por obtener ingresos millonarios para favorecer dictámenes donde tenía conflictos de intereses, violando así la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el Gobernador del Estado ordenó detener a funcionarios de esa área de la Secretaría de Gobierno.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, detuvo a cinco ex funcionarios acusados de tráfico de influencias, entre los que se encontraba Giovanny Alexander Campos Amaya, el ex subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría de Gobierno de Chiapas.

Hoy en el anonimato del desempleo, Rodolfo Domínguez Constantino, acostumbrado a “los grandes negocios” logró que un grupo de personas que perdieron su calidad de socios y de directivos en la Caja Popular San Juan Bosco, le firmaran un contrato leonino y con cláusulas abusivas, donde se establece que de ganar el litigio para recuperarles su empresa, él recibirá un pago por honorarios de aproximadamente 100 millones de pesos.

Para fortuna de la Cooperativa y de los Socios, el grupo que firmó a nombre de la Caja ese contrato ya no son socios, mucho menos directivos y en caso de que el tema se vaya a litigio, los juicios ordinarios mercantiles podrían extenderse por varios años y mientras eso suceda, los ex consejeros deberán pagar de su bolsa todos los gastos y costos que este abogado les vaya exigiendo o corren el riesgo que quiera negociar el tema para su beneficio con el actual Consejo de Administración y ahí dejaría tirados a quienes hoy lo ven como su última carta para recuperar lo que a boca llena llaman “nuestro negocio”.

Agencia informativa Asich.- Los responsables de las sucursales de la Caja Popular San Juan Bosco, en contubernio con José Antonio Flores López, Manuel Maciel Mora, Nolasco José Montoya y Gerardo Edali Aguilar Martínez, desaparecieron en menos de 30 días, más de 15  millones de pesos que tenían en efectivo como fondo revolvente.

Así lo denunció ante el Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigacion y Justicia Restaurativa, el consejo de administración 2023-2027 que preside la maestra Rosa López Moreno, al presentar la promoción correspondiente en el registro de atención 0199-078-0305/2023.

Por otro lado se informó que la compañía mexicana de traslado de valores (Cometra) suspendió todos los servicios que venía prestando a la Caja Popular San Juan Bosco entre ellos el de recolección de dinero en efectivo en todas las sucursales ya que al estar congeladas las cuentas bancarias de la Cooperativa no les permiten realizar los depósitos en Bancomer y Banorte, respectivamente.

Finalmente se dio a conocer que existe la incertidumbre entre los empleados que apoyan al grupo que se apoderó ilegalmente del Corporativo y de las oficinas generales, desde el pasado 2 de febrero con José Antonio Flores López a la cabeza, que no les pagarán ni la quincena ni los vales de despensa al no tener recursos ya disponibles.

• Se fincarán responsabilidades por los daños y perjuicios a José Antonio Flores y sus cómplices.

Ante la renuencia de acatar instrucciones del Consejo de Administración y de la gerencia general de la Caja Popular San Juan Bosco, este lunes fueron cesados de sus funciones la auxiliar de tesorería y los 12 responsables de las sucursales en San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Teopisca, Las Rosas, Comitán, Ocosingo, Chiapa de Corzo y Ocozocoautla.

A través de un comunicado oficial se dio a conocer que no se permitirá que las sucursales sean utilizadas para operar posibles fraudes bajo la dirección del grupo de delincuentes que se mantienen en poder del Corporativo y de las oficinas generales encabezados por José Antonio Flores López.

Las causas para la rescision laboral son la indisciplina, el incumplimiento de obligaciones, falta de lealtad y probidad a la Cooperativa, entre otras. Por lo que de inmediato se procedió a notificar la baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los responsables de las sucursales dados de baja el día de hoy y que ya no forman parte de la base trabajadora de la Caja Popular San Juan Bosco son: María Elena Morales Pineda, Julián de Jesús Ramos Gómez, Ana Karen Bautista Narváez y Reyna de Jesús Sánchez Cruz.

Así como Samuel Iván Ovalle Estrada, Sandra Luz Ovilla Ocaña, Rocio Elizabeth Zepeda Moreno, Victor Hugo Sánchez Paniagua y Elizabeth Cecilia Paniagua García.

Además de Verónica Dolores Villatoro Hernández, Mercedes de Jesús Sánchez Cruz y Ovidio Tamayo Hernández.

A la relación de trabajadores dados de baja se suma Silvia de Lourdes Hernández Vázquez, auxiliar de tesorería.

A los socios ahorradores se les informa que en cuanto se restituya el orden y la legalidad por parte de la Fiscalía General del Estado, se reactivarán los servicios en las sucursales, condonando los intereses moratorios para no afectar el historial crediticio de los socios por vencimiento de plazos.

El daño económico que le han provocado a la Caja Popular San Juan Bosco a consecuencia de los hechos violentos del pasado 2 de febrero a la fecha, podrían rebasar los 132 millones de pesos por afectaciones a los procesos de captación de ahorros y colocación de préstamos.

Se indicó que de todos los daños y perjuicios se hará responsable al autor intelectual y material de estos hechos José Antonio Flores Lopez y a las personas que le acompañan en los actos vandálicos y que están plenamente identificados y denunciados ante el ministerio público.