Para prevenir y evitar que hagan malos manejos de los recursos administrativos, contables y financieros de la Caja Popular San Juan Bosco, la gerencia general cesó de sus funciones a ocho empleados.

Se trata de Manuel Maciel Mora, gerente de cobranza; Nolasco José Aguilar, subgerente; María del Carmen Córdova, auxiliar del banco de pagarés; Gerardo Edalí Martínez, administrador integral de riesgos; Roxana Isabel Bautista, auxiliar de compras; Eduardo Iván Sánchez, auxiliar de mantenimiento; Mercedes del Rocío Aguilar, gerente regional de la zona dos y Pedro Fabian Bermúdez Bonifaz, gerente de educación.

El cese de estos empleados se determinó por indisciplina laboral, pérdida de confianza y deslealtad a la Cooperativa, por lo que de inmediato se procedió a su baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Finalmente, se hizo un llamado a los empleados de la Caja Popular para que eviten mantener la misma posición que los anteriores trabajadores, ya que de hacer caso omiso a las instrucciones que se les ha dado, también serán despedidos porque la determinación es contundente: Poner orden y recuperar la operatividad en toda la Cooperativa.

Los trabajadores saben que su deber es cumplir sus actividades laborales apegadas a la legalidad, pero aquellos que sigan acatando instrucciones del grupo delictivo que se apoderó ilegalmente del Corporativo y de las oficinas generales, serán despedidos de su centro de trabajo porque ponen en riesgo el dinero de los ahorradores, al realizar operaciones financieras de manera ilegal y nulas de todo derecho, se indicó.

San Cristóbal de Las Casas. - Que todos los socios de la Caja Popular San Juan Bosco se enteren qué hay atrás de la violencia, para que las cosas queden claras:

Los ex empleados José Eduardo Flores Hernández y Hugo Villareal Morales, fueron despedidos de la Caja Popular San Juan Bosco en noviembre de 2022 y en enero de 2023 respectivamente, ambos por pérdida de confianza y actos de corrupción.

Este par de lacras recibieron el 25 de enero de 2023, dos cheques por 550 mil pesos por concepto de liquidación y desde ese momento dejaron de pertenecer a la planta laboral de la Cooperativa, la cual fue para ellos una “mina de oro” en los últimos 9 y 16 años respectivamente.

Hugo Villareal Morales, emigró de su tierra natal Ocozocoautla para llegar a rentar una casa en la colonia Ciudad Real en San Cristóbal y al poco tiempo se hizo de mulas Pedro y compró de un pago dicha vivienda, cuando su salario quincenal eran menos de 15 mil pesos.

La administración de la Caja Popular bajo la presidencia de la maestra Rosa López Moreno, los apoyó ante sus hipócritas súplicas para lograr una conciliación laboral muy favorable para ellos y fue así como Hugo Villareal recibió 300 mil pesos y José Eduardo 250 mil pesos.

Pero la enfermedad de su ambición, salió rápido a flor de piel, pues demostraron que no conocen de límites, de ética profesional, ni de vergüenza, porque desde la gerencia de tecnologías de la información durante 9 años obtuvieron junto al proveedor consentido de José Antonio Flores, su cómplice Hugo Alberto Chambé Morales.

Escudados en una empresa de portafolios denominados   EISIP S.A DE C.V (Enlaces inalámbricos y Soluciones IP) han obtenido ganancias por más de 42 millones de pesos, cobrando pólizas y contratos leoninos y cláusulas ventajosas en perjuicio de la Caja Popular.

Por eso 8 días después de su liquidación, el jueves 2 de febrero, acompañados de un grupo de “motonetos”, ingresaron violentamente en el Corporativo y en las oficinas generales de la Caja Popular en el barrio de María Auxiliadora para posesionarse a punta de golpes, de lo que ilusamente creen es su negocio, su empresa y en esa acción vandálica se hicieron acompañar de los principales defraudadores de la Cooperativa: José Antonio Flores y Hugo Chambé Morales.

Desde el dos de febrero, este par de sinvergüenzas se posesionaron junto a Hugo Alberto Chambé Morales, de la base de datos personales de los socios de la Caja Popular San Juan Bosco y se tiene información que lo han convertido en su centro de operación para retirar dinero de las cuentas de los socios que más ahorros tienen en la Cooperativa.

Afortunadamente el Consejo de Administración ha interpuesto las denuncias penales por violación a la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que son delitos del fuero federal.

Así que ya lo saben lo socios y que lo sepa la autoridad, entre más días pasen estos tipos posesionados ilegalmente de las instalaciones de la Cooperativa, mayor es el riesgo que corren los dineros de los socios para ser desaparecidos de sus cuentas.

Si los ven en las calles, ya saben quiénes son los que desde la clandestinidad y al amparo de la ley se han descarado como lo que en realidad son, viles delincuentes.

Ojalá pronto, muy pronto los cuatro jinetes del Apocalipsis sean llamados a cuentas por las autoridades y eso se llama justicia divina.

El consejo de administración de la caja popular San Juan Bosco, urgió hoy respetuosamente a la Fiscalía de Justicia de Chiapas a restituir la legalidad y el estado de derecho aplicando la ley y desalojando a quienes de manera violenta se posesionaron de las instalaciones del Corporativo y de Oficinas Generales el pasado 2 de febrero.

Han transcurrido 5 días, desde que Jose Antonio y su hijo José Eduardo Flores, acompañados de un grupo violento integrado por los llamados motonetos, ocasionaron destrozos y golpearon a empleados de la Cooperativa, causando daño reputacional a la Caja Popular y un daño económico que  rebasa ya los 60 millones de pesos en captación de ahorros y colación de créditos. Por los daños y perjuicios tendrán que responder quienes han violentado la ley y quienes con ellos participen, se indico.

De permanecer en la impunidad estos hechos ilícitos, se corren diversos riesgos que no sólo afectarían a la Caja Popular si no también a los socios ahorradores, por lo que es urgente aplicar la ley para que sean desalojados y detenidos los responsables intelectuales y materiales de este vandalismo.

La Caja Popular San Juan Bosco a través de su consejo de administración ha determinado apoyar a los socios para no incurrir en morosidad mientras dure la contingencia y que se apoye a la base trabajadora que se ha deslindado de este grupo delictivo, respetando su antigüedad y sus percepciones salariales.