Altamirabo, Chiapas.– La sequía que se prolongó durante aproximadamente cuatro meses provocó pérdidas económicas entre campesinos indígenas de distintas comunidades de Altamirano, debido a que cultivos de maíz, frijol, calabaza y hortalizas resultaron afectados por la falta de lluvias.

Campesinos de las regiones Selva, Centro y Tojolabal señalaron que la escasez de precipitaciones comenzó desde junio y aunque a mediados de agosto se registraron lluvias, estas no fueron suficientes para recuperar los cultivos que tradicionalmente se cosechan durante esta temporada.

Durante recorridos por distintas zonas rurales del municipio se observaron milpas con hojas secas o amarillentas y plantas de maíz que apenas comienzan a desarrollar elotes, mientras que otros cultivos, como frijol, calabaza y diversas hortalizas, presentan afectaciones que dificultan su producción.

Los productores pidieron a las autoridades estatales y federales atender a las comunidades afectadas y considerar algún programa de apoyo para los campesinos que perdieron sus cosechas.

Por su parte las autoridades tradicionales de diversas comunidades también solicitaron que se gestione apoyo para las familias campesinas, principalmente mediante la entrega de fertilizantes e insumos que permitan recuperar parte de los cultivos afectados y preparar las próximas siembras.

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Altamirano, Chiapas.— El caso de Hermila “N” ha generado indignación en este municipio, luego de que fuera encarcelada presuntamente por negarse a entregar bienes que construyó junto a su esposo, quien actualmente se encuentra en calidad de desaparecido.

De acuerdo con información recabada, la mujer enfrenta un proceso legal en medio de una disputa con familiares políticos, quienes buscan quedarse con terrenos, una camioneta de trabajo y un tractor que formaban parte del patrimonio familiar.

Testimonios cercanos señalan que su detención no solo estaría vinculada al conflicto familiar, sino también a la intervención de autoridades comunitarias y ejidales, cuyas decisiones se habrían basado en los llamados “usos y costumbres”.

Sin embargo, este caso ha encendido la preocupación de diversos sectores, al considerar que dichas prácticas no deben vulnerar derechos fundamentales ni justificar la privación de la libertad sin un proceso legal claro y transparente.

Aunque la Fiscalía General del Estado de Chiapas ya tiene conocimiento de los hechos, hasta ahora no se han reportado avances relevantes en la investigación.

Ante esta situación, crece la exigencia de que las autoridades estatales intervengan de manera inmediata para garantizar justicia, el respeto a los derechos humanos y evitar que este caso se convierta en un precedente de abuso bajo el amparo de normas comunitarias.

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