• •    Exigían 10 millones pesos a cambio de la libertad del secuestrado
• •    La Fiscalía Antisecuestro rescató a la víctima sana y salva sin pagar liberación

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Antisecuestro, obtuvo del órgano jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Carlos “N”, por el delito de secuestro agravado cometido en agravio de un masculino de oficio ganadero el pasado 5 de enero 2021, en el municipio de Juárez.
El Juez de Control con sede en Pichucalco vinculó a proceso a Carlos “N” dentro de la causa penal 04/2021 por el delito de secuestro agravado, decretando medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 11 de Pichucalco, donde el acusado enfrentará el proceso penal.   
De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado, junto a otras personas, privaron ilegalmente de la libertad a la víctima el pasado 5 de enero del presente año, en el municipio de Juárez, Chiapas. Mediante llamadas telefónicas, exigían al padre de la víctima la cantidad de 10 millones de pesos para su liberación.
Derivado de las acciones de inteligencia, investigación de campo y rápida intervención operativa de la Fiscalía Antisecuestro, la víctima fue rescatada sana y salva el 07 de enero del 2021, sin pagar un solo peso por el rescate.
El Juzgado de Control del Distrito Judicial de Pichucalco emitió la orden de aprehensión en contra de Carlos “N” y posteriormente lo vinculó a proceso, por ser quien brindó la información sobre la víctima y se encargó de vigilarla.
La Fiscalía General del Estado que encabeza Olaf Gómez Hernández refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará sin ser investigada.

•    La Fiscalía General del Estado investiga lo ocurrido en la comunidad Pashtonticjá, donde resultaron lesionadas seis personas y se registraron cuantiosos daños materiales

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, inició carpeta de investigación por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y lesiones calificadas, derivado de los hechos ocurridos la mañana de este jueves en la comunidad Pashtonticjá, del municipio de Oxchuc.
De acuerdo con las primeras investigaciones, a las 09:00 horas de este jueves, habitantes de la comunidad Pashtonticjá se habían reunido en las instalaciones de la escuela primaria de la localidad, con el objetivo de conciliar entre ellos un conflicto interno, derivado de la existencia de dos comités y agentes municipales. En dicho diferendo, se tuvo conocimiento que participaron simpatizantes del ayuntamiento, así como un grupo antagónico.
Luego de varias horas de dialogar y no alcanzar acuerdos se registró una confrontación alrededor de las 19:00 horas, resultando lesionadas seis personas por golpes contusos y por detonaciones de arma de fuego, así como daños materiales a las instalaciones de la escuela, dos viviendas quemadas, además de cuatro vehículos y dos motocicletas vandalizadas.
Al tener conocimiento de estos hechos, la Fiscalía de Justicia Indígena inició un primer registro de atención por lo ocurrido y al contar con mayores elementos, logró elevar a carpeta de investigación estos lamentables hechos.
De inmediato, personal ministerial se dio a la tarea de realizar las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido, descartando totalmente el deceso de personas, como se había informado en algunos medios en las recientes horas.
Con relación a las personas lesionadas, se informa que Nicolás “N”, quien había sido reportado como desaparecido, fue trasladado al municipio de Ocosingo, junto con Guillermo “N”, quienes recibieron atención médica por un golpe en la cabeza y por disparo de arma de fuego, respectivamente.
Por su parte, Julio César “N”, quien no requirió hospitalización, Omar “N”, Juan “N” y Juan “N”, fueron atendidos en San Cristóbal de Las Casas, debido a lesiones provocadas por arma de fuego, donde se reportan estables.
La Fiscalía General del Estado reprobó estos lamentables hechos e indicó que llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para dar con los responsables, con el compromiso de que sean llevados ante la justicia y estas conductas no queden impunes.

• •    José Miguel “N ” fue sentenciado a 42 años de prisión y el pago de 236 mil 320 pesos, por concepto de reparación de daño de la víctima

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- A 42 años de prisión y pago de 236 mil 320 pesos, por concepto de reparación de daño, fue sentenciado José Miguel “N”, como penalmente responsable de los delitos de privación de la libertad, en la modalidad de plagio o secuestro y violación, en agravio de la menor de identidad reservada, ocurrido en la Ranchería San Antonio Cimarrón, del municipio de Las Margaritas.

De acuerdo con la Causa Penal 132/2012, el juez de control adscrito al Distrito Judicial de Comitán, notificó a la Fiscalía General del Estado la sentencia condenatoria en contra de José Miguel “N”, por los hechos ocurridos el pasado 10 de julio de 2012, fecha en la que, mediante engaños, convenció a su hijastra (víctima) de llevarla a comprar un vestido para la celebración de su primera comunión.

El ahora sentenciado violó a la menor y la mantuvo en contra de su voluntad en un domicilio ubicado en la comunidad Yasha, del municipio de Las Margaritas. El 12 de julio de ese mismo año, la devolvió a la señora María de los Ángeles “N ”, madre de la menor, quien tuvo que entregar a cambio las escrituras de su casa y la cantidad de 6 mil pesos en efectivo

Ante estos lamentables hechos, en los que se acreditó la responsabilidad penal del sentenciado, el juez de control dictó la sentencia condenatoria de 42 años de prisión, la cual se suma al pago de la cantidad antes señalada -emitida el 06 de noviembre de 2020- como medio de reparación de daño a la familia de la víctima.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado destacó la emisión de dicha sentencia, al tiempo de reafirmar su compromiso de seguir fortaleciendo una procuración de justicia  apegada a derecho, donde no hay cabida a la tolerancia ni a la impunidad para que se castigue severamente a quienes cometen este tipo de ilícitos, que atentan contra la dignidad de las personas