Aldama.-  Se informó la inseguridad entre los límites  de Chanalhó y Aldama,   el conflicto agrario ha generado una seria de eventos bélicos donde se han perdido varias vidas, así también  como  perdidas económicas  a 115 ejidatarios tzotziles  que fueron  despojados  de 60 hectáreas dedicadas a la producción de café y milpa, por habitantes  del poblado de Santa Martha municipio de Chenalhó.

Luego de que comuneros de Santa Martha rompieran el acuerdo firmado en el 2009, desde el 2014 hasta la fecha se han intensificado las muertes y disparos en  cuatro comunidades  entre ellas Xuchen, Cocó, Tabak y San Pedro Cotzilnam, las cuales están rodeadas por presuntos paramilitares, informó Cristóbal Santis Jiménez, representante de los 115 comuneros de Aldama.

“Los ataques son con arma de fuego,  se presentan a la hora de que tratamos de ingresar a nuestras parcelas  o tratamos  de caminar hacia otras comunidades,  nos preocupa por eso hemos solicitado la intervención del gobierno desde Manuel Velasco y hoy estamos siendo atendidos por el gobierno de Rutilio Escandón  Cadenas, confiamos que se logre el acuerdo”, indicó.

Los afectados  aseguraron que desde hace dos semanas  un aproximado de dos mil personas  se han desplazado de manera forzada para no poner en riesgo su vida, sin embargo el 12 de diciembre un agente municipal fue emboscado  y muerto a los dos días, hecho que confirmó el presidente municipal Ignacio Pérez  Girón, quién  admitió que hay preocupación por la situación que se vive en la región.

A pesar de que se han instalado mesas de negociación éstas han estado lentas por lo que piden la intervención del gobernador para lograr el orden social y la tranquilidad de los más de 6 mil habitantes, quienes han montado guardias de seguridad ante la amenaza de los paramilitares de entrar  a la cabecera municipal para atacar a los pobladores.

Aldama.-  Se informó la inseguridad entre los límites  de Chanalhó y Aldama,   el conflicto agrario ha generado una seria de eventos bélicos donde se han perdido varias vidas, así también  como  perdidas económicas  a 115 ejidatarios tzotziles  que fueron  despojados  de 60 hectáreas dedicadas a la producción de café y milpa, por habitantes  del poblado de Santa Martha municipio de Chenalhó.

Luego de que comuneros de Santa Martha rompieran el acuerdo firmado en el 2009, desde el 2014 hasta la fecha se han intensificado las muertes y disparos en  cuatro comunidades  entre ellas Xuchen, Cocó, Tabak y San Pedro Cotzilnam, las cuales están rodeadas por presuntos paramilitares, informó Cristóbal Santis Jiménez, representante de los 115 comuneros de Aldama.

“Los ataques son con arma de fuego,  se presentan a la hora de que tratamos de ingresar a nuestras parcelas  o tratamos  de caminar hacia otras comunidades,  nos preocupa por eso hemos solicitado la intervención del gobierno desde Manuel Velasco y hoy estamos siendo atendidos por el gobierno de Rutilio Escandón  Cadenas, confiamos que se logre el acuerdo”, indicó.

Los afectados  aseguraron que desde hace dos semanas  un aproximado de dos mil personas  se han desplazado de manera forzada para no poner en riesgo su vida, sin embargo el 12 de diciembre un agente municipal fue emboscado  y muerto a los dos días, hecho que confirmó el presidente municipal Ignacio Pérez  Girón, quién  admitió que hay preocupación por la situación que se vive en la región.

A pesar de que se han instalado mesas de negociación éstas han estado lentas por lo que piden la intervención del gobernador para lograr el orden social y la tranquilidad de los más de 6 mil habitantes, quienes han montado guardias de seguridad ante la amenaza de los paramilitares de entrar  a la cabecera municipal para atacar a los pobladores.

Más de 100 estudiantes de la escuela Normal Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek", anunciaron que marcharán a la capital del estado para exigir al gobierno que preside Rutilio Escandón Cadenas el cumplimiento de sus demandas.

Entre las que destacan el retorno a las instalaciones del plantel en la cabecera municipal de Zinacantán, ya que argumentaron que desde hace 4 meses no abren la institución y han recibido clases en las instalaciones de la Escuela de Derecho "José Manuel de Rojas".

Los normalistas urgieron que se impartan las clases en sus instalaciones de la normal ya que desde este mes no saben en donde las recibirán porque la Escuela de Derecho José Manuel de Rojas les ha cerrado las puertas. Asi también exigieron un alto al hostigamiento que vienen sufriendo los normalistas en la región Altos.

A eso de las 8: 50 de la mañana otro grupo de normalistas de la misma institución retuvieron una unidad de la Cristóbal Colón con número económico 2024, con placas de circulación 20HA5T y una unidad de la ADO en el kilómetro 46 de la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal para trasladarse a la capital.

Posteriormente a las 9:50 horas, los 100 normalistas se dirigieron a la Unidad Administrativa Municipal de esta ciudad y concluyó en la Plaza Catedral, se desconoce porque ya no viajaron a Tuxtla en donde realizarían una marcha que partiría de Soriana oriente hacia el centro de la ciudad. Las unidades continúan retenidas

Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Sutunich) que fueron despedidos de manera injustificada de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), fueron reinstalados a sus puestos laborales la mañana de este lunes en San Cristóbal de Las Casas.

En entrevista Edgar Federico Pérez Martínez, secretario general del Sutunich, dijo que más de 100 trabajadores retornaron con sus mismas plazas, “tenemos compañeros funcionarios que regresan a sus mismos puestos, los de unidades, tiempo completo, de asignatura, técnicos, académicos y administrativos”.

Indicó que hasta el momento no han sostenido una reunión con el rector de la Unich, que el acuerdo y el diálogo se logró con el secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, como parte de las peticiones de audiencia que habían solicitado al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. “Al final de cuentas tuvimos la atención, la escucha y el diálogo para llegar a este acuerdo y a la resolución del conflicto”.

Refirió que en lo que respecta a la parte legal, los recursos han estado interpuestos, las demandas individuales y los emplazamientos, han habido resoluciones de los tribunales federales que han salido a favor del sindicato y que todo se debía a una consigna política que tenían de la administración pasada, quienes buscaban mantenerlos fuera de sus centros del trabajo.

Externó que hay una honda preocupación de parte de los trabajadores, ya que saben que la universidad no atraviesa sus mejores condiciones académicas y administrativas, “para nosotros es reiniciar con ese trabajo tanto en la sede central como en las cuatro unidades académicas multidisciplinarias, la Unich como parte de las 11 universidades interculturales del país es la que tenía el primer lugar a nivel nacional, tenemos que recuperar ese lugar y se logrará con el trabajo académico y administrativo”.

Finalmente Pérez Martínez, aseguró que el despido injustificado de los trabajadores fue promovido por la que en su momento fue el enlace de gobierno Karen Anahí Ballinas Hernández, del entonces rector Ballardo Eduardo Molina Hernández y del abogado general de la universidad Ángel Gabriel Pérez Morales.