·         Aclaró que una de las buenas noticias y que les ayudaría en mucho para soportar la crisis es la actualización de los tabuladores de pagos porque teníamos precios del 2013

Si este año ha sido difícil para quienes se dedican al ramo de la construcción por la falta de obra pública, el 2017 será aún peor por los recortes presupuestales que la Federación aplicará a Chiapas, aceptó Héctor Enrique Constantino Chanona, presidente del Colegio Chiapanecos de Ingenieros Civiles Siglo XXI.

De hecho, aseveró que una gran parte de los agremiados a dicha AC aún está en espera de resultar beneficiados con las licitaciones, sin embargo, afirmó que el panorama es complejo debido a que existe un padrón de mil 500 empresas del rubro en la entidad.

 “Sabemos que gobierno del estado no tiene mil 500 contratos como para que todas resulten beneficiadas, no obstante, tenemos fe de que estos últimos días haya algo positivo para nuestros compañeros”, afirmó el líder constructor.

Por ello, dijo que una de las tareas será acercarse aún más con las dependencias encargadas de la obra pública en el estado, y además llevar a efecto las capacitaciones para los agremiados, con la intención de no quebrar o recortar personal o buscar otra salida “lamentable”.

Aunque rechazó que por el momento alguna compañía adherida al colegio haya “tronado”, Héctor Constantino afirmó que sí se han visto un poco afectadas, “pero en sí en quiebra en este momento no; e incluso aún no tenemos una cifra o porcentaje exacto de cómo nos fue, pero esperamos que a finales de este 2016 esté listo”.

Aclaró que una de las buenas noticias y que les ayudaría en mucho para soportar la crisis es la actualización de los tabuladores de pagos “porque teníamos precios del 2013… si una bolsa de cemente te salía 130 pesos en ese año, ahorita está en 170; y lo mismo, carecemos de un porcentaje exacto porque en los tabuladores no sólo entran los materiales, sino la mano de obra y los indirectos, entonces tienen que hacer un análisis profundo”.

  La diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, reveló que derivado del análisis a la Constitución local en distintos foros, se ha evidenciado que fue redactada con un lenguaje sexista y discriminatorio que es necesario cambiar. “Las expresiones incluyentes deben ser un principio legislativo”, anotó.

En este sentido señaló que las palabras que no descalifican hacen referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferentemente un vocabulario neutro o bien hace evidente  el masculino y el femenino. “Y es que el lenguaje incluyente está a veces relacionado con el género”, dijo.

 “No se trata de un asunto de simple semántica, más bien obedece a un derecho de igualdad e incluso, pues el idioma español es rico y abundante y contiene palabras que pueden unir sin distingo a hombres y mujeres”, refirió y ejemplificó “el término ciudadano puede ser modificado por el ciudadanía”.

Asentó que se requiere la creación de un lenguaje incluyente que sensibilice a la sociedad y nombre de manera adecuada a los grupos y personas en una situación específica y añadió que entre los más discriminados están las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas, comunidad lésbico-gay y poblaciones callejeras.

Una de las formas en que la discriminación se expresa es a través del lenguaje, la forma en la que se nombra o se dirige a las personas refleja las condiciones socio-históricas en que se reproducen valores y creencias, pero también prejuicios y otros adjetivos descalificadores injustos, agresivos y excluyentes.

Garcés Quiroz aseveró que es deber de los legisladores garantizar el respeto y acceso a los derechos humanos de todas las personas, los cuales están reconocidos en la Constitución política de México y en los tratados internacionales  celebrados y ratificados por el Estado.

En estos términos las garantías individuales no están sujetas a discusión, ni se someten a votación, se reconocen. ”Ejemplo de lo anterior es la tendencia global de reconocer la  igualdad de derechos y oportunidades tanto para los hombres como para las mujeres, independientemente de su origen, credo o religión situación de vulnerabilidad, entre otros”.

Recordó que así lo establece el contenido del Artículo 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala: “Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección contra toda discriminación, entendiéndose ésta última como una condición de desprecio contra una persona sobre la base de un prejuicio negativo”.

·       Y es que de acuerdo con el reporte de los cuerpos de policía, fue a través de una llamada al número de emergencia 911 que todas las corporaciones policiacas fueron alertadas

Elementos de distintas corporaciones policiacas se movilizaron la tarde de este jueves  luego de una llamada de alerta en el sentido de que personas supuestamente armadas estaban asaltando la sucursal de BBVA Bancomer, localizada a la altura de la 16ª. poniente del bulevar Belisario Domínguez de esta capital, lo cual fue desmentido por los propios vigilantes y gerentes de la institución bancaria.

Y es que de acuerdo con el reporte de los cuerpos de policía, fue a través de una llamada al número de emergencia 911 que todas las corporaciones policiacas fueron alertadas, en el sentido de que la referida sucursal estaba siendo asaltada, lo que luego de una rápida revisión al lugar, se comprobó que todo se había tratado de una falsa alarma.

Tras hacer un rápido operativo, la policía encontró que una persona había sido asaltada al salir de una sucursal de Banamex ubicada a la altura de la 7ª poniente y 9ª. sur, en donde fue interceptado cuando salía y despojado de un portafolios donde solo llevaba documentos, creyendo los delincuentes que estaba cargado de dinero.

Al parecer, los delincuentes huyeron con dirección al poniente de la capital, y fue a inmediaciones de la colonia el Issste, donde se perdieron de vista tras su fallido atraco.