San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- 25 de enero de 2026.-El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, reconoció que en los últimos dos años ha disminuido la violencia en Chiapas, aunque advirtió que en algunas regiones del estado aún persisten hechos de inseguridad, por lo que urgió a las autoridades a aplicar la ley para garantizar la paz en todos los territorios.

Lo anterior fue señalado en el marco del 15 aniversario luctuoso del obispo emérito Samuel Ruiz García, quien durante más de cuatro décadas encabezó la Diócesis local y destacó por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chiapas.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del Pueblo Creyente recordaron que en el sexenio anterior se registró un incremento de la violencia en la entidad, con miles de personas desplazadas y ataques armados en regiones como la Frontera, Sierra y Norte del estado, además de reiterar su exigencia de justicia por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido también en ese periodo.

En el encuentro, el obispo Aguilar Martínez informó que cinco indígenas tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, quienes permanecían privados de la libertad, lograron su liberación a finales de 2025, como resultado de las movilizaciones impulsadas por la Diócesis y diversas organizaciones sociales.

Asimismo, el Pueblo Creyente denunció el aumento de cantinas legales y clandestinas en diversos municipios, así como la venta de drogas, lo que indicaron ha derivado en mayores problemas de alcoholismo, drogadicción, prostitución y violencia intrafamiliar en las comunidades.

También expusieron problemáticas económicas que afectan a los pueblos campesinos, como el bajo precio de los granos básicos, los altos costos de productos de primera necesidad y las elevadas tarifas de energía eléctrica, por lo que exigieron condiciones más justas para las familias.

Finalmente, el obispo Rodrigo Aguilar reiteró que, aunque se percibe una mayor tranquilidad en el estado, es necesario reforzar las acciones para que la paz sea una realidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

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San Cristóbal de Las Casas, Chis.— Tres mujeres sobrevivientes de un intento de feminicidio, robo con violencia y violación en grado de tentativa, ocurridos en febrero de 2023 en una montaña ubicada al sur de esta ciudad, exigieron justicia y denunciaron impunidad, omisiones y violencia institucional por parte de autoridades estatales.

En rueda de prensa, acompañadas por sus familiares, integrantes de la Asamblea Somos Fuego Feminista y la abogada Martha Figueroa, las víctimas demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que cumpla con su deber y garantice un proceso judicial con perspectiva de género, sin revictimización, así como la reparación integral del daño, medidas reales y efectivas de protección, garantías de no repetición y no discriminación.

Dulce, una de las sobrevivientes, relató que el 25 de febrero de 2023 ella, su hermana y una amiga de nacionalidad canadiense fueron víctimas de un ataque armado mientras descendían de la montaña conocida como Don Lauro, donde se ubica una ruta turística.

“Dos hombres armados nos agredieron brutalmente; intentaron violar a una de nosotras y asesinarnos. Salimos con vida porque luchamos juntas por sobrevivir. Tras el ataque, los agresores huyeron y fuimos auxiliadas por otros turistas que se encontraban en la zona”, narró.

La víctima denunció que al solicitar auxilio al número de emergencias 911, la respuesta fue que la policía no podía acudir debido a que la zona se rige por usos y costumbres, lo que —señaló— evidenció un abandono institucional absoluto en un momento crítico.

Posteriormente, con apoyo de familiares y amistades, acudieron a la Fiscalía de Distrito Zona Altos para denunciar los hechos; sin embargo, lejos de recibir atención adecuada, afirmaron haber sido víctimas de violencia institucional. Dulce señaló que la agente del Ministerio Público se negó inicialmente a atenderlas, emitió comentarios misóginos y revictimizantes, minimizó la gravedad del ataque armado, no proporcionó traductor para la víctima extranjera y les cobró por tomarles la declaración.

Indicó que fue hasta que el hermano de una de las víctimas difundió parte de los hechos en redes sociales que la Fiscalía intervino. No obstante, a casi tres años del ataque, aseguró que la violencia no ha cesado: han recibido amenazas, intimidaciones y hostigamiento por parte de los agresores y personas vinculadas con su defensa, además de enfrentar impunidad y omisiones por parte de diversas instituciones estatales.

“Seguimos esperando respuestas claras y transparentes. El ataque dejó secuelas profundas en nuestras vidas: daños psicológicos y físicos, pérdidas económicas y laborales, estigmatización social y constantes intimidaciones en nuestros domicilios y redes sociales. Vivimos con miedo ante la ausencia de medidas de protección reales y efectivas”, concluyó.