* Enrique Arreola, primer arresto de 36 horas; debe $50 millones de pesos a unos 20 comerciantes de Cintalapa

 El presidente municipal de Cintalapa Enrique Arreola Moguel, enfrentará de manera consecutiva e indefinida arrestos de 36 horas hasta en tanto no cubra el adeudo de los 50 millones de pesos que el ayuntamiento de ese lugar mantiene con un grupo de comerciantes, aseguró el abogado y apoderado legal de estos Carlos Jiménez Remigio.

El munícipe permanecía bajo arresto por un juicio mercantil en los separos de la delegación de la Procuraduría General de la República y sería este miércoles  26, a las 2:30 de la mañana, cuando se cumplan las primeras 36 horas y sea puesto en libertad. Sin embargo de un momento a otro puede ser nuevamente sometido a este arresto.

El representante legal de un grupo de 20 comerciantes del municipio Cintalapa, dijo que días antes de que se diera el arresto del munícipe, los inconformes a través de éste buscaron al alcalde para lograr un acuerdo al cual se negó y por lo tanto el pasado lunes fue detenido por elementos de la PGR debido a que incurrió en un desacato del juez cuarto de distrito en materia Federal el cual le ordenaba a cubrir los pagos correspondientes y al no hacerlo se procedió a su arresto.

En entrevista, el abogado precisó que en este caso se trata de un grupo de 20 comerciantes a quienes el ayuntamiento de esas deuda 50 millones de pesos por servicios como material de construcción, papelería insumos de oficina, servicios funerarios, servicios médicos, entre otros.

Se destaca que todos estos comerciantes son originarios del municipio de Cintalapa, lo que representa serias afectaciones a la economía de por lo menos 200 familias del municipio.

Jiménez Remigio, dijo que actualmente al ayuntamiento de Cintalapa le han sido embargados varios bienes inmuebles y que en breve se procederá a su remate como una medida para resarcir las afectaciones económicas a sus representados.

Sin embargo, aseguró que estos están dispuestos a lograr un acuerdo armonioso ya que lo importante para ellos es recuperar las inversiones y ganancias de los productos que aportaron al ayuntamiento y qué significó que en su momento dejarán de dárselo a sus hijos.

Este caso se ventila en el expediente 104/2016 del juzgado cuarto de Distrito en materia Federal. Cabe señalar que existió una orden de un juez Federal para el pago y ante la negativa del edil se procedió a su arresto.

Una volcadura registrada sobre el tramo carretero que va de la ciudad de Cintalapa hacia el ejido Rafael Cal Mayor, muy cerca de un puente conocido como La Sombra, dejó como resultado una persona muerta y miles de pesos en daños materiales.

Al parecer, el cintalapaneco Abner Velázquez Roque conducía un camión marca International, color blanco, tipo volteo con placas de circulación 8CNB733, adherido a la Unión de Transportistas de Carga volumen 2002 denominados los venados de Cintalapa, propiedad de la empresa ferretera “Bodegas CMC”, cuando antes de llegar al puente mencionado, al tomar una curva perdió el control del volante, luego se recostó sobre la cuneta del lado derecho, después chocó contra un muro de piedra y por último ocasionó la volcadura.

Una persona que pasó por el lugar del percance llamó al 911, al recibir el reporte enseguida personal de Protección Civil y demás corporaciones policiacas se trasladaron al lugar, pero al estar en el punto, solo confirmaron que una persona y debido a un aplastamiento, había perdido la vida de manera trágica, por lo que acordonaron el área en espera del personal pericial que llegaría desde la costa del estado a realizar su trabajo.

Mucho después de que arribaron los peritos, los bomberos con “la quijada de la vida” extrajeron el cuerpo del obrero quien no traía identificación alguna y que fue trasladado al Servicio Médico Forense (semefo) de esta ciudad para que se le practicara la necropsia de ley.

Según datos recabados, en la unidad colisionada viajaban tres personas, quienes se dirigían al ejido mencionado donde dejarían las toneladas de cemento y varilla que llevaban, pero en el lugar de la desgracia solo estaba el occiso, y se ignora el paradero de los otros dos.

Por lo anterior, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable de los posibles delitos, abandono de personas en hechos de tránsito u homicidio imprudencial.

De último momento, se supo que el dueño de la empresa referida, de nombre Francisco Palacios, se negó a proporcionar a las autoridades los generales del occiso, argumentando que tenía pocos días de haber iniciado a trabajar y que no lo conocía.

Miles de pesos en daños materiales y tres personas lesionadas fue el saldo de un accidente automovilístico registrado  a la altura del kilómetro 62, sobre el tramo carretero Cintalapa-El Cero, específicamente frente a donde se ubica el penal El Amate.

Alrededor de las once horas, el 911 le pidió al personal de Protección Civil que se trasladara al punto referido, ya que el reporte era de un percance con personas lesionadas.

Al estar en el sitio, los socorristas le brindaron los primeros auxilios a los hermanos Teresa, Bellaney y Julio Gutiérrez Cruz, de 43, 30 y 48 años respectivamente, originarios de la ranchería La Valdiviana, quienes se dirigían con rumbo a Cintalapa a bordo de una camioneta, color rojo, marca Toyota, con laminillas de circulación CV98495.

Al pasar por donde se ubica el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados CERSS #14 El Amate, Leovaney Santos Cruz, quien manejaba un Nissan tipo Tsuru, en su modalidad de taxi foráneo marcado con el número económico 085, placas de circulación 1426BHE, de Cintalapa, al momento que la camioneta circulaba por ese tramo se atravesó, provocando que la camioneta se impactara en el lateral derecho del taxi.

Los lesionados recibieron los primeros auxilios en el lugar, pero después fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario para que fueran valorados por un especialista.

Al lugar del percance, elementos de la Policía Estatal Preventiva llegaron a tomar nota de lo ocurrido, pero la Policía Federal fue la que permitió que personal de grúas se llevara las unidades colisionadas después de dialogar con el responsable, quien dijo que su empresa aseguradora se encargaría de pagar los daños que la camioneta había sufrido.