*Revelan el caso de una familia detenida por agentes de migración; intervienen autoridades

Chiapas es la entidad donde se produce el mayor número de detenciones de menores por su condición de Frontera, en su mayoría centroamericanos, e incluso niños mexicanos, aseveró Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

El entrevistado aseguró que las detenciones de niños en las estaciones migratorias han incrementado las cifras, tan solo el año pasado fueron detenidos más de 40 mil niños, entre ellos más de 38 mil menores de Honduras, Guatemala y el Salvador, entre esos eran 16 mil niños de 0 a 11 años.

“A pesar de que Ley General de Migración como Ley General de la Niñez y la Adolescencia aprobada en el 2014, la cual prohíbe la detención de niños en las estaciones migratorias”.

Por otro lado, informó que atendieron a una pareja hondureña que tiene un hijo de once meses que nació en México y que además la señora está embarazada de siete meses, que tendrá otro niño mexicano, fueron detenidos a pesar de que la menor tenía su registro del país, pasaron más de 10 días encerrados en la estación migratoria porque se les estaba exigiendo el pago de una multa de tres mil 200 pesos por el ingreso irregular de los padres.

“Solo por la cuestión de la multa se les tuvo privado de su libertad tanto a la familia como al niño mexicano, además de que era un caso complicado, porque son personas que ya habían sido deportadas con anterioridad y ya con el niño mexicano tuvieron una nueva detención y deportación".

Diego Lorente, explicó que la situación de los menores es dramática, especialmente para los niños, justo antes la semana pasada llevaba como tres días sin comer, por la mala condición de la comida, además de que están separados porque la madre tiene que estar cargando al menor las 24 horas, porque únicamente se les permite ver al padre una hora al día”.

 Finalmente, por una cuestión humanitaria y por no hacer que persistiera con malas condiciones, se terminó con una protesta y se presentaron recursos judiciales contra el pago,” pero, se pagó la multa para que esta familia pudiera salir, recuperarse y la idea es ir con la justicia por la presunta privación ilegal de una persona mexicana que nada más y nada menos tiene once meses de edad”.

(El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://chiapas.quadratin.com.mx/principal/aumenta-numero-ninos-detenidos-estacion-migratoria-chiapas/)

·         Han pasado seis años desde que fueron desplazados y hasta el momento no se ha dado una resolución

 Desplazados de Banavil, municipio de Tenejapa, demandaron justicia y garantías para regresar a su comunidad, al cumplirse este 21 de febrero  dos años de haber sido sepultada en dicha comunidad la menor Antonia López Méndez, hija de María Méndez López y Lorenzo López Girón quienes fueron desplazados de aquella comunidad desde el 4 de diciembre del año 2011.

“Exigimos al Estado Mexicano, como hemos hecho desde hace cinco años y dos meses, que hagan una búsqueda hasta encontrar a nuestro padre Alonso López Luna, se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado que venimos sufriendo y que haya justicia de todos los responsables”.

 “Demandamos generar condiciones para el retorno inmediato y definitivo de nuestras familias en Banavil, actualmente somos 21 personas, pedimos que nos garanticen seguridad en el momento del retorno y después del retorno, asimismo que nos garantice el estado mexicano que esto no se va a repetir,  pedimos la cancelación de las órdenes de aprehensión contra Antonio y Pedro López Girón , reparación de daño por el tiempo que hemos estado en desplazamiento y todos los bienes que hemos perdido en Banavil, la presentación de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, entre otras hermanas y hermanos que están luchando por la justicia y verdad por la desaparición forzada y justicia para Acteal”, dijeron además.

Tras dar lectura a un comunicado de prensa, Lorenzo y Miguel de apellidos López Girón, recordaron que Antonia fue sepultada en su tierra natal el pasado 21 de febrero del 2015, tenía 11 años y falleció en el hospital de Las Culturas, “sin recibir atención médica adecuada y fue víctima del desplazamiento forzado con su familia”.

Citaron que el retorno provisional y momentáneo de este martes fue acompañado de observadores del centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y solamente para recordar dos años del fallecimiento de la infante, ya que aún no pueden regresar por la falta de garantías.

Debido a que hasta el momento se registran cerca de 20 mil hectáreas invadidas en todo Chiapas y la autoridad no ha ejecutado cerca de 16 órdenes de aprehensión contra líderes de ese tipo de acciones fuera del marco de la ley, al menos 30 organizaciones se reunieron ayer para “afinar” detalles y “endurecer” sus acciones de protesta.

Tras de un encuentro entre empresarios, ganaderos, productores, entre otros, Ernesto León, presidente de la Asociación Estatal de Pequeños Propietarios lamentó que el gobierno del estado hasta el momento “no quiera meter las manos” en un tema que se recrudeció desde hace como tres años.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Ocozocoautla, Berriozábal, San Fernando, Jiquipilas, entre otros, son algunos de los municipios donde ha incrementado este delito en los últimos tiempos, estimó.

Por ello, agregó, buscarán la forma de que la autoridad les restituya no sólo los ranchos sino los predios invadidos, porque los jueces ya otorgaron las órdenes de aprehensión, y hay otros organismos como (Comisión Estatal de) Derechos Humanos, porque parece ser que hay una dilación en la aplicación de la justicia y no quieren entrarle a nuestra petición”.

Aseveró que la situación es tan grave en estos momentos que quienes son “paracaidistas” incurren en acciones violentas para apoderarse de las tierras, “han lastimado a las familias, y ahora es más preocupante porque estas prácticas se dan con frecuencia en zonas conurbadas”.

El problema, dijo, es que los invasores invaden los predios y después los revenden en forma de lotes, “en fin, y ahí es donde se hacen de mucho dinero, pero las autoridades al parecer están implicadas… y más nos preocupa porque ya se acercan las elecciones”.

De hecho, criticó, “no es posible ver a algunos actores políticos tomarse la foto en predios invadidos, para celebrar fiestas anuales, y aunque ellos le llaman recuperación de tierras, eso es invasión, y  tienen dueños, y acá ya vemos que las campañas electorales se comienzan adelantar, y eso complicará todo, porque hay acuerdos”.