“No más abusos escudados en los usos y costumbres”: Rosalinda López

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- La diputada Rosalinda López Sánchez, afirmó que la aprobación de la ley que sanciona la cohabitación forzada representa un acto de justicia para las mujeres indígenas que durante siglos han sufrido exclusión, violencia y han sido obligadas desde niñas a cohabitar con sus agresores, así como a contraer matrimonio y procrear hijos desde los 12 años de edad.

La legisladora señaló que la aprobación de esta reforma por parte del Congreso del Estado y su aplicación por la Fiscalía General del Estado sientan un precedente histórico en la entidad, al combatir una práctica en la que menores de edad eran obligadas a vivir con personas adultas con el consentimiento de sus propios padres.

López Sánchez, destacó que la detención de Andrés “N”, en el municipio de San Andrés Larráinzar, marca un antes y un después en la lucha por la igualdad y el respeto a la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, sostuvo que este caso abre la posibilidad de que madres o padres de familia que lucren con estas prácticas, bajo el argumento de usos y costumbres, también sean llevados ante la justicia.

La diputada reiteró que en algunas comunidades indígenas aún persisten la venta o el intercambio de menores de edad, por lo que confió en que la iniciativa que impulsó desde el Congreso contribuya a erradicar por completo estas conductas.

“Desde que llegué como diputada al Congreso de Chiapas tuve una sola visión: trabajar y legislar a favor de las niñas y los niños, así como proponer mejores leyes para proteger a las mujeres indígenas que diariamente son violentadas en las comunidades más apartadas del estado. Hoy, con el castigo al delito de cohabitación forzada, mandamos un fuerte mensaje a los violentadores: no más abusos escudados en los usos y costumbres”, expresó.

Finalmente, agradeció el respaldo de las y los legisladores que apoyaron la iniciativa, así como a la Fiscalía General del Estado, encabezada por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, por aplicar la ley. Asimismo, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la protección de los sectores más vulnerables de la entidad.

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El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la 69ª Legislatura, Ismael Brito Mazariegos, presentó su renuncia al Congreso del Estado, en un gesto que podría interpretarse como una señal de alejamiento de las dinámicas políticas tradicionales que han marcado la historia reciente de Chiapas.

Brito Mazariegos, quien durante su gestión ha sido parte de un sistema político profundamente marcado por la corrupción y los intereses de las élites económicas, decidió dar un paso atrás en su carrera política tras una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez, en la que destacó la "empatía y sensibilidad" del mandatario ante sus problemas de salud.

"Fue un honor escuchar sus enriquecedoras experiencias de vida y conocer su firme compromiso con el bienestar de Chiapas", escribió el legislador en sus redes sociales, una frase que puede verse como un intento de justificar su salida a través de una narrativa que busca apelar a la buena voluntad del poder institucional.

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Sin embargo, su mensaje de agradecimiento no se limita a Ramírez, sino que también menciona a otros actores políticos como el presidente del Congreso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén Guillén, con quienes, según él, compartió "una amena y enriquecedora charla".

Este tipo de declaraciones, por más que intenten dar una imagen de cordialidad política, no logran ocultar las profundas contradicciones que existen entre los discursos de "compromiso con el pueblo" y las decisiones tomadas dentro de un Congreso que, como muchos otros, sigue estando alejado de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. La renuncia de Brito Mazariegos es un recordatorio más de cómo los políticos, una vez que no pueden o no quieren seguir alimentando el sistema que los apoya, optan por retirarse de manera diplomática, dejando intactas las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad.