CAEN DOS FICHITAS DE CINTALAPA; SE SENTÍAN INTOCABLES
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¡Invierte con Mercado Pago y haz crecer tu dinero al máximo!La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado, aseguraron armas largas, cartuchos y municiones en el municipio de Amatenango de la Frontera.
En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en caminos de extravío del poblado El Escobillal del municipio de Amatenango de la Frontera, policías estatales y federales encontraron costales y mochilas abandonadas.
Los bultos encontrados al interior de una cueva contenían 3 armas largas de las conocidas como cuerno de chivo AK47, 8 cargadores y 265 cartuchos útiles, mismos que fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Con estas acciones la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional en el estado de Chiapas para combatir todas las actividades que pongan en riesgo la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, continuando así con el proceso de pacificación, garantizando un estado seguro.
Tuxtla .- El Comité Digna Ochoa denuncia que el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado de Chiapas han evadido su responsabilidad en el atropello de Julio César Flores Pérez, ocurrido el 5 de diciembre de 2024 en San Cristóbal de Las Casas, donde un vehículo militar perteneciente al Batallón 44 atropelló al joven, causándole graves heridas.
A pesar de que los militares inicialmente se comprometieron a cubrir los gastos médicos a través de su aseguradora INBURSA, se han negado a asumir su responsabilidad, dejando a Julio César en una situación crítica. Tras ser trasladado de urgencia a un sanatorio privado, el joven acumula una deuda superior a medio millón de pesos.
Además, un fiscal de la Fiscalía Altos intentó intimidar a la víctima, responsabilizándolo del accidente, mientras que el Ejército y la aseguradora continúan eludiendo sus obligaciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tampoco ha actuado frente a la gravedad del caso, sin iniciar una queja formal.
El Comité Digna Ochoa exige una investigación imparcial, que se proteja a la víctima y su familia, y que la SEDENA cubra los gastos médicos y la reparación integral del daño. Este caso refleja una grave irregularidad en el tratamiento de víctimas por parte de las autoridades y exige una pronta respuesta.
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