Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de septiembre de 2025. — La violencia feminicida volvió a sacudir la capital chiapaneca este fin de semana. La noche del sábado fue localizado el cuerpo de una mujer en estado de descomposición dentro de una vivienda en el fraccionamiento Real del Bosque, al poniente sur de la ciudad.

De acuerdo con la colectiva 50+1 y la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, la víctima —aún no identificada— presentaba huellas de estrangulamiento. Vecinos reportaron olores fétidos que provenían del inmueble, lo que hace presumir que la mujer llevaba varios días sin vida. Versiones extraoficiales refieren además que el cuerpo presentaba lesiones por arma blanca.

Este hallazgo se registró el mismo día en que fue encontrado el cuerpo desmembrado de Thalía del Rocío “N” en contenedores de basura de la colonia Terán, lo que incrementa la alarma social por la violencia de género en Tuxtla Gutiérrez.

Organizaciones feministas denunciaron que la ciudad enfrenta una emergencia de violencia contra las mujeres que las autoridades municipales y estatales no han atendido con la urgencia requerida. “Exigimos acciones inmediatas y contundentes para frenar esta ola de feminicidios”, expresaron en un comunicado.

Con este caso, Chiapas acumula al menos 26 feminicidios en lo que va de 2025, de acuerdo con el conteo de organizaciones civiles.

Con información de Tiempo y Forma Chiapas

-  Aprehenden al presunto responsable de este hecho ocurrido en marzo de este año

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron mandamiento judicial en contra de Martín “N”, como presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Mapastepec, en marzo de 2025.

El presunto agresor fue aprehendido a través de un cateo realizado a un inmueble ubicado en el ejido Consuelo Ulapa, en el municipio de Acapetahua, y fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Acapetahua, quien definirá su situación legal.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, refirió que estas acciones son parte del combate a la incidencia delictiva, principalmente al delito de feminicidio, emprendido con total compromiso y con la política pública del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de Cero Impunidad a la violencia feminicida.

La Fiscalía General del Estado pedirá la pena máxima que es de 100 años y refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados y garantizando que ningún feminicidio quede impune.

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Chiapas / Cancún – La reciente liberación de Carlos Alberto, señalado como presunto responsable del feminicidio de Ana Gómez, ha causado profunda indignación en Chiapas y en distintos sectores del país. El juez Carlos Lima determinó su liberación al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación, pese a que el imputado habría confesado el crimen en etapas anteriores del proceso.

Ana Gómez, una joven chiapaneca que trabajaba en el hotel Hard Rock de Cancún, fue hallada sin vida hace varios años en el interior de una habitación del mismo establecimiento. La causa de su muerte estuvo relacionada con violencia sexual y física, lo que llevó a catalogar el caso como feminicidio, un delito que en México puede alcanzar penas de hasta 50 años de prisión.

Carlos Alberto fue detenido y permaneció en prisión durante cuatro años. Sin embargo, la reciente resolución judicial lo dejó en libertad, generando reclamos por parte de familiares de la víctima, colectivos feministas y defensores de derechos humanos, quienes acusan impunidad y fallas en el sistema de justicia.

“Si él no es el responsable, entonces ¿quién mató a Ana? ¿Dónde está el verdadero culpable?”, cuestionaron activistas en redes sociales, señalando que el caso continúa sin resolverse.

La liberación también reaviva las críticas al Poder Judicial por decisiones que, según los denunciantes, revictimizan a las mujeres asesinadas y a sus familias, al tiempo que debilitan la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Hasta el momento, la familia de Ana Gómez no ha recibido información clara sobre la continuidad de la investigación o si se buscará a otros posibles responsables del feminicidio.