Integrantes de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos celebraron la libertad de Sergio Alberto González Castro, quien fue recluido casi 3 años en el penal de Villaflores y torturado por la policía municipal de la Concordia durante su detención, luego fue sentenciado a 6 años de prisión acusado presuntamente por el delito de Abigeato, según datos difundidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

“Reconocemos la digna lucha de él y su familia por la justicia, agradecemos la amplia solidaridad nacional e internacional que hizo posible su libertad, les invitamos a compartir la palabra con Sergio Alberto González Castro y seguir caminando la justicia”, indicaron en un comunicado.

Dieron a conocer que Guillermo González Rodríguez, Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores, dictaminó el pasado 04 de octubre de 2018, sentencia de libertad a Sergio Alberto González Castro por: “No haberse considerado penalmente responsable por el delito de abigeato agravado”.

Mencionaron que Sergio Alberto es sobreviviente de tortura por la Policía Municipal de la Concordia, "durante su detención fue privado arbitrariamente de su libertad por los Policías Municipales de aquel municipio, luego de la tortura fue ingresado al penal de Villaflores".

Informaron que desde el 5 de noviembre de 2015, Sergio Alberto González Castro se encontraba en prisión en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados número 8 de Villaflores, pero que este pasado 4 de octubre fue puesto en Libertad.

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se sumaron a la exigencia de justicia para Mario Gómez y seguridad para los periodistas en Chiapas.

“El asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, en Yajalón, visibiliza la vulnerabilidad en la que laboran las y los periodistas en Chiapas, al informar la actual situación de violación de derechos humanos en la entidad, comunicadoras y comunicadores enfrentan amenazas, agresiones, hostigamientos, ataques digitales, y diversas estrategias para intentar silenciarles, escalan los riesgos a la vida, la integridad y seguridad de periodistas y sus familias”, aseveró el Frayba 

Agregó que Mario Gómez fue asesinado al salir de su domicilio la tarde del 21 de septiembre de 2018, en el barrio de San Martín, municipio de Yajalón, en donde dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon.

“El Frayba ha documentado un escalamiento de violencia en la zona norte de Chiapas, que amenazan a comunidades de Pueblos Originarios, defensores de derechos humanos, periodistas y población en general, de acuerdo a testimonio del Congreso Nacional Indígena: Yajalón es un pueblo de terror en donde uno no puede salir con libertad, en cualquier momento puede ser víctima de asalto, violaciones robos, secuestros, asesinatos en pleno centro de la cabecera municipal, en las comunidades donde tenemos compañeros delegados y coordinadores del CNI, existen detonaciones de armas, aun con la presencia del ejército mexicano”, denunció

Refirió que el sábado 22 de septiembre, periodistas de Chiapas se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Comitán para exigir justicia por el asesinato del periodista Mario Leonel Gómez, para exigir medidas cautelares necesarias para salvaguardar la vida y el patrimonio de la familia de Mario Gómez.

Ante esta situación el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, se sumó a las peticiones de Artículo 19, condenando el asesinato de Mario Leonel Gómez Sánchez y exigiendo respeto al derecho de libertad de expresión y garantías de seguridad para los periodistas chiapanecos.

Finalmente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se pronuncien y realicen acciones en apoyo a la reivindicación de justicia para Mario Gómez.

·         Roberto Carlos Ruiz, señaló que fue detenido e inculpado por un crimen que no cometió, por lo que exige su libertad; FRABYA da seguimiento al caso

 En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dio lectura a un comunicado enviado por Roberto Carlos Ruiz Hernández, quien señaló ser originario de Tegucigalpa, Honduras y sufrir la violación de sus derechos al encontrarse recluido en el CERSS 13 de Tonalá.

 “Como migrantes estamos encarcelados injustamente. Quien inventó las acusaciones fue el fiscal correspondiente de la cuidad de Arriaga, Chiapas”.

 “Quiero manifestar por escrito y en público, que mis derechos están siendo violados por las autoridades de este país, al igual que otros compañeros migrantes de Nicaragua, Honduras, Guatemala quienes nos encontramos en esta prisión por un delito que no cometimos”.

Integrantes del Frayba señalaron que fue el Juez del Ramo Penal de Tonalá, quien sentenció a Roberto Ruiz  sin prueba alguna, “porque pasaron dos largos años de proceso solicitando los careos procesales de las supuestas personas que me acusaban y nunca se presentaron a dar su declaración”.

 “Quiero manifestar, que nunca existieron esas personas sino que mis acusadores son fantasmas, ya que el fiscal de Arriaga con tal de encarcelarme, como migrante me culpó de un delito que nunca cometí”, abundó.

Reseñaron que el 22 de mayo cuando fue detenido, lo golpearon, torturaron y los policías que lo detuvieron le argumentaron que lo matarían, a pesar de defenderse y decirles que no había hecho nada, “solo voy de paso a los Estados Unidos al igual que los otros migrantes sentenciados aquí”.

Dejó ver que son uno 60 migrantes encarcelados, a quienes los tratan de manera brutal,  “como si fuéramos animales aunque en la Constitución Política de este país, dice en su artículo 22 que “nadie puede ser maltratado, ni torturado, ni intimidado, ni incomunicado, y todo aquel que viole ese derecho será sancionado por un Juez Penal”.

 “El 12 de agosto de 2015 por varios días estuve en huelga de hambre, exigiendo mi libertad, por eso me bajaron la sentencia a cinco años y tres días. Ya he cumplido con más del 60 por ciento de la sentencia por el delito que no cometí, mi caso está en revisión en la Mesa de Reconciliación desde el 2015 pero no me dan información sobre qué falta para que me dejen libre, soy inocente. Por esta razón exijo mi libertad”, concluyó.