El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba),

urgió a las autoridades competentes brindar y garantizar el acceso a una atención médica oportuna, adecuada, integral y urgente a la niña María Luciana N., quien se encuentra en el hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, desarmar y desarticular a los grupos civiles armados, así como la investigación y sanción a los responsables materiales e intelectuales de la violencia en la región.

A través de un comunicado señaló que  la comisión permanente de los 115 comuneros de Aldama les comunicó así comoa otras organizaciones de defensores de derechos humanos, que la niña María Luciana N., de 13 años de edad, recibió dos impactos de bala: uno por el ojo y el otro en el hombro, mientras ella trabajaba su telar de cintura, en su casa, en la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, el hecho ocurrió a las 13:20 horas, del día 17 de julio de 2020, durante un ataque armado procedente de Nech’en Santa Martha, en Chenalhó.

El organismo, denunció que todos los días por las madrugadas, desde las 00:10 horas, se intensifican los ataques por parte de grupos civiles armados de Chenalhó, los balazos van dirigidos a comunidades de Tabak, San Pedro Cotsilnam y Koko’, "en Aldama, se ha documentado en los últimos tres días que hubo al menos 28 agresiones armadas, de un total de 71 durante el mes de julio de 2020 y 307 en registro desde el mes de marzo de 2018 a la fecha".

Destacaron que las comunidades de Aldama en riesgo son: Xuxch’en, Koko’, Tabak, San Pedro Cotsilnam, Yetón, Ch’ivit, Tselejpotobtik, Juxtón, Ek´el, Nech’en y cabecera municipal de Aldama, por ataques armados procedentes de las comunidades de, Oxch’onm, Slumka, Tok’oy, Tojtik, telesecundaria, Curva Tontik, Alcantarilla, T’elemax, Vivero Colado, Chino, El Rancho, T’ul Vits, Vale’tik, Ontik, Xchuch te, templo, Sector Santa Martha y Chalontik Tijera Caridad, del municipio de Chenalhó.

Finalmente responsabilizaron al gobierno mexicano de cualquier acto de violencia que se puedan registrar en la zona, ya que hasta la fecha no existe presencia policiaca y militar en los limítrofes de Aldama y Chenalhó, “hay omisión y permisibilidad en la actuación con impunidad de los grupos civiles armados de Chenalhó”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC (FISANIM-Fideo), manifestaron su preocupación por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las personas en situación de desplazamiento interno forzoso de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, en el estado de Chiapas.

“Ambas organizaciones nos unimos a la exigencia de justicia y de alto a la violencia que han denunciado diferentes organizaciones, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, y el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite, vemos con temor que la constante escalada de violencia parece no tener fin y en los últimos meses los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario, anteriormente disparaban desde barricadas lejanas, ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos, durante el mes de junio y lo que va julio la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama reportó 74  agresiones armadas a San Pedro Cotsilnam, Yetón, Tabak, KoKo’, Xuxch’en, Tselepotobtic, Chivit y la cabecera municipal de Aldama”, denunciaron.

Expresaron a través de un escrito que actualmente son 2 mil 036 personas víctimas de desplazamiento en el municipio de Aldama, por lo que  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 71 /2019, por su parte el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite ha denunciado 8 agresiones en Kanalumtik, en los puntos conocidos como Tsamtechen, Tseleltik, la comunidad de Pom en el tramo Chacojton, y Cruz Cacanam de Chalchihuitán, así como en Las Limas comunidad límite de Chenalhó.

“En Chalchihuitán son 1,237 personas víctimas de desplazamiento, por este hecho la CNDH emitió recomendación 87/2018 y así también tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida Cautelar número 882-17), mientras en Chenalhó existe preocupación por las amenazas e intimidación que viven constantemente 31 personas desplazadas de la comunidad Los Chorros, que constantemente han sido hostigados por personas de la comunidad”, denunciaron.

Agregaron que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas, no ha cumplido con su cometido, la situación de emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso, como es también de su conocimiento, es cada vez más grave, “como organizaciones de derechos humanos vemos la necesidad de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, realice un trabajo urgente para atender a las víctimas de desplazamiento en el estado".

“¿Por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes han sido identificados como los agresores de las comunidades desplazadas y a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos, ¿quién protege a los paramilitares que aterrorizan la región, ¿quién los arma?”, mencionaron.

Destacaron que esta situación de vulnerabilidad pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio de COVID-19, debido a la marginación y exclusión extrema, por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, por carencia de servicios de salud y sanitarios, por inaccesibilidad al agua, principalmente las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres se encuentran entre la población de alto riesgo ante esta pandemia.

“Como organizaciones de derechos humanos exigimos un alto a la violencia paramilitar en la región se reconozcan y atienda de manera urgente y prioritaria la emergencia alimentaria que padecen las personas en desplazamiento de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, así como la situación crítica de San Antonio Patbaxil, Carmen San José del municipio de Chilón, entre otros grupos desplazados que viven en las montañas”, concluyeron.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) entre otras organizaciones, llevan a cabo el conversatorio denominado; “Organización y Autonomía Frente a la Guerra”, esto como parte de las actividades de la jornada de lucha y acción global contra la militarización en territorio zapatista y en defensa de la tierra, territorio y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG.

La finalidad del encuentro fue para manifestarse en contra de la militarización de los pueblos zapatistas, las incursiones militares, las situaciones de sobrevuelos y hostigamientos a territorios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como el crecimiento de los paramilitares en el municipio de San Pedro Chenalhó, que ha cobrado decenas de vidas.

Entre los asistentes estuvieron los activistas Rita Salgado, Raúl Zibechi, Estela Barco y Pedro Faro Navarro, escucharon las inquietudes y demandas de los asistentes que han sufrido persecución, hostigamientos en las comunidades por los militares o paramilitares vestidos de civil.

En entrevista el director del Frayba Pedro Faro Navarro, dijo los temas principales fueron la política de militarización en los territorios y despojos de los pueblos y los hostigamientos en Chiapas.

“Derivado de la situación donde ha habido una serie de hostigamientos, espionaje por parte del ejército mexicano en la zona de la Realidad de Las Margaritas y de la situación  desbocada de violencia generalizada que se vive en los Altos, con los grupos paramilitares, estos grupos armados que mantienen asolado a Aldama, y que viene directamente de una generación y suma de impunidades provenientes del conflicto armado interno de 1994, donde la memoria más cercana que tenemos es la masacre de Acteal”, destacó.

Agregó que las armas permanecen en la zona de Chenalhó y que no se han castigado de manera efectiva a los paramilitares que actuaron en contra de la situación de desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad en la región.

“Hoy vemos una actualización de esos grupos que salen desde Chenalhó, nosotros ubicamos esa reconfiguración a partir de que Rosa Pérez Pérez expresidente municipal, entra con sangre y fuego a posesionarse de manera agresiva y asesinando a personas en el municipio, ahora con el nuevo presidente municipal que tiene referencias históricas de paramilitarismo derivado de su papá, que está vinculado con la masacre de Acteal, porque bendijo las armas el señor Agustín de la Cruz y ahora él presidente sigue continuando esta acción de  paramilitar en la región”, denunció.

Finalmente externó que estos señalamientos él Frayba lo sustenta porque han documentado pruebas en la región, como de manera impune personas de Santa Martha municipio de Chenalhó actúan con armas de alto poder, mantienen asolada y en terror a toda la población de Aldama y a pobladores de San Pablo Chalchihuitán.