La Colectiva Cereza y mujeres de diferentes organizaciones, se manifestaron a las afueras de la Fiscalía de Justicia Altos, en San Cristóbal de Las Casas, la tarde de este viernes, para denunciar  la criminalización hacia las mujeres de pueblos originarios, a quienes no se les garantiza el derecho a una vida libre de violencia

Es el caso de Juanita una indígena tzeltal que está procesada bajo la causa 33/2022 del juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas, acusada del delito de homicidio calificado.

Indicaron que será el martes 09 de mayo del 2023 que se dictará el fallo, sin embargo, las defensoras de los derechos de las mujeres en situación de cárcel temen que el juez sea influenciado para dictar una condena no favorable.

Las inconformes  se manifestaron a las 2:00 de la tarde, con consignas como: “libertad para Juanita”, “ministerios públicos constructores de delitos”, “yo también me defendería”, “ante una violación derecho a la defensa legítima”.

Mientras que en las pancartas se leían leyendas: "basta ya de violaciones sexuales, feminicidio, ocultos por la Fiscalía General del Estado”, “ Fiscalía cómplice de la violencia”, “Juanita defendió su vida”, “precaución aquí violan los derechos de las mujeres”.

Cabe recordar  que Juanita es una mujer qué emigró del municipio de San Juan Cancuc hacia San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de mejorar su condición de vida, sin embargo, a un año de su llegada a esta ciudad  fue según sus defensoras hostigada por días, amenazada y violada por Juan, quien el 14 de marzo del 2022 apareció degollado en la habitación donde ella fue detenida.

Según el reporte Juanita se encontraba visiblemente lesionada y en un estado alterado de conciencia; durante la audiencia del juicio oral el ministerio público fue incapaz de desahogar pruebas que demostraran cómo sucedieron los hechos.

Finalmente las defensoras de los derechos humanos de la mujer, visibilizaron la violencia estructural en la impartición de justicia, afirmando que, existe una discriminación y violencia extrema en contra de las mujeres de pueblos originarios en San Cristóbal de Las Casas.

Familiares y amigos de los militares que habrían asesinado presuntamente a cinco jóvenes a finales del mes de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes actualmente están recluidos en la cárcel del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, exigen su pronta liberación, tras asegurar que son acusados injustamente.

A través de un documento  invitaron a toda la sociedad en general a que apoyen con su  presencia en la manifestación este domingo 7 de mayo a las 11:00 de la mañana, en la 7a Región Militar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en la Plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas.

Indicaron que los objetivos principales de las manifestaciones son: Justicia para los 4 militares del caso Nuevo Laredo, protección jurídica a las Fuerzas Armadas, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respete los derechos humanos de las fuerzas armadas y los dejen trabajar sin ningún problema.

Así también pidieron apoyo y mejores beneficios a los elementos de las fuerzas armadas tanto a los activos, retirados, procesados, fallecidos y desaparecidos forzados (estos últimos para sus familiares) y justicia para los elementos de las fuerzas armadas procesados, fallecidos y desaparecidos forzados (inicio de investigación, dar con el paradero de ellos o los agresores, etc.).

Un chofer  de una pequeña empresa comercial, fue asesinado a balazos y el copiloto resultó herido, sobre la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas- Chiapa de Corzo, en el kilómetro 40, justo por el puente que comunica a la comunidad de Zacualpa.

De manera extra oficial se sabe que fue un robo, los tripulantes venían de Villahermosa en una camioneta que transportaba zapatos y ropa para vender en esta ciudad y municipios aledaños al mayoreo y menudeo.

Autoridades del estado no han informado al respecto de lo ocurrido como tampoco han envido alguna recomendación a los que transitan esta vía que es ya peligrosa circular por los frecuentes asaltos y accidentes viales.

Al llamado de auxilio a través del 911 de inmediato se movilizaron las corporaciones policiacas que tras confirmar el crimen, aseguraron el área.

En el lugar de los hechos peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias de ley; el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).