Un grupo aproximado de cincuenta viejos priísta pidieron que  se lance la convocatoria para el cambio de la dirigencia estatal del PRI, y la renovación del mismo partido.

         En cónclave en conocido hotel de la ciudad de Tuxtla, por Juan Carlos Bonifaz y Roberto Dominguez Cortés, acordaron exigir a su partido nacional que es necesario que en el estado se lleve una reestructuración ya que el partido está en situaciones graves.

Los comités municipales en el estado están desarticulados, así como los seccionales que son muy fundamentales para ganar una elección, subrayaron.

Y lo lamentable es que el PRI en Chiapas recibe 250 millones de pesos de prerrogativas que no se conocen su destino, no saben que uso les da el Senador Roberto Albores Gleason y sus familiares incrustados en áreas estratégicas del manejo de las finanzas.

Ante estas irregularidades no hay quien pueda seguir en el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chiapas, por lo que nos estamos reorganizando para recorrer todos los comités municipales en el estado de Chiapas y formar comités para que cada uno de ellos dentro del ámbito de su región tengan la posibilidad de convocar a más priístas y con ellos el movimiento vaya creciendo.

 La idea no es ser opositor de opositor dentro del partido, lo que queremos es que se respeten los estatutos de nuestro partido, porque no es posible que los actores políticos que son los primeros en observar primero la constitución y luego los estatutos de sus propios partidos ellos mismos sean los que están violando la constitución y los mismos estatutos del partido, subrayaron.

Señalaron que Roberto Albores tomó posesión del partido y prácticamente lo entregó a el ex-gobernador Juan Sabines, y desde ese entonces se viene perdiendo la militancia priísta, por lo que pedimos que se renueve la dirigencia estatal y que se transparenten las prerrogativas. 

El enmarañado que sostiene la impunidad de Juan Sabines Guerrero ha quedado 
nuevamente de manifiesto tras la multa aplicada por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra los diputados federales integrantes de la Subcomisión de Examen Previo quienes, sin explicación, han decidido no dar trámite al juicio político promovido en contra del ex gobernador chiapaneco desde 2013.

El sospechoso comportamiento de los diputados federales ha dejado entrever la red de complicidades que permiten la inmunidad ante la justicia mexicana para ex mandatarios como Sabines Guerrero.

Esta vez se trata del juicio promovido por el controversial abogado Horacio Culebro Borrayas, que más de una ocasión ha protagonizado enfrentamientos contra integrantes de las últimas dos administraciones estatales en Chiapas.

El juicio que ahora ha comenzado a llamar la atención de los medios nacionales tiene que ver con una resolución inédita del Poder Judicial contra la comisión legislativa encargada de dar trámite a los juicios políticos promovidos ante el Congreso de la Unión. Es un proceso jurídico que podría desencadenar responsabilidades penales y el desafuero de los diputados involucrados en el presunto desacato.

Fue desde noviembre de 2013 cuando Culebro Borrayas interpuso la solicitud de juicio político en contra de Sabines Guerrero ante la Cámara de Diputados, obteniendo la negativa por parte del legislativo debido a que –según los diputados- Horacio Culebro “No tenía las facultades para promover dicho recursos jurídico y no habían pruebas para su efecto”.

Los anterior dio paso a que el año siguiente se interpusiera el amparo de garantías 34/2014 que finalmente fue concedido a Culebro Borrayas, ordenando a la Subcomisión de Examen Previo dar trámite al juicio de amparo solicitado por cumplir con todas condiciones para proceder. Sin embargo, hasta la fecha el procedimiento ha permanecido congelado.

Desde el 2 de abril de 2014la Cámara de Diputados se ha hecho acreedora a al menos 10 requerimientos y más de 15 apercibimientos en el marco del cumplimiento de la resolución del expediente 34/2014, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al abogado Horacio Culebro. Pero nada ha sido suficiente para quebrantar la voluntad de los diputados federales para abrir el juicio contra Sabines Guerrero. 

Y no se trata del único caso, según declaraciones de uno de los miembros de la misma comisión legislativa que ha denunciado la opacidad de sus compañeros, el diputado Jorge Triana, actualmente existen otras 300 solicitudes más de juicios políticos contra otros gobernantes y/o servidores públicos que se mantienen detenidos, debido a la obstaculización del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo al mismo Triana, la subcomisión de Examen Previo, integrada por 14 diputados (siete del PRI), es presidida por los priistas Mercedes del Carmen Guillen Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, quienes se han encargado de obstaculizar el trámite de las solicitudes, desechando y dejando en el archivo a gran parte de estos recursos constitucionales.

Por eso la resolución del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resulta importante. Porque más allá de la irrisoria multa de siete mil 500 pesos, expone públicamente esa complicidad en todos los niveles que mantienen en plena impunidad a personajes como Juan Sabines Guerrero. Porque abre la puerta a otras medidas jurídicas o penales contra los obstaculizadores de la justicia misma.

Hablando con honestidad, hoy resulta poco probable ver en corto plazo a Sabines tras las rejas. Sobre todo cuando las redes que lo protegen son tan extensas, pues hasta la fecha, ni los señalamientos o pruebas fehacientes de sus irregularidades han socavado el poder y los vínculos ocultos que lo mantienen en plena tranquilidad, incluso, con cargos diplomáticos que muchos más con menos lastres a cuestas quisieran tener.

 #Ese Juan Sabines es el que Pablo creó; el Pablo de ahora es la creación de Sabines.

Los proyectos, heredados por el ex-gobernador Roberto Albores Guillén, quien en menos de dos años dio un nuevo rostro a Chiapas, y principalmente a Chiapa de Corzo.

Este martes por la mañana reapareció el ex-gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, con más pena que gloria; fue más la incertidumbre y  la expectativa que generó su regresó a los reflectores, que los adeptos que ganó entre la sociedad chiapaneca.

Es cierto que durante su administración estatal Chiapas tuvo un crecimiento económico y de obra pública, pero también es cierto que parte de ellos, los del inicio de su administración, fueron proyectos heredados por el ex-gobernador Roberto Albores Guillén, quien en menos de dos años dio un nuevo rostro a Chiapas, y principalmente a Chiapa de Corzo.

Precisamente dejó avanzada la nueva carretera a San Cristóbal; dejando un Fideicomiso y dejó etiquetado millones y millones de pesos. Además, la autopista a  Las Choapas-Cosoleacaque la dejó avanzada  e inició los primeros trámites del Aeropuerto "Ángel Albino Corzo".

A pesar del asunto de  Cosoleacaque y los señalamientos  que realizó Pablo Salazar en contra del ex-gobernador Albores justo en el acto de entrega–recepción, televisado y transmitido por Canal 10 a los hogares chiapanecos,  y de la cacería que emprendió desde el primer día de su gobierno, Roberto Albores y María Gleason, su esposa, son respetados y desaparecieron del escenario político, sabedores que su tiempo terminó y que Albores hizo lo mejor que pudo cuando estuvo en el encargo.

De haber seguido la tradición priísta, y de haber impuesto al candidato del tricolor, quien sabe que tan bien nos hubiera ido con Sami David David. Simplemente, no le jugó a ser Dios.

Pablo Salazar no se puede quejar de su antecesor, no puede echarle la culpa a nadie de sus errores ni decir que encontró a Chiapas hundido en la pobreza o en la deuda, como reiteró en varios ocasiones en el mensaje que envió  este lunes al querer encontrar un culpable de la deuda de Chiapas y de lo poco que puede hacer el gobierno de Manuel Velasco Coello 

Pablo dijo que “el gobierno de Manuel Velasco Coello heredó una deuda por la que se pagan intereses de alrededor de 4 millones de pesos y que al final del sexenio serán más de 13 mil millones de pesos erogados únicamente para ese concepto; qué se podría  haber hecho con se dinero, se podrían haber construido 7 puentes Chiapas, 12 aeropuertos como el del Ángel Albino Corzo, 6 carreteras como la autopista Tuxtla – San Cristóbal, 20 hospitales como el Ciudad Salud de Tapachula”.

Si se podrían haber hecho muchas cosas en el sexenio pasado por Chiapas, si Pablo hubiera defendido con esa esperanza que dice tener la voluntad de los chiapanecos. ¿Será que el ex gobernador no se imaginó qué clase de gobernador impulsó e impuso o dejó imponer por Andrés Manuel López Obrador?  Para el caso es lo mismo-.

No le bastó ver como acabó con Tuxtla en su primer año, siendo apenas Presidente Municipal, y la deuda que también dejó en el Ayuntamiento Capitalino. Con el sistema de inteligencia que manejaba Pablo tampoco supo de los vicios y debilidades de su “cachorro”.

Es cierto, al final de su administración Pablo Salazar dejó un Estado con finanzas sanas, pero “la ganancia se volvió pérdida, seis años después, en menos de seis años llevaron al Estado a la bancarrota”, señaló en el mensaje transmitido en redes sociales, al hacer alusión al gobierno de  Juan Sabines Guerrero, quien en 2015 fue nombrado Cónsul de México en Orlando, Florida.

Ese Juan Sabines es el que Pablo creó, el Pablo de ahora es la creación de Sabines. La idea central es que ni Juan ni Pablo dejan gobernar a Manuel Velasco, no sólo por los que le apuestan a tener la bendición del ex-gobernador –de cualquiera de los dos ex-gobernadores- y el apoyo del actual mandatario. Al final, el que sirve a dos amos, con alguno queda mal.

Continúan destapándose la cloaca en torno a Duarte  y Sabines.

Lo que hemos venido denunciando sobre el mar de corrupción de la administración de Juan Sabines Guerrero, vuelve a destapar una pestilente cloaca , que inunda con ese olor fétido todo el territorio chiapaneco y en detrimento de las arcas públicas de Chiapas.

En Chiapas apenas ayer nos enteramos que la red de empresas fantasma utilizada por Javier Duarte en Veracruz también está involucrada en un posible desvío de fondos en Chiapas, durante el sexenio del cónsul de México en Orlando.

Según una investigación realizada por Raúl Olmos para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, al menos tres compañías ligadas a la red fantasma de Veracruz obtuvieron contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012 para realizar labores de outsourcing en el Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla (SITUTSA).

El gobierno de Chiapas tiene participación accionaria del 51 por ciento en ese Sistema  de Transporte conocido como “Conejobús”, el cual fue creado justamente por el gobierno de Sabines en sociedad con los transportistas, y en el que se invirtieron más de 120 millones de pesos para la compra de 90 unidades, dinero que provino de fondos públicos.

Señala la investigación que en 2010 se contrató a una red de empresas para que realizaran labores de outsourcing, y que desde su lanzamiento cedió la operación del “Conejobús” a tres empresas veracruzanas, a través de un esquema de outsourcing, en el que suministraban personal para el sistema de transporte y ofrecían servicios de asesoría contable y administración.

“Estas empresas de outsourcing son: RAVSAN Servicios Múltiples, que cobró en Chiapas más de 68 millones 600 mil pesos; Comercializadora Pagoli, que recibió 27 millones 850 mil y Corporativo Lizgar, con 22 millones 736 mil pesos. También fue contratada LG Asesores Corporativos SC, uno de cuyos colaboradores fue quien gestionó el registro legal de la marca Conejobús. Los contratos tenían vigencia hasta 2013, pero una serie de irregularidades detectadas aquel año en una auditoría, forzaron a su terminación anticipada. Las empresas veracruzanas contratadas por el anterior gobierno de Juan Sabines en Chiapas, forman parte de una compleja red fantasma que comparte socios y domicilios”, cita textual de la agencia de noticias Apro.

Entre líneas…

Para quienes ya están apuntando en las boletas electorales a Pablo Salazar Mendiguchía como próximo candidato en el 2018, déjenme les comentó que no puede ser gobernador de Chiapas nuevamente por la siguiente razón.

El artículo 38, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Chiapas, dice que para ser Gobernador, se requiere no haber ocupado anteriormente el cargo de Gobernador Constitucional por elección popular.

P.D. El mensaje del ex-gobernador cerró con un llamado a una rebelión ciudadana pacífica, porque en el “2018 no habrá dinero que alcance para comprar conciencias”. La pregunta ahora es, si él no puede ser candidato a gobernador, ¿estará impulsando a un diputado federal que se ha convertido en el Robin Hood chiapaneco?